En el comienzo del año 2010, en un terreno ubicado en Pasaje Pitágoras a 7451, se comienza una obra, la cual no tenía carteles de habilitación. En poco tiempo el edificio comenzó a crecer sobre los tapiales que tiene más de 50 años. No se hicieron nuevos cimientos y al poco tiempo nos enteramos que lo que se construía era una pensión. Cuando estaban en el segundo piso, los vecinos comenzamos con las denuncias en la Municipalidad, Distrito Noroeste y en Obras Particulares. La construcción continuó y llegó al tercer piso. En esa época comenzaron algunas clausuras (cinco en total) que el supuesto dueño nunca respetó. Siguieron las clausuras y debido a las presiones como el decreto N° 34.822 del Concejo Municipal, y la presentación en mesa de entrada de la Municipalidad realizada por los concejales Cavallero y Curi, con fecha 09/06/11, como el decreto 34.822 del Concejo Municipal. A raíz de esto, antes de terminar la obra comenzaron con el alquiler de las habitaciones. Como se imaginarán, son pequeñas habitaciones con un solo baño en todo el edificio, un solo ingreso y egreso y ningún tipo de seguridad. Pero gente con necesidad de vivienda comenzó a alquilar. El 11/07/11, el entonces director general de la GUM Mariano Savia presentó una denuncia en el Juzgado de Faltas. Otro tanto de trámites con reuniones en el Concejo y con algunos concejales se consigue pedir la demolición, que es otorgada por Fernando Asegurado, secretario de Gobierno, el día 25/07/12 (resolución 094). Días después se realiza un megaoperativo, con tres camionetas de la GUM, cuatro patrulleros, autoridades municipales, judiciales y la Guardia de Infantería. Pero nada se pudo hacer, ni retirar a los tres inquilinos que había. Después de esto al propietario le dieron diez días para desalojar y comenzar a demoler, pero no sabemos qué sucedió. Dos días después estaban ingresando nuevos inquilinos, supuestamente tendrían un recurso de reconsideración. ¿Alguien puede explicar con tantas contravenciones cómo se consigue esto? Pasa el tiempo y recibimos notificación de las resoluciones 067-12 del 26/09/13 (fs72 y 73) y 094/12 del secretario de Gobierno por las que se ordenó la demolición de dicho inmueble, y la N° 184/12 por la que se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por otro supuesto dueño. En mayo recibimos otra notificación sobre la resolución 017-13 recaídas en el expediente N° 20907-I- 11 de parte de la doctora Anahí Priotti, directora general de Investigaciones Administrativas. Luego de esto el 22/05/13 otro megaoperativo, varias camionetas de la GUM, móviles de la policía, un montón de autoridades, medios periodísticos y hasta camiones para la demolición. Estos sacaron algunas puertas y ventanas de las habitaciones superiores que no estaban terminadas y nada más, no sabemos si los trabajos no deterioraron aún más la estructura. Luego de todo el día de movimientos las 15 personas que viven siguieron ahí, al otro día vinieron asistentes sociales, para comenzar con la reubicación de la gente y al otro día ya había nuevos inquilinos ingresando en la pensión. Ahora bien, algunas dudas: 1) ¿Por qué la pensión de San Luis 1030 que tuvo problemas de derrumbe el 09/02/12 se logró desalojar, demoler y ya hay locales comerciales funcionando? Por qué en los barrios esto no ocurre. 2) ¿Si esto además de ser una obra ilegal, también es un negocio ilegal, no tendrían que actuar la Afip, Rentas, Habilitación Municipal, TGI, EPE? 3) Los vecinos aclaramos que no tenemos nada en contra de la gente que vive ahí, gente que se le complica conseguir garantías o lugar para vivir y de los que algunos corruptos inescrupulosos se aprovechan, y a los cuales no podemos nombralos, además muchos vecinos tienen miedo porque saben de quien se trata y sus antecedentes de amenazas en otras pensiones de este tipo. No queremos peleas entre vecinos, sí que se les informe del peligro en el que viven y se los reubique rápidamente a lugares mejores y más seguros porque esto es abandono de persona. Debería haber un cartel en la entrada que los notifique de los peligros que corren. 4) ¿Alguien puede decirnos a los rosarinos que pagamos los impuestos cuánto nos cuestan estos megaoperativos, y todo este proceso? Por último, es triste pensar que después de la tragedia de calle Salta, aquí pueda ocurrir lo mismo y nadie esté haciendo nada para evitarlo.
