A raíz de las numerosas adhesiones recibidas por mi carta del pasado 21 de abril, titulada "Indefenso ante una multa", creo necesario seguir profundizando esta problemática que afecta a miles de rosarinos, esta vez en nuestra ciudad. Sufrimos el uso y abuso de una estrategia netamente recaudatoria, soy consciente que la tasa de siniestralidad en el tránsito es de extrema gravedad y debe ser abordada con seriedad, pero de ninguna manera legitimar una política opresiva hacia los ciudadanos con la excusa de solucionar este problema. Observo con espanto e impotencia el negocio que ronda alrededor de las multas, políticos y funcionarios municipales de Rosario legalizan a través de ordenanzas y decretos una modalidad que pocos resultados arroja en la realidad, pero sí genera jugosos beneficios a las arcas y a entidades privadas que ganan millones con las fotos de la infracción. La ubicación de las cámaras móviles y fijas son verdaderos cazabobos; los registros y notificaciones de las infracciones ingresan al sistema hasta dos meses después de haberse consumado el hecho y otro tanto más se demora en llegar las boletas al domicilio (si es que llegan). Ni hablar del estrago económico que provocan a taxis y remises, imposibilitándoles el derecho a la defensa en tiempo y forma; sospechosamente desaparecen en época de campaña electoral. Me pregunto, ¿adónde va a parar todo este dinero? Las calles, rutas y autopistas están cada vez peor, ni hablar de construir nuevas. Los vecinos de esta ciudad que nos manejamos en la legalidad somos un mercado cautivo al cual se le puede extraer hasta la última gota de sangre. Exijamos que las instituciones del Estado que deberían defendernos no miren hacia otro lado (Defensoría del Pueblo, Defensoría del Consumidor, Seguridad Vial, etcétera). Y por último, es fundamental participar a través de diferentes canales de acción directa, utilicemos todas las herramientas que nos brinda la democracia.
