Según cifras oficiales del Ministerio de Seguridad de la provincia, hasta el 31 de octubre
pasado se detectó un significativo incremento en el recupero de automotores y motos robadas. Las
estadísticas marcan que en el departamento Rosario fueron rescatadas hacia finales del mes pasado
587 motocicletas y 680 autos, mientras que en idéntico período del año pasado esas cifras llegaron
a 539 y 630, respectivamente.
Los números proceden de un seguimiento de la cartera de Seguridad en
base a procedimientos judiciales y policiales realizados durante esos meses en el ámbito de la
Unidad Regional II de policía, cuya jurisdicción comprende a las seccionales de todo el
departamento Rosario.
El índice de automotores recuperados presenta un significativo contraste
con idéntico guarismo de 2007. En el caso de los vehículos de dos ruedas ese año no se recuperó
ninguno. En el rubro autos-camionetas se habían logrado rescatar 120.
Los números de las estadísticas del gobierno provincial ven la luz en
sintonía con medidas adoptadas en torno a la problemática del robo específico de motos, una de las
economías ilegales que suelen dar pie a la comisión de otros delitos, que en ocasiones derivan a
situaciones de violencia extrema como homicidios. El secretario de Seguridad Comunitaria de Santa
Fe, Enrique Font, estableció líneas de trabajo sobre el fenómeno para neutralizar efectos de esa
actividad ilegal.
“Para combatir un delito es preciso primero definir su
especificidad e identificar a los actores que puedan estar involucrados en diferentes momentos de
la trayectoria del fenómeno”, reseñó el funcionario. “En el caso del robo de motos nos
interesan dos distinciones: aparecen como medio para cometer otros delitos (arrebatos, salideras
bancarias) y como blanco de delitos complicados por una interacción muy violenta”, agregó
Font.
Los homicidios en ocasión de robos, según fuentes del Ministerio de
Seguridad, representan un 35 por ciento del total de homicidios. De esa porción un importante
número se vinculan con el robo de motos o, al menos, con el comercio ilegal de partes y repuestos.
“Hace diez años para los ladrones era más fácil levantar una moto en la calle. Hoy la gente
está más alerta, cuida más los vehículos y entonces los robos se desencadenan muchas veces en
presencia de los conductores y dueños, y ahí se producen las agresiones físicas”, resumió
Font.
Para intentar atenuar el fenómeno de robo de motos y sus derivaciones
violentas el área de Seguridad reunió a todos los sectores y actores que intervienen en su
comercialización y registro: concesionarias, repuesteros, registros del automotor, áreas
municipales que habilitan talleres, policía y funcionarios judiciales.
Al recabar información las autoridades, cuenta Font, se encontraron
frente a un mercado altamente informalizado. “Y esa informalidad no sólo tiene que ver con la
ilegalidad sino también con lo que permite la legalidad”. Desde la provincia por ello se
convocó a protagonistas en el mercado de las dos ruedas: principales concesionarias, los tres
registros de la propiedad para motos en la ciudad, la Municipalidad de Rosario —Tránsito, GUM
y Habilitación—, la sección Sustracción de Automotores de la policía local y una asociación
de víctimas que hay en Santa Fe.
“La información en esos espacios de discusión dio un mejor
encuadre al fenómeno. Por ejemplo, advertir que muchas agencias violaban la obligación de vender
motos con las patentes en regla, como ocurre con cualquier auto 0 km. Las comercializan sin la
matrícula. Los comerciantes dicen que si no venden así pierden ante la demanda del mercado. Eso
hace que por el perfil del comprador se venda un bien sin registro. Ahí aparece un inicio del
problema”, detalló el funcionario.
Otro aspecto a atacar tiene como objetivo al Registro de la Propiedad
Automotor aunque en este caso se trata de un organismo nacional. “Si el titular de una moto
no se presenta en el registro para dejar una constancia de un robo, esa información no va a
aparecer en el legajo del rodado. Uno puede ir a registrar una moto comprada de buena fe y el
Registro no va a chequear si tiene pedido de captura por robo”, argumentó Font.
¿Qué implica eso? Que sea una tarea complicada identificar al titular de
una moto y que eso haga más fácil que éstas se incorporen al mercado ilegal o al circuito de
quienes, a bordo de ellas, cometen otros delitos.
Las concesionarias ahora, a partir de estas reuniones, están abiertas a
identificar a los repuesteros legítimos y de allí individualizar a los informales que, muchas
veces, se nutren de los que roban estos vehículos en la vía pública.
“La consulta a estos actores diversos permitió al gobierno bajar
una instrucción muy clara a la policía sobre el tipo de intervención que pretendemos: salir a
buscar los talleres, los lugares de venta y, además, con resultados”, remarcó Font.
Una acción derivada también permite generar, según el funcionario,
operativos sistemáticos, algunos de los cuales se concentran sobre el perfil de motos más
vinculados a salideras. “Eso es control que hacen agentes de policías y municipios. Muchas
motos terminan remitidas al corralón porque no tienen papeles. Pero para evitar los robos con motos
hay que aceptar la presión que supone que todos regularicen sus dominios”. l
