Los ideólogos progresistas que nos vienen gobernando desde hace un tiempo resolvieron que el Estado era el responsable de los comportamientos antisociales y delictivos de la población. En esa concepción ideológica, el Estado era represivo, frustrador, controlador, y por ser de ese modo transformaba en malo al hombre bueno: por eso se limaron las potestades de la policía y de la autoridad en todos los niveles, aún en el educativo, en el concepto de que con una policía atomizada, degradada en sus funciones, una disciplina escolar relajada, permisos para cortes y piquetes, tomas de colegios y universidades entre otras liviandades, se lograría obtener una conducta más civilizada y solidaria del cuerpo social. Años ya llevamos con esta triste experiencia de aplicación de una teoría que en lugar de llevarnos a una idílica y utópica situación nos ha llevado a vivir en una sociedad en extremo violenta, deshumanizada, materialista, exitista, desordenada, desapegada del cumplimiento de normas sociales y de la ley. Quienes llevaron la teoría en cuestión a la práctica son culpables. La Patria, su cuerpo social, debería demandarlos y excluirlos del lugar de las decisiones, pues no están en condiciones de remediar el mal que ellos mismos provocaron. Devolver la autoridad e iniciativa a las instituciones y a las personas encargadas de velar por el cumplimiento de las normas de la sociedad y establecer sanciones de invulnerable cumplimiento para quienes las violen, constituyen el punto de partida para lograr la adaptación y convivencia social, aunque duela.
