"Imaginate vivir en una meritocracia" propone la publicidad de una reconocida marca de autos y que en estos días se viralizó por las redes sociales. Una publicidad que es también una marca de época. "La idea de meritocracia es profundamente selectiva, antipopular y traducida en una política educativa es inconstitucional porque ataca al derecho universal a la educación", opina la educadora Adriana Puiggrós sobre este concepto que hoy pisa fuerte la educación argentina. Un día antes de la gran marcha por la educación pública que llenó las calles de Buenos Aires, Puiggrós estuvo en Rosario dictando un seminario de formación docente sobre financiamiento educativo. El tema que considera que es el central de todos los debates.

En noviembre del año pasado, cuando era diputada de la Nación, Puiggrós presentó un proyecto de ley de financiamiento educativo impulsado por la Ctera que propone elevar al 10 por ciento del PBI lo destinado a la educación, discriminando un 8 por ciento para la escuela obligatoria y un dos para los estudios superiores. Ahora, el 23 de mayo próximo, la Ctera lanzará una campaña (ver aparte) para que la iniciativa se trate en el Congreso de la Nación y se apruebe lo antes posible. De no hacerse, en noviembre próximo perderá estado parlamentario.

También por iniciativa de la pedagoga, el año pasado se aprobó una ley que modificaba la norma menemista de educación superior para dejar en claro, entre otros principios, que la educación superior era gratuita y abierta a todos quienes terminaban la escuela secundaria. El rector de la Universidad Nacional de la Matanza —no afín al gobierno de entonces— consideró que esa norma violaba el principio de autonomía universitaria y presentó un recurso de amparo. Esta semana se conoció que el juez federal Pablo Cayssials falló a favor de ese pedido, pero con una decisión que avanza y pone en riesgo principios históricos y democráticos de la universidad argentina. "La enseñanza superior no debe ser generalizada, sino sólo disponible sobre la base de la capacidad que habrá de valorarse con respecto a los conocimientos especializados y la experiencia de cada cual", dictaminó el juez federal.

Al cierre de esta edición se conocían las declaraciones del ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, apoyando el fallo de Cayssials, al afirmar que "el ingreso irrestricto responde a una ley demagógica del anterior gobierno".

La doctora en educación Adriana Puiggrós asegura que la idea de meritocracia que or estos días gana por igual el mercado como las políticas públicas ya se visualiza en estas intenciones de instalar medidas "excluyentes y discriminadoras" en el acceso a la educación pública.

—¿Qué anticipa para el campo educativo la publicidad que defiende la idea de la meritocracia?

—Educar con una idea de meritocracia es educar para la competencia, para competir con el otro. Es lo que dice la publicidad de Chevrolet: la educación significa una carrera que tiene como meta obtener ese producto, al que acceden unos pocos. Eso te dibuja un sistema educativo piramidal, donde llegan quienes consigan pasar los obstáculos que tengan en el camino, entre ellos exámenes excluyentes y discriminadores. Eso ya se visualiza en el rumbo que tiene esta política educativa; de hecho estamos avanzando mucho hacia poner un examen de ingreso a las universidades. La idea de meritocracia es profundamente selectiva, antipopular y una idea que traducida en una política educativa es inconstitucional porque ataca al derecho universal a la educación.

—Esto está claro en el reciente fallo del juez Pablo Cayssails a favor de un ingreso restringido en las universidades.

