Cuantos miles de jubilados se han visto en la necesidad de iniciar interminables juicios para que se actualicen sus haberes y a pesar de obtener fallos favorables deben esperar largos años hasta que la cámara se digne a confirmar las sentencias, habiendo soportado la mayoría de las veces otros juicios por ejecución de sentencias por las ya consabidas apelaciones de la Ansés. Pero por suerte existen excepciones a la regla, tal el caso de la madre de la presidenta, quien inició su trámite el 5 de marzo del 2008 y en poco menos de tres años logró el reconocimiento de una sentencia firme, sin apelación por parte de la Ansés, otorgándole un reajuste y el pago del retroactivo de su pensión, habiendo jubilados de edad avanzada que ya llevan más de una década de espera sin haber logrado su reconocimiento. Por cierto que no deja de ser indignante este trato preferencial, por lo que solicitamos que esta premura se vea reflejada en la totalidad de las causas pendientes que hoy superan las 470.000 demandas y no la infamia de continuar demorando el pago de las sentencias según se comprometiera la Ansés y el Estado nacional ante la CIDH de la OEA, salvo el dudoso privilegio y no seguir como hasta ahora, logrando paralizar miles de juicios en segunda instancia de las cámaras federales de la seguridad social, de las cuales nueve jueces de las tres salas se hallan cuatro recusados, especulando con la pronta muerte de los jubilados. Esto no es más que otra muestra a la adscripción al favoritismo, dejándonos sin la igualdad y la equivalencia que deberíamos tener en este país frente a las leyes que rigen nuestros derechos y garantías, según el artículo 16 de Constitución nacional de igualdad ante la ley en este caso como cualquier ciudadano de la República Argentina.
