Sábado 12 de Octubre de 2013
Delfín David Zacarías, el dueño de una remisería de Granadero Baigorria detenido el mes pasado en un chalé de Funes con 300 kilos de pasta base y cocaína y unos 400 litros de precursores químicos, fue procesado como organizador y financiador de una banda dedicada a fabricar y comercializar estupefacientes. La misma medida alcanzó a otras 12 personas entre familiares y allegados al hombre, acusados de ser integrantes de la banda o de participar en el blanqueo de activos provenientes del delito. El único que recibió falta de mérito en la causa fue un agente de la Policía Federal que estaba sospechado de connivencia con Zacarías, respecto de quien la prueba fue considerada insuficiente.
La resolución fue dictada por el juez federal Carlos Vera Barros y se conoció a poco más de un mes del operativo del 5 de septiembre, día en el cual el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, desembarcó en Funes y lo definió como "el mayor golpe al narcotráfico en la provincia de Santa Fe.
El operativo "Flipper" tuvo su epicentro en un chalé de Las Achiras 2528, a la altura de la garita 16 de Funes, donde según el dictamen funcionaba una cocina de cocaína. En esa vivienda fue apresado Zacarías, de 48 años, quien era investigado por la Secretaría de Delitos Complejos de la provincia por su vertiginoso crecimiento patrimonial.
Además de la casa de Funes hubo 14 allanamientos en Rosario, Capital Federal y el conurbano bonaerense que arrojaron la detención de otras 13 personas (cuatro de ellas familiares de Zacarías) y el secuestro de unos 2 mil litros de precursores químicos, 11 vehículos y dinero.
Pasos previos. La investigación se inició en marzo pasado luego de un tiroteo frente a un quiosco de venta de drogas de Boedo y Ghiraldo, en el barrio La Cerámica. En el hecho fue herida una mujer y eso ocasionó que los vecinos destruyeran el búnker cuya propietaria, según las actuaciones policiales, sería una mujer conocida como "La Tata". El incidente motivó a quienes lo manejaban a amenazar a dos vecinos que tuvieron que abandonar el barrio.
En la investigación de ese suceso se detectó que el auto que usaba la mujer, un Chevrolet Spark, cambió de titularidad a nombre de Zacarías, quien ya purgó una condena por narcotráfico hasta 2005 en la cárcel de Coronda. Bajo la presunción de que esa transferencia se produjo por una deuda que la mujer tendría con el supuesto narco por la provisión de estupefacientes, el fiscal Juan Patricio Murray ordenó profundizar la pesquisa.
Pruebas. Así, a partir de escuchas telefónicas, la sospecha recayó sobre Zacarías y su grupo familiar. Se lo consideró un "importante comercializador al por mayor, comprador, fabricante y fraccionador de sustancias estupefacientes". En ese marco, a fines de agosto se interceptó un llamado del sospechoso a un tal Hugo Silva (también procesado) para que lo provea de precursores químicos y de entablar una relación comercial para que le enviaran mil litros por mes a lo largo de cinco meses.
Este hombre, a su vez, se contactó con la empresa Alconar S.A. para solicitarle 2 mil litros de acetona (se usa para la fabricación de cocaína) por un precio de 340 mil pesos. Silva, dice la resolución, los trasladó en dos viajes hasta su casa de la localidad bonaerense de Don Torcuato. Y el 4 de septiembre pasado le envió un mensaje a Zacarías indicándole que ya tenía "mil litros de gasoil". Apostados frente al lugar, los efectivos observaron ese día la llegada de Zacarías en una Volkswagen Amarok negra en la que viajó de regreso a Rosario con la carga. En Circunvalación y Córdoba el vehículo cambió de mando y fue la esposa del sospechoso la que manejó hasta el chalé de Funes allanado poco más tarde.
Además de lo hallado en Funes, en otros allanamientos a viviendas del grupo se encontraron panes o trozos de cocaína, productos para fabricar la droga, 37 vehículos y 25 cocheras a nombre de la hermana de Zacarías.
"Todos estos elementos permiten acreditar que Zacarías es la cabeza de la organización, encargado de gestionar las compras y de buscar las mismas, conforme surge de las escuchas y mensajes de texto intercambiado con el grupo de Silva, de quien adquiere dos mil litros de acetona", observó el juez. Ante eso lo procesó por tenencia de materia prima para fabricar drogas, producción de estupefacientes y tenencia de sustancias con fines de comercialización. También lo consideró "organizador y financiador" de una banda y le dictó la prisión preventiva por el lavado de dinero de origen ilícito.
