El crecimiento en el nivel de empleo registrado en el país y la región en la última década modificó el mapa de relaciones en el mundo del trabajo. Pese al traspié que en este proceso provocó la crisis de 2009, donde los reclamos por sostener las fuentes laborales estuvieron a la orden del día, los juzgados laborales de la región asisten a una diversificación en las acciones judiciales, vinculadas no sólo con la lucha concreta por los puestos de trabajo sino también con el ejercicio y el restablecimiento de derechos de los trabajadores.
Esta suerte de nuevo escalón en cuanto al ejercicio del derecho, casi impensable diez años atrás cuando el fantasma del desempleo inhibía cualquier reclamo de estas características, choca con el colapso de la justicia laboral en Rosario, que sólo tiene nueve juzgados de trabajo con un promedio —en lo que va de 2012— de 2.573 causas nuevas cada uno.
Esta realidad disparó un duro cuestionamiento hacia el gobierno provincial por parte de la Asociación de Agobados Laboralistas de Rosario (AALR), quienes consideran que se va camino hacia una privatización de la resolución de los conflictos laborales en Santa Fe, promoviendo la mediación laboral en detrimento de los juicios laborales. “Hay decisiones políticas que buscan la neutralización del fuero del trabajo”. Así lo expresó el secretario de la organización Diego Boglioli, quien acusó a las administraciones provinciales de los últimos años, socialistas y justicialistas, de impulsar “una política de deslaboralización y desjudicialización del tratamiento de los conflictos vinculados con el trabajo, cuyo principal afectado será el trabajador”.
“El problema de la Justicia del trabajo no es cuantitativo o de falta de producción de sentencias”, señaló el presidente de AALR, Jorge Elizondo y precisó que “los procesos judiciales en materia laboral no abarcan solamente los cobros de pesos o despidos, ni tampoco— aunque crecieron bastante— los juicios por accidentes o enfermedades del trabajo. Hay un montón de razones por las cuales los trabajadores van a juicio como consecuencia del crecimiento económico y de la mayor cantidad de personal empleado”, dijo y citó que muchos empleados en plena actividad “hoy se atreven a accionar contra sus empleadores por diferencias salariales, por reconocimiento de categorías, por acciones de discriminación tanto personal como gremiales o por el cumplimiento de condiciones de trabajo”, agregó.
Elizondo reconoció además que no todas las acciones buscan una reparación económica sino el reconocimiento de derechos. “En los casos de discriminación laboral o gremial lo que se plantea es la nulidad del despido y el reintegro al trabajo y no una reparación económica”, aclaró.
crecimiento y litigios. Este nuevo mapa de litigios que por efecto de un mayor nivel de empleo ahora puebla los juzgados laborales, provocaron un incremento sustancial de las causas que ingresan en este fuero y un colapso que no sólo denuncian abogados y jueces sino además padecen los propios trabajadores cuyos derechos, según la propia Corte Suprema de la Nación, deberían estar tutelados por la Justicia laboral.
Según datos de la mesa de entrada única de los tribunales provinciales de Rosario, al 8 de noviembre de 2012 habían ingresado a los 9 juzgados laborales de Rosario 23.161 causas, contra 4.000 de la ciudad de Santa Fe, que cuenta con 5 juzgados. Con ese número, cada juzgado local de ese fuero tiene en promedio 2.573 causas nuevas, además de las ya existentes, contra 800 promedio en la ciudad capital, sentenciaron.
En tanto, al distrito civil y comercial de Rosario ingresaron en ese lapso 17.628 causas repartidas en 18 juzgados, lo que arroja un promedio de 979 causas por juzgado.
Según precisaron desde AALR, en el mismo lapso —enero a noviembre— de 2007 por la mesa de entrada laboral rosarina ingresaron aproximadamente 10.800 causas (menos de la mitad que las de este año) para la misma cantidad de juzgados.
“El juzgado laboral Nº 9, que fue el último que se creó data de septiembre de 2006. Hace seis años que no se crea uno en Rosario”, dijo Boglioli y señaló que entienden que esto no obedece a un tema presupuestario “sino de una decisión política”. Al respecto expresó que a fines del año pasado la Legislatura santafesina aprobó la creación de 610 de cargos para el fuero penal. “Nos parece bien la reforma penal pero algo anda mal y los perjudicados son los trabajadores”, denunció el abogado y señaló que éste debería ser un tema de preocupación para gremios y sindicatos porque “la mora judicial está promoviendo los arreglos rápidos y no siempre esto representa una ventaja para el trabajador”, agregó.
“En Santa Fe no hay una tutela judicial efectiva y esto va en perjuicio de los trabajadores”, denunció Boglioli “porque el laboral es el fuero protectorio que está diseñado especialmente para la defensa de los derechos de los trabajadores y no para la defensa de los derecho de empresas o jueces”, agregó.
