Un hombre de 68 años acusado de haber asesinado el sábado a Alejandro Santiago Coronel, en la zona ribereña de Villa Gobernador Gálvez, brindó su versión del hecho ayer en una audiencia imputativa en la que fue acusado de cometer un homicidio agravado y se dispuso que siga en prisión por 60 días. En su relato ante un juez, aseguró que esa tarde fue desarmado a realizar un reclamo a allegados a la víctima y desde esa casa lo recibieron a tiros, se arrojó al piso y al levantarse advirtió que había una persona herida y una muerta. Todo ocurrió en el marco de una pelea entre dos familias de pescadores que ya habían tenido roces en las horas previas.
Tras la audiencia, presidida por el juez Javier Beltramone, Juan Antonio A. quedó preso como autor del crimen de Coronel. Su hijo Antonio A., de 44 años, también está detenido por participar de la pelea y herir en una mano a otro integrante de la familia con quienes confrontaron. Este hombre, que a diferencia de su padre no pidió declarar, fue sometido al mismo plazo de detención preventiva e imputado de un intento de homicidio. También por el delito de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, ya que está acusado de exigir a personas del entorno de la víctima que abandonen su casa.
Esa es la imputación que solicitó el fiscal Adrián Spelta, quien en su presentación precisó las pruebas que colocan a los A. como sospechosos. Ambos fueron detenidos luego de una pelea que se desató el sábado en Corrientes y La Ribera de Villa Gobernador Gálvez, el barrio que se levanta en una barranca frente al río y junto al frigorífico Swift. Según la acusación que formuló Spelta, tres testigos contaron que los A., acompañados por la esposa y un hijo de Antonio, se presentaron en la casa de la familia R., "los amedrentaron, sacaron armas y dispararon".
Rencilla previa. Al parecer, los A. acusaban a la familia R. de haber amenazado horas antes a la mujer de Antonio. Según los testigos de la fiscalía, Juan disparó los balazos que hirieron en un brazo, la pierna izquierda y la zona dorsal a Alejandro Santiago Coronel, un joven de 28 años que tomaba una cerveza en la puerta de la casa de los R. y que murió a la 0.30 en el Hospital Gamen. Siguiendo esos testimonios, en medio de la balacera Antonio hirió en la mano a otro muchacho.
Esos testigos son dos hombres y una mujer de la familia R. quienes aseguraron que desde su casa no partieron disparos en represalia al ataque. Para Spelta, refuerza esa versión el hecho de que un día antes se había realizado un allanamiento a la vivienda de los R. —en el marco de otra causa penal— y en la requisa no se habían hallado armas.
Sin embargo, el defensor Narciso Ibarlucea sacó a relucir en la audiencia un testimonio que aportó una versión diferente. Se trata de un vecino de la zona que se presentó por su cuenta en la fiscalía y dijo que los R. son una familia "conflictiva" del barrio. Contó que el sábado los A., cansados de tener problemas con esos vecinos, fueron hasta el domicilio de los R. y los "amenazaron con quemarles el rancho a pesar de que la casa es de material". "Los R. sacaron un arma y dispararon. Los A. dispararon también", apuntó.
El testigo aseguró que no pudo ver quiénes tiraron ni quién causó la muerte de Cáceres. Pero afirmó que al cesar las detonaciones escuchó un diálogo entre dos integrantes de la familia R. en el que uno de ellos le recriminaba al otro: "Tiraste para cualquier lado y mirá a quién le pegaste". Para el defensor, se trata de un relato "más creíble" por ser un "testigo imparcial". En cambio el fiscal Spelta consideró que nadie está mejor calificado que los familiares de la víctima para aportar al esclarecimiento del crimen.
Veinte disparos. Por su parte, Juan Antonio A. brindó su propia versión: dijo que fue a reprocharles a los R. problemas entre vecinos y éstos le empezaron a tirar. Que él se arrojó al piso, escuchó "como veinte disparos" y cuando se levantó advirtió que había un herido y un muerto. Su defensor pidió el arresto domiciliario por su edad y porque lo aquejan problemas de salud.
El juez Beltramone resolvió que el pedido quede a consideración de la fiscalía mientras se realizan estudios médicos para comprobar qué dolencias afectan al detenido, alojado en la comisaría 25ª.
Tras escuchar a las partes, el magistrado evaluó que existen "elementos de convicción suficientes" para considerar a los A. probables autores. Tuvo en cuenta, además de los testigos de la fiscalía, que en la casa de los detenidos se secuestraron municiones: un cartucho calibre 32, diez 22 largo y una caja de municiones con cinco cartuchos calibre 16, otro 12.5, uno 38 Special, once perdigones grandes y cien pequeños.
El juez dispuso que los acusados queden en prisión preventiva por 60 días porque el delito prevé penas de prisión efectiva y los testigos "son vecinos que viven a escasos metros y resulta oportuno fijar una medida cautelar para no frustrar el proceso". El plazo vence el 5 de septiembre, fecha en la que se prevé una nueva audiencia.
