Educación

La extrema pobreza, con rostro de niñez

La muerte de una nena en Las Flores pone en agenda el debate por los derechos vulnerados de una amplia franja de población infantil.

Sábado 16 de Marzo de 2019

El lunes pasado Carolina Visca iba a empezar a cursar cuarto grado. Tenía 10 años, junto a su familia se había mudado hacía poco al barrio Las Flores y, según trascendió, iba a arrancar las clases en la Escuela Nº 1.257 "ARA General Belgrano". Pero ese lunes hubo un banco vacío. Dos días antes, el viernes por la madrugada, su madrastra la encerró en la casilla precaria donde vivían y le prendió fuego. Los trabajos de los vecinos y bomberos fueron en vano: cuando lograron entrar encontraron sin vida a Carolina y con su cuerpo semicalcinado. Una trágica historia que pone en agenda el desamparo de niñas y niños que viven en la extrema pobreza, las respuestas del Estado y los posibles abordajes.

La crónica del día siguiente en La Capital del periodista Leo Graciarena ("Encerró a la hija de su pareja en un rancho, prendió fuego y la quemó viva") da cuenta del contexto de vulneración de derechos que atravesaba la nena, que de noche vendía tarjetitas en los bares del centro rosarino. Habla de una vida atravesada por privaciones y de un entorno familiar jaqueado por el consumo problemático de sustancias.

Pero el caso también pone en escena la situación de vulnerabilidad en que se ven inmersos amplios sectores de la sociedad, sobre todo los más chicos. Un informe de Unicef publicado el año pasado revela que casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes de la Argentina es pobre. Y que de ese número, un 20 por ciento corresponden a privaciones "severas" como vivir en una zona inundable y cerca de un basural o no haber ido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años.

María de los Angeles Menna es antropóloga, integra el área de Infancias, Adolescencias y Juventudes de la Asociación de Antropología de Rosario y es delegada de los Equipos Socioeducativos que dependen del Ministerio de Educación provincial; y explica que, ante este tipo de casos, la función de los Equipos Socioeducativos tiene que ver con acompañar desde la escuela los procesos de detección de estas situaciones. "Generalmente las instituciones educativas, por la cercanía en el territorio, logran individualizar y ver estas cuestiones. Entonces se eleva un protocolo al Equipo Socioeducativo y después nosotros, en territorio, lo que hacemos es articular con otros estamentos (de salud, desarrollo social, etcétera)", dice Menna.

En el caso de la nena de Las Flores, hacía muy poco que su familia estaba en el barrio. Por eso aclara que el proceso y la mirada atenta que permite a las escuelas detectar situaciones de vulneración de derechos "es cuando ya hace mucho tiempo que la familia vive ahí, o es un niño o niña que está referenciado en el barrio, como en un centro de salud".

"Los Equipos Socioeducativos —dice— estamos trabajando fuertemente en territorio con estrategias de prevención que nos hemos dado los propios trabajadores, trabajando con las familias y con el cuidado colectivo de las infancias, porque sino se cuela el paradigma del patronazgo donde prima la idea de que el niño es propiedad privada de los padres. Y el cuidado integral y colectivo de los derechos de los niños se pueden fortalecer cuando fortalecés lazos comunitarios que hacen que esos chicos sean hijos de toda la comunidad".

Adicciones

Menna hace foco también en la problemática del consumo problemático de sustancias, que en la tragedia ocurrida en la zona sur atravesaban el padre de la nena y su pareja, y en la ausencia de instituciones que respondan a estas demandas de atención. Y en este sentido, se pregunta: "¿Qué hacés cuando detectás esto, que nos pasa mucho en territorio, donde las responsabilidades parentales cercanas no están, o están atravesadas con este tipo de problemáticas, y no tenés instituciones que puedan trabajar esto?".

La delegada de los Equipos Socioeducativos alerta por la casi ausencia de instituciones públicas que puedan trabajar el consumo de sustancias tanto de niñas y niños como de la población adulta. "No hay organismos del Estado que estén trabajando hoy en día con esa problemática. O hay muy poco. Hay escasos recursos para afrontar la dimensión de la problemática", concluye Menna.

También afirma que el consumo problemático se relaciona con el narcotráfico. "Ahí entonces —apunta— hay cuestiones del orden de cómo se abordan estas situaciones desde otros estamentos del Estado, donde la escuela tal vez es la última y la única institución que queda".

