El llamado sorprendió a Jorgelina cuando estaba en medio de una mudanza. Un hombre que se presentó como “el señor Bustos” y dijo ser empleado del Banco de Santa Fe le anunció que saldría de circulación la tarjeta de coordenadas y debía adherir a una nueva clave para realizar transferencias on line. Un código que ingresó por mensaje de texto a su celular fue la puerta de entrada a una estafa virtual que advertiría horas más tarde, cuando no pudo operar con su homebanking y además un cajero automático le retuvo la tarjeta. Eran las cinco de la tarde. Recién a la mañana siguiente logró comunicarse con un 0-800 y así supo que habían usado su cuenta para gestionar un crédito de casi 900 mil pesos transferidos a terceras manos en sólo siete minutos.
El fraude que sufrió esta médica pediatra empleada en la salud pública se convirtió en un caso testigo en el sistema penal rosarino. Es que una camarista emplazó al banco a que, al menos por 90 días, deje de descontarle a esta clienta las cuotas del préstamo porque fue víctima de una estafa.
Hasta entonces ese tipo de gestiones y cautelares se resolvían en sede civil. Lo que conlleva un desgastante ir y venir entre oficinas para los denunciantes y además restringe la discusión al ámbito del derecho del consumidor. En el caso penal, los reclamos se ceñían a los autores del engaño, en muchos casos inhallables, y los bancos quedaban afuera de la ecuación.
Tutela y protección
“La resolución es inédita en segunda instancia y su principal alcance es que las víctimas de estas estafas pueden ser tuteladas por el sistema penal. En este caso el banco le exigía a la denunciante realizar un reclamo en vía civil por ser consumidora. Sí, lo es. Pero también es víctima de un delito y viene a pedir que cesen los efectos de ese delito, en una situación de vulnerabilidad y sin conocimiento de la tecnología”, dijo a este diario Ana Julia Milicic, la fiscal de Investigación y Juicio que llevó el caso hasta la Cámara Penal. Allí planteó que hubo una falla en los mecanismos de seguridad del banco, que debió adoptar medidas para evitar el fraude.
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La camarista Carolina Hernández le ordenó a la entidad financiera que por 90 días deje de descontar las cuotas del crédito a la profesional. Esa gestión, concretada a lo largo de tres meses por débito automático a a su cuenta sueldo, le consumía la mitad de su salario.
“Hubo una estafa virtual que, entendemos, fue producto de la poca seguridad que en ese momento tenían los canales de comunicación con el banco”, dijo Fabiana Piemonte, abogada de la víctima, y remarcó que este tipo de engaños escalaron con la pandemia y mermaron con disposiciones del Banco Central que, en septiembre, obligó a las entidades financieras a “verificar fehacientemente” la identidad de los usuarios cuando otorgan un crédito preaprobado.
Verdadero y falso
El derrotero de Jorgelina comenzó el 13 de mayo de 2021 cuando “el señor Bustos” la llamó desde un número desconocido a su celular. El falso agente bancario le anunció que la tarjeta de coordenadas dejaría de funcionar —era cierto— y recibiría por mensaje de texto un nuevo código para autorizar transferencias a otras cuentas. A las 11.13 de la mañana recibió un mensaje desde el número 29000 con el siguiente contenido: “Su clave por SMS: 5550 Banco de Santa Fe”. A la médica no le extrañó porque desde ese mismo número solía recibir comunicaciones oficiales del banco.
Leyó en voz alta esos cuatro números sin saber que, así, estaba activando el envío de fondos de su cuenta hacia otra. El interlocutor le advirtió que no podría usar su homebanking por media hora y cuando a la tarde quiso hacerlo, no pudo. Fue hasta un cajero de la red Link y su tarjeta fue retenida. Quiso comunicarse con el banco pero estaba fuera del horario de atención al cliente.
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Cuando a las 7.30 de la mañana siguiente recién logró ser atendida en un 0-800, tal como consta en su denuncia, le explicaron que la cuenta y su tarjeta habían sido bloqueadas por la red Link. La remitieron a otro 0-800 donde le informaron que se habían detectado actividades sospechosas y, por seguridad, su usuario había sido bloqueado. Recién entonces le comunicaron que habían sacado un crédito a su nombre por 890 mil pesos a pagar en 48 cuotas y que debía hacer una denuncia policial para presentar en el banco.
