Brasil vs. Venezuela: la diferencia está en la democracia

Brasil y Venezuela representan con elocuencia la enorme distancia entre una democracia que funciona y otra que ha sido anulada bajo la brutalidad de un poder autoritario que somete a las instituciones. En Brasil, un sistema de instituciones políticas equilibrado está cursando la más dramática de sus instancias: la destitución de un jefe de Estado. Es la segunda vez desde el retorno de la democracia, luego de la destitución del conservador Fernando Collor de Mello en 1992; ahora es el turno de la progresista Dilma Rousseff. Su destino parece sellado y sería cuestión de días que deje definitivamente el cargo. En constraste, en Venezuela una oposición acosada por patotas armadas (los "colectivos"), servicios de inteligencia, militares y medios de comunicación realmente hegemónicos, lucha con gran entereza desde el Legislativo contra un poder que ya es abiertamente definido como dictatorial (el secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló del "lamentable fin de la democracia" en Venezuela", sin recibir objeciones serias). Almagro es una figura insospechable de tendencias derechistas. La oposición, con un tibio apoyo regional recién ahora, lucha por sacar adelante el referendo revocatorio, mecanismo previsto en la Constitución diseñada por Hugo Chávez. La impopularidad de Nicolás Maduro es tan grande que el régimen, cada día más militarizado, no puede permitirse de ninguna manera la prueba de las urnas.

Mientras, en Brasil el PT denuncia un improbable "golpe" y la "ruptura de la Constitución" (Lula), lo cierto es que el procedimiento dictado por la Constitución brasileña para cumplir con el "impeachment" se cumple escrupulosamente. Parece que el juicio político, que contra un conservador como Collor fue aclamado como un avance democrático, contra una presidenta de izquierda se vuelve inexplicablemente un ejercicio de ilegalidad golpista. Una diferenciación que no resiste el menor análisis. Que entre los acusadores de Dilma ante la Cámara de Diputados esté el jurista Helio Bicudo, uno de los fundadores del PT, ha tenido un efecto moral y político decisivo. Dilma insiste: "no cometí ningún crimen, nunca recibí dinero de la corrupción", alegó en estos días de agonía. Como si robar fondos públicos fuese el único delito reprobable que puede cometer un presidente. La Constitución, tan invocada por el PT, no dice eso: los "delitos de responsabilidad" que cita como causa de remoción van mucho más allá. Por supuesto, por detrás de lo formal-procedimental, es el clima político y social el que hace viable el "impeachment".