Un centro de la memoria en La Serena, Chile.
La dictadura de Augusto Pinochet dejó en Chile 3.200 asesinados y 1.162 desaparecidos, incluidos niños, tras un golpe militar que ha recibido la condena internacional y de muchos en el país. Sin embargo, a punto de cumplirse 50 años del inicio de la dictadura, hay quienes la respaldan, destaca una nota de la agencia Associated Press. “Afortunadamente Augusto Pinochet hizo el golpe”, “mejoró la vida”, decían ayer durante una manifestación a favor del dictador en Santiago.
¿Cómo llega a haber en el Chile actual una percepción de añoranza o indulgencia en un tercio de la población ante un período de miedo y represión que dejó a miles de familias con heridas aún abiertas?, se pregunta AP. Sergio Gómez Martínez, contador jubilado de 72 años, dice que “afortunadamente” Pinochet dio el golpe contra el gobierno del presidente socialista Salvador Allende (1970-1973), pero además defiende que “mejoró la vida económica del país, había orden, trabajo” y los campos e industrias empezaron a producir.
Su percepción la comparte el 36% de los chilenos, que opina que los militares “tenían razón” para encabezar el levantamiento, según encuestas recientes. Hace 10 años, esa cifra era la mitad: un 18 % lo justificaba. El 11 de septiembre de 1973, Pinochet encabezó un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende _quien se suicidó el mismo día del levantamiento_, que instauró 17 años de dictadura.
Siguen siendo mayoría los que califican a Pinochet de dictador (64%); en contraste, van en aumento quienes defienden que su régimen militar fue “en parte bueno y en parte malo”. Pese a ese giro hacia la benevolencia, las conclusiones sobre las atrocidades cometidas se han mantenido invariables respecto al informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991. La comisión concluyó que se cometieron crímenes de lesa humanidad y se violaron derechos humanos. Agentes del Estado mataron a 3.200 personas señaladas por su tendencia política de izquierda y 1.162 que fueron detenidas aún constan figuran como desaparecidas.
Ya en 1978, la ONU condenaba, mostraba su “indignación” e instaba a Chile a cesar las “violaciones de derechos humanos”, entre ellas, desapariciones “por motivos políticos” y torturas, según una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de ese año. Se exiliaron 200.000 ciudadanos y 28.000 opositores fueron torturados. Según el Ministerio de Justicia, durante la dictadura hubo 40.179 víctimas entre asesinados, desaparecidos, presos políticos y torturados, tal como establecieron dos comisiones de la verdad.
Aun así, un 39% de chilenos piensa que Pinochet (1973-1990) modernizó el país y un 20% lo ve como el mejor gobernante del siglo XX, según el sondeo “Chile bajo la sombra de Pinochet”, de mayo pasado, de la reconocida consultora Mori, que preguntó a 1.000 jóvenes, adultos y mayores. La de Mori es una de las encuestas independientes más respetadas en Chile.
“Antes no había tanta maldad como ahora. Antes no se veían tantos robos”, subraya Ana María Román Vera, 62 años, vendedora en una populosa barriada de Santiago. También cree que “mejoró” la vida en aquella época (1973-1990).
En cambio, la memoria de Efrén Cortés Tapia, un pintor de 60 años que vive en Pudahuel, también en la capital, cristalizó con otra perspectiva. “La dictadura significó represión, fractura (de la democracia), una limitación en el desarrollo cultural, educacional. Miedo y temor”, recuerda. El conoció a una mujer que quedó tan traumatizada tras ser torturada que se suicidó en el exilio, en Suecia. El capitalino es parte de esa porción de la sociedad chilena que no se concilia con lo ocurrido. Hoy, para un 42% de ciudadanos la insurrección fracturó la democracia. Pero hace una década las cifras eran muy diferentes: quienes condenaban el golpe llegaban a un 62%. Esa percepción de aceptación ha ido avanzando sin que se haya castigado a todos los responsables ni esclarecido toda la verdad.
Fue recién la semana pasada cuando el gobierno del presidente Gabriel Boric lanzó el primer programa oficial para encontrar a las más de 1.000 víctimas que siguen desaparecidas. El mandatario de izquierda ha insistido ante Estados Unidos para que haga públicos documentos que revelen el rol que jugó Washington en el golpe. A fines de agosto, la CIA desclasificó una parte de los boletines oficiales del presidente relacionados con Chile desde el 8 de septiembre de 1973 ?tres días antes del golpe? que confirman que el entonces mandatario Richard Nixon fue informado de la posibilidad de que se produjera un levantamiento militar. Se estima, además, que hay 1.300 procesos criminales activos por violaciones de derechos humanos, según cifras de junio del ministro de Justicia, Luis Cordero. Y 150 condenados están cumpliendo sentencia en Punta Peuco, un penal exclusivo para ellos.