Cómo fue
Según explicó su abogada, lo que ocurrió fue los estafadores hackearon la cuenta de homebanking de Jorgelina, tramitaron por esa vía un préstamo preacordado y gestionaron el envío de la clave que llegó al celular de la víctima. Ese es el dato que obtuvieron en la comunicación telefónica y que ella, inducida a error, aportó creyendo que habilitaba una nueva modalidad para futuras transferencias on line.
Al escuchar la clave, sin perder un segundo, los estafadores remitieron el monto del préstamo en nueve transferencias sucesivas. Fueron efectuadas con menos de un minuto cada una hacia una cuenta en la banca digital de un usuario con domicilio en Buenos Aires que aún no fue localizado. Se desconoce si se trata de una persona real o de una cuenta abierta con un DNI robado o perdido.
La médica, que para afrontar los gastos de la mudanza necesitaba con urgencia acceder a su cuenta, logró ser atendida en la sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe de Génova y Alberdi. Le aconsejaron que no hiciera nada. Debió gestionar en forma telefónica un turno para finalmente, varios días después, asentar su reclamo. Recién el 20 de ese mes, tal como denunció, un gerente le explicó que el 13 de mayo a las 11.15 se había gestionado el crédito desde su cuenta.
Al abrirse el litigio penal, el banco argumentó que el facilitamiento de claves a terceros es responsabilidad exclusiva del usuario y por lo tanto no le correspondía reintegrar los fondos descontados. Que en todo caso la víctima debía exigírselos a quien los recibió en la cuenta destino. En medio de esa controversia, tanto la fiscal como la abogada reclamaron una medida judicial, en sede penal, para que el banco cesara con los descuentos.
Víctima
“La víctima no ha realizado un facilitamiento doloso de sus datos sino que estamos ante el escenario de un delito de defraudación mediante manipulación informática”, alegó la fiscal al exponer el caso, en principio ante un juez de primera instancia que rechazó el pedido y luego ante la camarista que lo admitió. Lo que se obtuvo es una medida cautelar conocida como “cese de estado antijurídico” que busca evitar el daño producido por un delito mientras se lo investiga. Un mecanismo usual, por ejemplo, en casos de usurpaciones.
Milicic planteó que las víctimas de estafas virtuales deben ser tuteladas por el sistema penal, “máxime en casos de impacto social” y ante la mayor vulnerabilidad a la que quedaron expuestos usuarios y consumidores con la irrupción de pandemia. Señaló que hubo una falla en las medidas de seguridad para prevenir el delito y que los bancos deben adoptar procedimientos para verificar que el movimiento de cuentas sea razonable.
Remarcó además que en este caso el banco no advirtió el fraude, sino que el alerta fue de la red Link. Planteó que la vulnerabilidad de los clientes hacia la tecnología no exime a las entidades financieras de proveer un servicio seguro.
Tras analizar el caso y escuchar a la víctima, que se presentó en la audiencia como una “clienta histórica” del banco, Hernández resolvió suspender preventivamente desde este mes el descuento de las cuotas, “dejando a salvo los derechos de restitución o indemnización que puedan caberle al banco” en caso de hallarse los responsables de la estafa.
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“Fue un delito con todas las características de los que crecieron en la pandemia con la modalidad de pishing. La llamaron con el homebanking ya hackeado. Y no tenía forma de sospechar que no hablaba con un empleado del banco”, dijo Piemonte, quien intervino en un caso similar en el que el juez de primera instancia Mariano Aliau dispuso la misma cautelar a otro banco. “Este es el primer precedente en la Cámara Penal”, dijo la profesional, e indicó que avanza a nivel nacional la tendencia de emplazar a los bancos en este tipo de causas penales.
Entre los beneficios de la medida puntualizó que “el proceso penal es más rápido en términos prácticos; si se acredita el peligro y la urgencia, se resuelve más rápidamente”. Y señaló “la diferencia de poder entre una víctima y un banco, que tiene sus préstamos con seguros de cauciones propios. El perjuicio para uno y otro tiene una distancia abismal”.
En el caso de Jorgelina, además de sufrir el descuento de 150 mil pesos en tres cuotas, debió gestionar un préstamo —en este caso sí fue consentido por ella— para afrontar los gastos de la mudanza. Es que se quedó sin efectivo en el primer débito. En caso de optar por el stop debit quedaría en infracción ante la entidad financiera y se gestaría una deuda a ser reclamada por un estudio jurídico con sede en Buenos Aires.