Sin embargo, el tema alcanza una categoría superior si se lo inscribe en el marco de un sistema republicano de gobierno. “Si uno de los poderes está colapsado y el otro no hace nada, estamos ante una crisis republicana”, sentenció Carlos Lorenzo, profesor titular de la cátedra de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
Para Lorenzo, en la provincia se asiste a un “deterioro del fuero del trabajo por intereses económicos y políticos” y no por falta de recursos. De hecho, los números aportados por AALR sobre el presupuesto asignado para otros fueros habla de una clara decisión sobre cómo se asignan los recursos para la justicia santafesina.
“Estamos ante una situación crítica”, dijo Lorenzo y explicó que “no se puede esperar un año y medio o dos para una primera audiencia en un juzgado laboral”. De hecho, el artículo 51 del Código Procesal Laboral establece un plazo no mayor a 30 días luego de contestada la demanda por el empleador.
¡Haceme juicio! Un documento elaboradopor AALR señala que “los juicios laborales deberían caracterizarse por su celeridad (dada la urgencia que tiene normalmente cualquier trabajador ara percibir salarios y/o indemnizaciones) pero en la práctica se extienden durante no menos de dos años llegando en no pocos casos entre cuatro y seis años”.
Ante esta situación de la justicia “son los propios empresarios incumplidores quienes muchas veces alientan y amenazan a los trabajadores con la habitual frase: «¡Haceme juicio, total demora años!»”, expresaron en el documento.
Para Lorenzo, esa forma de relegar a la justicia laboral, queda expresa en un ejemplo concreto. “En la Corte Suprema de Justicia de la provincia no hay ningún miembro, ni relator especializado en temas laborales y estas cuestiones son atendidas por penalistas. Esto es realmente serio”, dijo.
justicia e injusticia. La realidad concreta es que el colpaso de los juzgados laborales termina convirtiéndose en un boomerang para el trabajador, que va en busca de justicia y se enfrenta a situaciones de injusticia: los tiempos se dilatan y los beneficios se licuan con el tiempo. Para el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio, “el colapso de la justicia laboral de Rosario está enmarcado dentro del colapso de todo el Poder Judicial”.
Explicó al respecto que en Mendoza existe un juez laboral cada 28 mil habitantes, en Córdoba uno cada 29 mil, en Capital Federal uno cada 35 mil habitantes. En tanto, en la provincia de Buenos Aires asciende a un juez cada 70 mil habitantes mientras que en Rosario y un magistrado laboral cada 130 mil habitantes. “Esto afecta a los clientes y los abogados, que son el fusible y hacia quién los demandantes se quejan”, señaló el directivo en defensa los profesionales del sector.
Del Vecchio recordó además que desde 2005 a esta parte, “creció un 100 por ciento la litigiosidad en materia laboral” y como única respuesta, hace pocos días se sancionó en la Legislatura una ley —de pronta promulgación— para crear un nuevo juzgado laboral para Rosario con 20 cargos.
Estos temas fueron eje de debate y generaron un nueva polémica con el gobierno provincial en el marco de las jornadas de análisis y debate sobre la justicia del trabajo santafesina organizada por AALR. Al encuentro fueron invitados —y habían confirmado su participación— el presidente de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Rosario, Enrique Girardini, el vicepresidente del Colegio de Magistrados del Poder Judicial de Santa fe, Ariel Ariza y el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Santa Fe, Juan Nucci, además de Del Vecchio y Lorenzo.
Los primeros tres panelistas desistieron a último momento de asistir a debatir sobre este tema, el primero de ellos mediante una carta argumentando el disgusto que le provocó una solicitada de los abogados laboralistas en torno a la crisis de la justicia laboral.
Elizondo señaló que “en una población como Rosario que supera el millón de habitantes, con la cantidad de empresas e industrias que existen, crecen los conflictos en forma exponencial y los juzgados son los mismos”.
Recordó que en Villa Constitución no existe un juzgado laboral sino un juez civil y comercial y en Cañada de Gómez una sola magistrada atiende todos los casos. “En muchos lugares existe el juzgado de fuero pleno algo que aenta contra el principio establecido en el artículo 20 de la Constitución provincial que establece el fuero específico”, agregó Elizondo.
Traspaso de funciones. Los abogados laboralistas consideran que este proceso que hoy atraviesa el foro laboral es similar al proceso privatizador de las empresas públicas en la década neoliberal de los 90. “Se está llevando adelante una deslaboralización y desjudicialización de los tratamientos de los conflictos laborales”, denunciaron.
En el primer caso, habilitando mediante una ley de reforma del poder judicial, el traspaso de pequeñas causas judiciales a los juzgados civil y comercial. En el segundo, caso, promoviendo la instancia de mediación que ya existe en otros foros, que consiste en un procedimiento de conciliación semi privada prejudicial.
“Aunque el gobierno no lo reconozca hay un proyecto de ley en danza de mediación laboral”, señaló Boglioli y explicó que como ocurrió en la década del 90 como justificación para la privatización de los ferrocarriles del Estado, “aquí se está dejando que se derrumben los juzgados de trabajo para que la gente pida a gritos la mediación y en lugar de que los conflictos laborales sean tratados por los jueces de ese fuero lo harán mediadores privados”, cuestionó. •