"Estamos en la lógica donde lo cruel para ser lo que nos rodea todo el tiempo y no tenemos cuidado hacia las nuevas generaciones"

Pedagogía de la crueldad

Para la antropóloga de la UNR, el consumo convierte también a la familia de la nena en víctima de un sistema perverso. "No estoy justificando la crueldad —aclara—, sino que forma parte de lo que Rita Segato llama «pedagogía de la crueldad», donde estamos en una lógica donde lo cruel parece ser lo que nos rodea todo el tiempo y en el marco de eso no tenemos cuidado hacia las nuevas generaciones". Pero tampoco hacia quienes tienen que ser los responsables de esas nuevas generaciones, que en muchos casos son padres y madres jóvenes "que han crecido en la orfandad del Estado".

Menna relata casos donde los chicos logran salir de situaciones complejas, pero quedan internados porque cuando les dan el alta médica no tienen a dónde ir. "Todas estas son consecuencias de la falta de políticas públicas para asegurar en la práctica el cuerpo de leyes que garantizan los derechos de los niños y niñas. Ni hablar si pensás que es necesario revertir la pedagogía de la crueldad en una sociedad que educa para la crueldad. Entonces leés los comentarios de los portales de estas noticias donde piden pena de muerte para esos padres, como si ellos también no fueran hijos de esta sociedad cruel, estigmatizante y expulsiva".

Pobreza con rostro de niñez

Para la jueza de Menores Dolores Aguirre Guarrochena, la situación de pobreza estructural en la que viven amplios sectores de la población infantojuvenil habla de una deuda social de la que "todos nos tenemos que hacer cargo".

La magistrada señala que de acuerdo al último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 33 por ciento de los argentinos es pobre. Cifra que trepa al 51,7 por ciento en el caso de los menores de 17 años. "En la Argentina podemos afirmar que la pobreza tiene cara de niñez, porque afecta mucho más a los niños y niñas que a los adultos", advierte.

La jueza hace hincapié que en estos casos se trata de pobreza estructural, con condiciones que persisten durante generaciones y políticas públicas "que no apuntan a remover los obstáculos que hacen que la pobreza sea persistente durante décadas".

Apunta que incluso las niñas son, dentro del panorama terrible de la infancia, las más vulnerables, "porque los Estados provinciales desconocen sus derechos, como en el caso de la niña tucumana abusada sexualmente por un pariente y sobre la que luego dilataron la decisión para interrumpir su embarazo, cuando había causales legales para hacerlo", recuerda.

Meritocracia

Ante este panorama, la jueza de Menores de Rosario dice que queda demostrado que el discurso de la meritocracia "es falso". Es decir, aquel que sostiene que con el mero esfuerzo individual una persona puede superar su condición de pobreza. "Esa persona, por más que se esfuerce, nunca va a lograr remover aquellos factores económicos, sociales y políticos que la colocaron en ese lugar. Porque la pobreza no es un fracaso individual, sino un fracaso social", analiza.

La importancia de avanzar en esta línea de análisis es para la magistrada algo necesario para contrarrestar también los discursos de mano dura, "que buscan sacar provecho de estas poblaciones vulnerables con un discurso punitivista que electoralmente cala en gran parte de la opinión pública".

"El discurso meritocrático del esfuerzo individual para superar la condición de pobreza es falso, La pobreza no es un fracaso individual sino social"

Alerta al respecto que la criminalización con la que se intenta hacer campaña política parte de casos individuales —con ciertas características mediáticas como el morbo, el dolor y la espectacularidad— y desde allí se pasa a la generalidad. Una estrategia editorial que, entiende, apunta a conseguir en la opinión pública la sensación de que todos en cualquier momento pueden recibir un ataque de estas características. Por el contrario, insta a pensar que "mientras más ancha sea la brecha entre los que menos reciben y los que más tienen, eso más incide en los delitos contra la vida y la propiedad".

Propone entonces que, más allá de las afinidades políticas que cualquiera pueda tener, "todos tienen que poner un poco las barbas en remojo y hacer un examen autocrítico de cuáles fueron los planes concretos tendientes a disminuir la pobreza estructural en la Argentina".

Recuerda también que desde 2005 existe la ley 26.061, de protección integral, por medio de la cual se crea la figura del defensor de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, pero que hasta el momento ese cargo aún no fue cubierto. Y también el recorte del Estado nacional al presupuesto destinado al área de la niñez.

"Todos estos factores inciden en las condiciones materiales de existencia de la niñez. Y hay una deuda social con la infancia de la cual, en distintas medidas, todos somos responsables. Incluso la persona a la que no le interese la política, porque todos decidimos quiénes nos van a gobernar y cómo se asignan los presupuestos", sostiene.

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