—Muchos rectores, consejos directivos, docentes y estudiantes ya están reaccionando ante este fallo, porque muchas universidades tienen ciclos de iniciación, de nivelación que funcionan muy bien y no son discriminadores, sino que ayudan a los estudiantes a ingresar fortalecidos a las carreras. El sentido de la ley frente a la cual se está amparando la Universidad Nacional de la Matanza es que todos los que terminan el secundario pueden ingresar al sistema de educación superior. La ley también contiene la gratuidad superior de grado. Todos los cálculos muestran que si se arancela la universidad va a quedar fuera por lo menos el 30% de los estudiantes. El sentido de quienes están a favor del arancel es puramente ideológico. No es un problema de financiamiento, es ideológico. Es una idea meritocrática. Además la misma norma modificatoria de la ley de educación superior del menemismo establece la responsabilidad del Estado en materia de educación superior, es decir no son sólo las universidades, son también los institutos de formación docente y técnica. El sentido es impulsar que se organice el sistema de educación superior, que haya vinculaciones fuertes entre los institutos y las universidades, y no que existan las instituciones aisladas. El sentido aquí de la autonomía es que estas instituciones tengan vínculo con la sociedad. En cambio con este amparo lo que están dando es el sentido de la autonomía del mercado, porque están adhiriendo a la posibilidad que las universidades pongan arancel, hagan convenios con un sentido mercantilista. Y eso la ley modificatoria lo impide. Por ejemplo, que las universidades trabajen para desarrollar patentes que después son propiedad de una empresa privada o bien que contraten a una fundación o una ONG para que capacite a los docentes. O que Monsanto decida en las currículas de agrarias o que el Banco Santander esté a cargo de la cuenta sueldo de los docentes de la Universidad de Buenos Aires.

—La recuerdo en muchas conferencias y declaraciones advirtiendo sobre el avance del mercado en la educación, también de que la miraran raro por eso. Y hoy están otra vez en la agenda el arancelamiento universitario y el ingreso limitado.

—Yo tengo como un vértigo cuando pienso cómo fue que esto pasó, qué ocurrió! En realidad, ya lo vienen advirtiendo desde hace más de veinte años pedagogos norteamericanos, como Henry Giroux, Peter McLaren o Michael Apple, que son del núcleo de los radicals, una izquierda moderada. Ayer revisaba un libro de Giroux del 91 donde advierte del avance de las corporaciones en la educación en EEUU. En la década Kirchnerista se tomaron grandes medidas de orden nacional, popular democrático respecto a la educación, también de las paritarias. Pero al mismo tiempo no se advirtió el avance de las corporaciones y cuando abrimos los ojos estaban adentro de las instituciones. Me acuerdo hace un año en una conferencia mencionar lo del Banco Santander y que me miraran pensando "qué cosa está diciendo".

—¿Por qué es tan importante el debate por el financiamiento de la educación, que se apruebe la nueva ley?

—La ley magna es la ley de financiamiento educativo (LFE). Es la ley por la que hay que pelear, porque es un compromiso de política educativa. Marca las grandes líneas más allá de quién esté. No es simplemente una inversión a secas que aumente el presupuesto, sino que implica un desarrollo de metas, una postura político educativa, que la Ctera marca muy bien. Es la ley que contiene a las demás. Es la que ordena a la educación obligatoria y a la educación superior: (del 10 por ciento al que se pide llegar) son el 8 por ciento para la primera y el 2 por ciento para las universidades. Separar el porcentaje ya es un criterio.

—Resulta entonces preocupante que todos los ministros de educación del país hayan acordado metas para "una revolución educativa" manteniendo el mismo presupuesto, del 6 por ciento del PBI, tal como firmaron en febrero pasado en la Declaración de Purmamarca.

—Ahí, cuando firmaron, los ministros bajaron la cabeza.

—En enero, en una visita protocolar a Mendoza el ministro Esteban Bullrich declaró que "hay que cerrar institutos de formación docente, hay muchos, son 1.300 en todo el país", declaraciones que reproduce en su propia página (estebanbullrich.com) ¿Qué opina sobre este anticipo?

—Me parece terrible. Es parte de una locura, de una provocación constante a la docencia. Cómo va decir que hay demasiados institutos de formación docente donde hay provincias donde faltan docentes. Y aunque no faltaran. El ministro que quiere cerrar institutos de formación docente es el mismo que después viaja a San Juan y se retrata junto a la estatua de Sarmiento, diciendo que hay que reinterpretarlo y defender a los maestros.