Transporte: el municipio puso en duda que se levante la emergencia

Luego de que entrara en vigencia este lunes un aumento del boleto a 85 pesos, el municipio puso en duda que en noviembre se levante la emergencia del transporte por la crisis económica y de recursos, lo que frenaría el restablecimiento de las líneas y recorridos a su estado anterior a la pandemia. Sin embargo, la decisión deberá pasar por el Concejo, en el que las opiniones no parecen favorables a votar una ordenanza que prorrogue las potestades de la Intendencia sobre el sistema.

"Hay muchos factores que hacen a la operación y el desempeño empresarial que tienen que ver con el contexto por el que está pasando la Argentina. Una vez que podamos verificar todo eso, veremos si es posible salir de la emergencia o no. Tenemos todas las justificaciones para poder sostenerla. Tienen que darse muchas cosas, más allá del indicador de la suba de pasajeros", explicó la secretaria de Movilidad local, Nerina Manganelli.

La medida de actualizar la tarifa otro 22% (acumula 70% en el año), tomada en conjunto con las ciudades de Córdoba y Santa Fe, obedeció según el Ejecutivo a la falta de la llegada de más subsidios nacionales en el marco de un fuerte proceso inflacionario que vive el país, y una gran desigualdad entre el Interior y el Area Metropolitana de Buenos Aires.

Desde el municipio indicaron que el estudio de costos depende un 50% de las paritarias (que fueron del 50% y se van a reabrir), un 20% del combustible (aumentó 100% en el año) y otros insumos como los neumáticos, que subieron un 80%. "El sistema está en crisis, mientras sigue habiendo una disparidad en el reparto de los subsidios de 15% a 85% entre el Interior y Buenos Aires. Hoy el AMBA tiene una tarifa de 25 pesos, podríamos hacer tres viajes con el valor de uno nuestro", advirtió Manganelli.

Sin embargo, y aunque en la previa se conocieron reclamos como el de Vecinales Unidas por mayor frecuencia de colectivos en distintos barrios de la ciudad, y los números de pasajeros transportados escalan al 90% de la normalidad que preveía la normativa como límite, hay pocas certezas respecto de cuándo se volverán los servicios al esquema que tenían antes de la llegada del Covid-19.

La apuesta es, por el momento, monitorear el sistema minuto a minuto para atender los problemas allí donde se detecten y aliviar las tensiones: "No estamos en la situación ideal, pero estamos tratando junto a las empresas de mejorar los cuadros horarios charlando con todos los sectores de la ciudad y atendiendo las quejas al 147. La idea es dar más respuesta a la noche, después de las 22", dijo la funcionaria.

Pero en poco más de un mes se vence la emergencia, y el cuadro es delicado. Por un lado, porque la discusión que podría haber traído más recursos al sistema se empantanó en el Congreso nacional y quedó subsumida en el debate del presupuesto 2023. Por otro, porque para salir habría que largar más unidades a la calle. Y eso, en un marco de una restricción a las importaciones, es cada vez más complicado.

Actualmente hay 634 colectivos circulando por las calles, mientras en diciembre de 2019 había 711. Para cubrir esa falta de 77 unidades, la empresa estatal Movi tiene en marcha una licitación por 20 coches, que viene demorada, pero se resolvería en breve. Los nuevos ómnibus están en los talleres de las concesionarias, ya en la etapa de montaje de la carrocería, y las primeras estarían terminadas a partir de noviembre.

Por su parte, Rosario Bus intenta adquirir, pero las terminales automotrices han bajado la oferta. Mientras antes ingresaban al país 180 chasis por mes, hoy entran 60, por lo que están haciendo entregas parciales. Por el momento, el privado solo logró incorporar tres vehículos cero kilómetro a través de un crédito del Banco Municipal, pero sigue negociando para tener más antes de fin de año. Para paliar este déficit, la firma sacó de los galpones coches que no respetan la antigüedad del pliego ni los accesos para discapacitados. El municipio hace la vista gorda, porque la decisión permite mejorar la frecuencia en un contexto excepcional.

Expectativa

Noviembre, entonces, sería un mes clave: habrá que ver qué pasa con la emergencia, pero además es otro de los cuatro meses del año en los que el intendente puede definir un aumento del boleto, algo que no está descartado porque no se sabe cómo evolucionarán las variables para ese entonces. No obstante, para extender las potestades del Ejecutivo hace falta un acuerdo en el Concejo, que según las consultas que pudo hacer La Capital con distintos bloques, hoy parece lejano.

La concejal justicialista Silvana Teisa es la opositora más férrea. "Es una locura prorrogar algo que la ciudadanía está pidiendo a gritos que vuelva a la normalidad. Si quieren hablar de una emergencia ya no sería por la pandemia, sino por ineptitud o porque no les interesa tomar el sistema de transporte público de pasajeros como una prioridad para la ciudad", cuestionó con dureza. Por eso, "bajo ningún punto de vista" acompañarían una postergación.

Pero no es la única. "La situación de noviembre de 2022 no es la misma de 2020. Veníamos de 100 días de paro, y una baja pronunciada en el número de pasajeros debido al ASPO y la falta de clases presenciales. Todo eso se ha dado vuelta", consideró el edil de Juntos por el Cambio Carlos Cardozo, vicepresidente del Ente de la Movilidad.

Si bien responsabilizó al Gobierno nacional por la distribución de subsidios y la demora de la implementación de la SUBE, el integrante de la comisión de Servicios Públicos analizó que ha subido la cantidad de personas transportadas, por lo que "el Concejo debe retomar las discusiones vinculadas al transporte, y en ese marco no sería necesario renovar la emergencia", adelantó.