Uno de los jóvenes detenidos por el linchamiento de David Moreira, asesinado a golpes el 22 de marzo pasado en Marcos Paz al 5400 por el robo de una cartera, recuperó la libertad ayer luego de que un camarista penal dejara sin efecto la prisión domiciliaria que pesaba sobre él de manera preventiva, mientras avanza la causa. La decisión fue acompañada de un análisis del magistrado, para quien la distribución desigual de bienes y mercancías en el capitalismo reproduce violencia extrema como la constatada en este crimen: “El capitalismo ha logrado poner en crisis el orden de valores. La propiedad comenzó a disputarle la primacía a los otros (valores), incluso la mismísima vida humana”, planteó el juez Daniel Acosta al pronunciarse sobre un caso de enorme sensibilidad pública.
La medida de fondo benefició a Nahuel P., uno de los dos detenidos por el crimen de David Moreira, de 18 años, asesinado el 22 de marzo del año pasado cuando iba en moto con otro muchacho (ya condenado) y le robó un bolso a una mujer que caminaba con su hija por Liniers y Marcos Paz, en el barrio Azcuénaga. Mientras su compañero logró escapar, Moreira quedó a merced de un grupo de jóvenes que hacían la previa en un club cercano para ver un partido de Rosario Central. En Marcos Paz al 5400 lo golpearon con ferocidad en la calle hasta causarle heridas gravísimas que dos días más tarde le provocaron la muerte.
Romper el silencio. Tras una investigación que debió sortear un pacto de silencio en el barrio, en septiembre fueron detenidos Nahuel Yamil P., de 26 años; y Gerardo “Capocha” G., de 28. Transcurridos 40 días de prisión preventiva el fiscal Florentino Malaponte bajó la calificación de homicidio calificado a homicidio en agresión, figura que contempla de 2 a 6 años de cárcel. En ese marco la jueza Roxana Bernardelli dispuso que siguieran presos pero bajo arresto domiciliario. Esta decisión fue apelada por los defensores de ambos, Jorge Bedouret y Germán Mahieu, quienes pidieron la libertad de sus clientes alegando que no revisten peligrosidad procesal, no tienen antecedentes y trabajan.
A uno de esos pedidos respondió ahora el camarista penal Daniel Acosta al disponer la libertad de P. Pese a que el fiscal Malaponte había planteado que existen “elementos de prueba suficientes para presumir la autoría del ilícito” por parte de este muchacho, el juez tuvo en cuenta razones técnicas para poner fin al encierro domiciliario. Señaló que la jueza Bernardelli se había negado a prorrogar la prisión preventiva. Sin embargo, dijo Acosta, el arresto domiciliario “no es otra cosa que una prisión con finalidad cautelar”. Por eso la dejó sin efecto. La semana próxima se resolverá la situación preventiva del otro acusado.
Análisis de fondo. Acosta se expidió luego de tildar al brutal episodio como “una novedad espantosa e inesperada por la que atraviesa toda la sociedad argentina” bajo un reclamo represivo generalizado frente a cierto tipo de criminalidad. Por eso incursionó en un análisis inusual en escritos jurídicos que, aclaró, apunta a “comprender por qué nos encontramos así y qué podemos hacer como sociedad al respecto”.
Consideró que si bien el sistema jurídico dispone normas para proteger bienes, con la vida humana en la cima, “dicho sistema se despliega sobre relaciones económicas de producción denotadas como capitalismo. Los ciudadanos disfrutamos y padecemos según la situación en que el sistema productivo nos ubica”, señaló el juez. Ese orden de cosas trastoca el ordenamiento jurídico y “no sólo determina que un individuo devenido en ladrón pueda matar a una persona para quedarse con su celular, sino que además aquel colectivo que se ubica como «buenos vecinos» se adjudique un derecho a la autodefensa en el que puedan cobrarse con vidas la frustración por la proliferación de delitos contra la propiedad”.
El magistrado consignó que a la exhibición constante de “propiedades, autos, hoteles lujosos, viajes a los que los sectores excluidos no pueden acceder” se suma la reiteración “hasta el hartazgo de los hechos de inseguridad que, sin dejar de ser ciertos, asfixian el inconsciente colectivo”. Ante ello, “la primer herramienta a mano parecería ser la paranoia represiva que (como se ha visto) conduce a agudizar las perversiones sin tomar nota de las verdaderas causas del delito. Los logros están a la vista si reparamos en el crecimiento exponencial del delito luego de la sanción de las leyes «Blumberg» y la transformación en un país de tráfico y producción a partir de la penalización del consumo de estupefacientes a comienzos de los noventa”. A esto se suma, según indicó, la penalización de conductas propias de un sector social y no de “comportamientos propios de otros actores, como las (conductas) defraudatorias, lo que no deja de generar violencia”.
En ese orden, para Acosta, mientras las clases más bajas son las que más padecen los delitos cotidianos, “los juristas que pertenecen a otro sector social que no experimenta este nivel de violencia dan soluciones desde su propia mirada burguesa” y muchas veces la clase política “opera sobre los efectos en lugar de hacerlo sobre las causas”.
“Esta situación presiona, malhumora y preocupa al ciudadano, que muchas veces responde en función del catálogo de reacciones que el entorno le suministra”, consideró, además de concluir que “todo exacerba la violencia propia del capitalismo y (este) hecho no es otra cosa que un subproducto del mismo”.