Pinochet murió en 2006 sin condena ni enfrentar a la justicia chilena. Aunque estuvo detenido 17 meses en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón _que aplicó el principio de justicia universal para poder procesarlo_ no se lo pudo extraditar a España para que fuera juzgado y terminó volviendo a Chile.
La justicia chilena le abrió después una causa penal por encubrir 75 secuestros, homicidios y torturas que terminó cerrando temporalmente en julio de 2001. Recibió arresto domicialirio pero no llegó a ser condenado. Murió en su casa, y con su desaparición se sobreseyeron todos los procesos a su nombre, según establece la ley chilena. Su funeral se celebró sin honores de Estado.
“La transición (democrática) validó a Pinochet”, reflexiona Marta Lagos, directora de la encuestadora regional Latinobarómetro y fundadora de Mori Chile. Pinochet dejó el poder en marzo de 1990 y, de inmediato, se convirtió en comandante en jefe del Ejército hasta 1998, lo que estiró en el tiempo el miedo a enfrentar las atrocidades vividas.
Luego, apunta Lagos, Pinochet fue senador vitalicio, un cargo creado por él mismo al que renunció en 2002. “De tal manera que los chilenos se acostumbraron a vivir con Pinochet”, recalca la analista con el argumento de que esa presencia constante dejó una imagen “blanda” de la dictadura y de sus responsables. Es “el único dictador de Occidente que 50 años después de su golpe de Estado sigue siendo valorado”.
Marcelo Mella Polanco, analista político y académico de la Universidad de Santiago, atribuye el aumento de voces que justifican el golpe a una “interpretación más polarizada” que tienen los chilenos sobre la dictadura. Y concluye que es “un cierto fracaso en el proceso de construcción de la memoria histórica”. Pesan otros factores, como la situación económica del momento. Pinochet tomó el poder del país con una severa crisis socioeconómica e implantó un modelo de libre mercado.
Para la vendedora ambulante Román Vera “las cosas cambiaron, ya no había que andar haciendo filas para comprar”. Carmen Sepúlveda, una ingeniera química jubilada de 75 años, también lo recuerda así. Dos días después del golpe, “la economía, en general, brotó mágicamente”, apunta. “Me llamó la atención que apareció todo (el alimento) que no estaba”. Y eso contrastaba con el final del gobierno de Allende, en el que la oposición impulsó una virtual guerra económica, con desabastecimiento de productos básicos.
No obstante, la ingeniera química mantiene el recuerdo de las torturas. “Fue espantoso, nadie puede torturar a nadie porque piensa distinto”. Su hermano menor vivía a una cuadra de Villa Grimaldi, el mayor centro de tortura y exterminio de Pinochet, y le contaba que “en su en su casa se escuchaban los gritos”. En jóvenes que no vivieron la dictadura, como Jaime Mazzarella, un abogado de 24 años de Santiago, quedó interiorizada la condena a los abusos. “Fue una atrocidad que nunca debió ocurrir”.
Tras el estallido social de 2019 y el primer intento infructuoso de la izquierda de redactar una nueva constitución, los chilenos eligieron en mayo pasado a una mayoría conservadora para escribir el nuevo texto constitucional. El otro aspecto que pesa en la opinión de los chilenos es la necesidad de orden y seguridad. El contador jubilado que consideraba afortunado el alzamiento de Pinochet defiende que antes “había respeto” por los policías y ahora “usted no puede salir tranquilo a la calle”.
Coincide, aunque con un importante matiz, Jaime Contreras. El técnico electrónico de 65 años admite que “la seguridad mejoró, pero entre comillas porque había orden pero no había libertad”. Para su familia fue “una época penosa”, porque su padre se quedó sin trabajo. “Yo perdí la carrera universitaria, estudiaba ingeniería y no había trabajo”. Los militares implantaron un toque de queda que se prolongó hasta el 1 de enero de 1987.
Rodolfo Manfredi falleció este viernes a la madrugada. Un segundo agente fue baleado en el mismo episodio y demoraron a un sospechoso