"Los isleños tienen todo el derecho a decidir"

Por su parte, el ministro británico para América latina, Hugo Swire, acusó ayer a la Argentina de pretender “estrangular la industria de hidrocarburos” en las islas Malvinas, debido al embargo dispuesto por la Justicia nacional contra empresas de capital británico que buscan petróleo en el archipiélago.

“En los últimos días hemos visto el último ejemplo de la flagrante e inaceptable campaña de las autoridades argentinas para estrangular la industria de hidrocarburos de las islas Fal-kland”, subrayó el funcionario de la administración de David Cameron, en alusión a la denuncia del gobierno argentino que provocó el embargo judicial.

Sostuvo que “las leyes internas de la Argentina no se aplican en las islas ni en las aguas que las rodean” y que “esta decisión” de denunciar a las empresas, “motivada políticamente para alcanzar los activos empresariales, es intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y no tiene justificación legal en absoluto”.

“Esta acción contra compañías británicas e internacionales de petróleo y gas tiene implicancias peligrosas para el comercio global. El gobierno de Argentina debería abstenerse de este tipo de provocaciones injustificadas”, enfatizó Swire.

Señaló que “los planes de las islas Falkland (como llaman los ingleses a las Malvinas) de desarrollar su industria hidrocarburífera con el apoyo y experiencia de las compañías alrededor del mundo es una operación comercial legítima”.

“Los isleños tienen todo el derecho de decidir su propio futuro, incluyendo el desarrollo de su economía. Como siempre, los respaldamos y estamos seguros de que la comunidad internacional continuará resistiendo estas amenazas de la Argentina”, agregó el funcionario británico.

Reino Unido dijo ayer que cualquier intento de Argentina para confiscar activos de petroleras que operan en las disputadas islas Malvinas “sería ilegal”.

Buenos Aires dijo que iba a dar curso a una orden de una jueza contra seis empresas. Una magistrada federal de la ciudad fueguina de Río Grande ordenó el sábado la confiscación de 156 millones de dólares en cuentas bancarias, barcos y otras pertenencias de seis petroleras europeas y estadounidenses que operan en las islas argentinas, ocupadas militarmente por Inglaterra desde 1833.

El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, había dicho el domingo, a la prensa local, que su país pretendía dar curso al caso como parte de su demanda de soberanía sobre las islas, algo que Reino Unido rechaza.

“Siempre hemos sido muy claros de que esta es una afirmación de jurisdicción ilegal, que rechazamos, y que llevaremos ante las autoridades apropiadas”, dijo la portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores británica, cuando se le preguntó por la reacción de Londres.  “Estamos satisfechos de que las islas tengan el derecho a desarrollar sus hidrocarburos como un emprendimiento comercial legítimo con empresas de gas y petróleo, y seguiremos apoyándolas en la medida en que avancen. La ley local argentina no se aplica a las islas Fal-klands (Malvinas)”, añadió.