El chico de 15 años identificado como autor del asesinato del playero Bruno Bussanich es quien enlaza con más claridad toda la secuencia de tremendos hechos de intimidación que en cinco días produjeron terror en Rosario. Al chico lo atrapan luego de que una recompensa de 10 millones de pesos animara a hablar a una persona que había escuchado de boca de un familiar del adolescente su responsabilidad. A partir de esto el chico, ya resguardado como testigo protegido fuera de Rosario, permite la concatenación de los asesinatos tanto del playero como de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano y del colectivero Marcos Daloia.
La posición en la que está el chico abre el grifo que encadena los hechos, habilita el trabajo policial que concreta los 30 allanamientos de este martes, lo que permite detener a quienes la fiscalía ahora tiene sindicados como autores materiales de los homicidios. Son todos menores de edad, en un caso un chico punible, en otro no punible. En el único caso que no está apresado el ejecutor de estos cuatro descomunales asesinatos es en el del colectivero Daloia. Pero sí se identificó al que lo trasladó en moto.
El lugar del chico apresado por el crimen del playero no es lo único hilo que hilvana los casos. También había referencias en el teléfono secuestrado a Pereyra, el individuo que pidió a la empresa de radiotaxis la unidad que conducía Celentano, imputado en la audiencia del pasado 15 de marzo.
El día que lo detuvieron, señalan en el contexto de la pesquisa, el chico acusado de matar a Bruno Bussanich llevaba dos I-Phone y 500 mil pesos en el bolsillo. Algo que sugiere una conexión con sectores con capacidad económica que es propia de grupos criminales de llamativa solvencia. Lo que es importante para descifrar actos muy inusuales que aparecen anudados es detectar quién pensó esos actos. En la investigación por el entorno de los detenidos aparecen Chuky Monedita y Morocho Mansilla. Ambos presos, los dos son figuras encumbradas en la violencia de Rosario. Son también enlaces de Esteban Alvarado. Alguien que acaba de perder sus últimos recursos de hábeas corpus para recomponer sus condiciones de detención. Todo esto está en el análisis del MPA, del Ministerio de Seguridad y de la policía provincial que realizó las detenciones a través de la PDI.
Analizar estos hechos implica desentrañar no solo quién mandó a los ejecutores sino qué se buscó con estos actos. ¿Pudo ser una continuidad para desestabilizar el gobierno de Maximiliano Pullaro? Pensarlo no es algo inmotivado. Pullaro ordenó el endurecimiento de las condiciones de detención hacia presos en pabellones de alto perfil, muchas veces no exento de polémica como cuando fueron denunciadas torturas hacia el Servicio Penitenciario de parte del Servicio Público de Defensa Penal. Además es quien garantizó la detención de Alvarado en febrero de 2019, al comisionar a tres hombres de la TOE para ir a detenerlo en un camping de Río Tercero, cuando un celular de su esposa sugirió que estaba allí, algo para lo que no se dio aviso a nadie de la policía provincial. Que como se mostró en el juicio posterior estaba absolutamente penetrada por un criminal extremadamente sagaz y poderoso, como demostró su impresionante intento de fuga en helicóptero de la cárcel de Ezeiza en 2022.
Estos son asuntos que están en incipiente análisis en el MPA y en el Poder Ejecutivo. Los autores materiales, un puñado de chicos que son mano de obra de organizaciones criminales, están ubicados. Falta definir bien quiénes los mandaron. Y para qué concretamente. En una provincia donde a partir de tremendos hechos continuados de intimidación pública criminales buscaron hacer tambalear a dos gobiernos. El de Miguel Lifschitz con la veintena de atentados a objetivos del Poder Judicial en 2018 . Y ahora al de Pullaro con brutales asesinatos de trabajadores escogidos caprichosamente. El primero quedó esclarecido en septiembre de 2021 con la condena a Guille Cantero como instigador y un grupo de organizadores y ejecutores materiales. Habrá que ver quién está detrás de esta reanudación de actos de gran impacto institucional y si efectivamente también tienen a un gobernador como destinatario.
