Tal como informó La Capital el pasado sábado (página 34), una abogada y su clienta fueron amenazadas y encerradas en un baño por dos delincuentes armados que asaltaron su estudio jurídico y le robaron dinero, computadoras y una impresora. No es el primer ataque que sufre un profesional del derecho, quien además de los riesgos propios de su profesión debe soportar las consecuencias de la inseguridad que afecta a toda la población. La lista de estos hechos es larga e incluye, además de robos y amenazas, atentados domiciliarios, pintadas y panfletos agraviantes y hasta la muerte de un profesional. Pese a su gravedad, la mayoría de estos casos no fueron esclarecidos. Todo ataque a un abogado es un tiro por elevación al sistema de justicia, ya que no sólo perjudica al profesional sino también a la persona que le confía la defensa de sus intereses. Si las investigaciones no avanzan se entroniza la impunidad y los ciudadanos pierden la fe en la Justicia, llegándose al extremo de que prefieren no denunciar los delitos de los que son víctimas, porque creen que hacerlo no sirve de nada. La Justicia penal está colapsada. Lo hemos denunciado reiteradamente y lo confirma y explica la declaración de crisis del Poder Judicial surgida de una asamblea extraordinaria de abogados realizada recientemente. Por eso es imprescindible modificar este estado de cosas para asegurar la acción preventiva y punitiva del Estado en la lucha contra la delincuencia, que lamentablemente viene ganando la batalla. Gobierno, Justicia y comunidad deben ya mismo aunar esfuerzos para encontrar los caminos que nos permitan salir del estado de indefensión que padecemos. Por nuestro parte venimos bregando para que así sea, con escasa o nula respuesta de los poderes públicos.
