Terminada la primera tanda de declaraciones prestadas por más de una docena de funcionarios policiales, los fiscales que investigan las circunstancias de la apertura de la computadora portátil de Luis Medina, asesinado el 29 de diciembre de 2013 junto a su novia, no encuentran en los testimonios ofrecidos indicios de la comisión de un delito. Lo que se busca definir es si hubo una violación en la cadena de custodia de la máquina en el traslado a Santa Fe y si los funcionarios del Poder Ejecutivo que la manipularon incurrieron en una conducta ilícita.
Lo que sigue en el derrotero que impulsan los fiscales Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, es una segunda etapa en la pesquisa. Esta involucra la citación de todos los funcionarios judiciales que tuvieron algún papel al iniciarse la causa.
Los fiscales aguardan los testimonios de los jueces Raquel Cosgaya, Gustavo Pérez de Urrechu y Alejandra Rodenas; del fiscal de la Oficina con Imputados NN, Marcelo Vienna, y del ex secretario del juzgado de Instrucción Nº 5, Mariano Ríos. Este tribunal era el que estaba de turno al suceder el doble homicidio. Su titular era la jueza retirada María Luisa Pérez Vara, quien no pudo ser localizada aquel día, lo que le valió una imputación delictiva. La ex magistrada se encuentra con procesamiento confirmado por incumplimiento de deberes de funcionario público.
También se aguarda el testimonio de otros dos altos funcionarios a fin de despejar las dudas sobre un eventual delito en el traslado de la Mac Ultrabook de Medina: la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren y el Procurador de la Corte Suprema Jorge Barraguirre.
Los policías. La semana pasada terminaron de ser escuchados por los fiscales los policías que tuvieron alguna intervención con el operativo de traslado de la máquina encontrada en la habitación del hotel Pullman del Casino City Center a donde Medina y su novia se dirigían cuando fueron emboscados en el acceso sur y Uriburu y fulminados a disparos. Estos efectivos se desempeñaban en la comisaría 16ª, con jurisdicción en la zona del crimen, de la Dirección de Asuntos Internos y en las secciones Informática y Homicidios de Rosario y de Seguridad Vial.
Los diputados provinciales del PJ (Movimiento Evita) Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y Mariana Robustelli fueron quienes denunciaron la conducta del secretario y del subsecretario de Tecnología para la Gestión, dependientes del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, Javier Echaniz y Martín Degrati.
En las audiencias destacó el testimonio del subcomisario Nicolás Martín Llanes, ex jefe de la Sección Informática de Rosario, señaló que las órdenes de trasladar la máquina partieron de la fiscal de Cámaras Iribarren quien las impartió en presencia del procurador de la Corte lo que, para los fiscales, contradice la idea de que no hubo orden judicial para llevar la máquina a Santa Fe.
Los policías de Homicidios declararon que existía un protocolo postulando que cada vez que se hacía un allanamiento en el marco de la pesquisa de un asesinato debía estar presente un empleado de Informática de la Unidad Regional II a fin de prestar ayuda por si era necesario operar equipos dotados con software. Llanes dijo también que habían tenido una recriminación, una semana antes del episodio de la Mac, por generar demoras en la revisión de computadoras en investigaciones penales.
El dictamen previo. Esta controvertida investigación había generado en marzo de 2014 un dictamen del fiscal Carlos Covani, del sistema penal conclusional, quien se expidió señalando que los técnicos Echaniz y Degrati no cometieron ningún delito al manipular la máquina de Medina, acusado de cometer delitos de narcotráfico. En febrero pasado el juez penal Juan Carlos Curto determinó que la competencia para investigar este asunto debía quedar en el nuevo sistema penal. En las audiencias los fiscales Mac Cormack y Narvaja sostuvieron que por violación del principio de Non bis in idem (no se pueden investigar penalmente a personas en más de una ocasión por el mismo delito presunto) la causa devendría nula.
En la primera rueda de declaraciones policiales, según los fiscales, se confirmó la dificultad de encontrar a Pérez Vara el día del doble crimen. Se determinó que la investigación sucesiva pasó por los jueces Cosgaya, Rodenas y Pérez de Urrechu. Este último dijo haber ordenado el allanamiento de la habitación de Medina. Los policías ratificaron que esta medida se hizo ante efectivos de Pericias Informáticas. que, por práctica habitual, deben intervenir para el examen inmediato de los elementos que puedan aportar sobre las comunicaciones que la víctima haya tenido en los momentos previos a ser atacada.
Según plantearon en las medidas, luego la computadora y un teléfono secuestrados fueron trasladados a la comisaría 16ª y de allí a la Sección Informática de la Unidad Regional II donde fue convocado Llanes. Este señaló que el ministro de Seguridad Raúl Lamberto, reunido en ese momento con el jefe de Unidades Especiales, comisario Guillermo Morgans, avisó que enviaría personal de Gobernación para ayudar en el trámite. A las 23 de la noche del crimen llegaron Echaniz y Degrati y a las 0:30 del día posterior la fiscal Iribarren y el procurador Barraguirre.
Un veedor. Como no había elementos idóneos para desbloquear el teléfono y la computadora se organizó el traslado a Santa Fe por orden de la fiscal Iribarren que inclusive, según los fiscales, había designado un veedor del operativo. "Obran constancias de que los elementos fueron trasladados en sobres cerrados hasta el arribo a la ciudad de Santa Fe donde una vez comenzada la extracción de datos de la Mac para su análisis la medida fue suspendida por la jueza Rodenas y trasladada nuevamente a Rosario por el comisario Morgans", señalan fuentes de la fiscalía.
Los legisladores denunciantes remarcan que no hubo orden judicial de traslado y que la máquina fue manipulada. Esto último fue constatado por una pericia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que las personas que lo hicieron obtuvieron claves para operar la Mac de manera remota. Ese mismo análisis aportó que no fueron modificados los archivos de la máquina.
Testimonios disponibles y cuestiones por aclarar
Las sesiones en las que declararon los policías que intervinieron en los momentos iniciales del homicidio de Medina fueron grabadas y las constancias ofrecidas a los tres diputados del Movimiento Evita que denunciaron presuntas irregularirdades en la conducta de los ex funcionarios Echaniz y Degrati. Los legisladores y su representante legal, Rubén Chiavazza, fueron invitados, según señalaron los fiscales Mac Cormack y Narvaja, a presenciar los testimonios. Según ellos el abogado Chiavazza retiró el audio de los primeros tres testimonios pero no de los restantes.
El 29 de mayo de 2014 los diputados de la oposición crearon una comisión investigadora, de la que no participan legisladores oficialistas, para establecer las irregularidades en el traslado y la manipulación de la Mac. Lo que señalan los legisladores Héctor Acuña y los citados Toniolli, Robustelli y Rico es que para ellos hay mérito para citar a Echaniz y Degrati a una audiencia imputativa por violar deberes de funcionario público.
