La causa por la trágica emboscada a la barra brava de Newell’s ocurrida
hace ya 12 días y que le costó la vida a Walter Cáceres, un chico de 14 años, se quedó ayer sin
juez que la investigue. Es que la jueza Roxana Bernardelli, quien desde el mismo momento del hecho
se hizo cargo de las actuaciones y avanzó en el esclarecimiento del episodio con distintas medidas
procesales, tuvo que pasar los expedientes a su par Raquel Cosgaya, magistrada que en su despacho
tiene abierta una causa anterior en la que está acusado el principal implicado en el atentado
contra los micros leprosos. Sin embargo, esta jueza ya se había excusado de trabajar los casos
relacionados al club del parque Independencia después de haber sido notificada por la misma policía
de que el ex jefe de la barra rojinegra, Roberto Pimpi Camino, la amenazó de muerte. Así las cosas,
será la Cámara Penal la que deba decidir en que oficina continuará la pesquisa.
Ayer, fuentes tribunalicias indicaron a La Capital que la decisión adoptada por
Bernardelli, jueza de Instrucción número 1, “se aferra a derecho”. Es decir que está
contemplada en el procedimiento penal. Hasta ahora la magistrada había abierto tres expedientes
conexos: uno por el atentado propiamente dicho al micro de la barra y el homicidio de Walter
Cáceres; otro por la tenencia de arma de guerra en poder de cuatro de los detenidos por el caso; y
un tercero por la denuncia de violencia doméstica hecha por la joven pareja del principal implicado
en el fatal episodio, Carlos Fernando Chino Fleitas.
Pero antes de que todo esto ocurriera, el acusado ya tenía abierta una causa por
portación de arma de uso civil en el juzgado de Instrucción 6, a cargo de Raquel Cosgaya, motivo
por el cual ésta debería acumular los nuevos trámites. Algo que no será posible porque la jueza se
excusó “para preservar la imparcialidad ante un caso” que roza a quien le profirió
graves amenazas (ver aparte).
Apoyo y dudas. Al conocerse la resolución judicial, voceros del gobierno
santafesino se mostraron cautos y sostuvieron que, “aunque se seguirá de cerca el acontecer
de la causa como se ha hecho hasta ahora” debido a las implicancias que la misma puede tener
por la participación de la policía en los hechos, “no se interferirá en la independencia de
los poderes” y se respetará lo que la Justicia determine.
Sin embargo, desde otros ámbitos se comentó ayer que “este tipo de
medidas, por más legales que sean, dan idea de que son para entorpecer la investigacion y
queda la sensación en la gente de que nadie quiere agarrar la causa”.
Paso a paso. Fue pocas horas después de la muerte de Walter Cáceres que la
historia empezó a salir a la luz. Una joven, víctima de maltratos domésticos, se presentó ante la
jueza Bernardelli no sólo para contar las palizas que recibía a diario de parte de su pareja, el
Chino Fleitas, sino para denunciar que había escuchado cómo éste planificaba por teléfono el golpe
contra los micros rojinegros. Y además, cómo aseguró a su interlocutor haber cumplido con el ataque
pactado por una paga de 10 mil pesos. Asimismo, la chica dijo que su novio era vendedor de drogas
de la banda de Los Monos y que lo hacía con la complacencia de autoridades de la comisaría 11ª,
donde pagaba 3 mil pesos por mes para poder trabajar sin ser molestado. Inmediatamente, desde la
Jefatura de la Unidad Regional II se descabezó a la seccional de barrio Saladillo.
Esa denuncia llevó a la jueza a ordenar una serie de allanamientos en busca de
Fleitas. El muchacho no fue encontrado ese día, pero terminaron detenidos sus tres hermanastros
como presuntos partícipes de la mortal emboscada: Pablo A., y Emilio y Jonhatan C. Además fue
apresado un tío del Chino, el policía Guillermo A., de 44 años, sospechado de haber provisto las
armas para el ataque.
Otro procedimiento se realizó después de una denuncia anónima que ingresó a la
central de emergencias 911 en la que se alertaba sobre la presencia de hinchas rojinegros armados,
entre ellos Pimpi Camino, en una estación de servicios de Presidente Perón y Provincia Unidas. Una
unidad de la Patrulla Urbana llegó al lugar y apresó a Ernesto Javier A., Mauricio Andrés C.,
Walter Hugo S. y José Luis O. En el vehículo del primero los policías hallaron una pistola calibre
9 milímetros. Las pericias indicaron que esa arma fue usada en el ataque a los micros aunque su
dueño lo niega, aduce no haber estado en Rosario el día de la emboscada y que “le cambiaron
las vainas” utilizadas para los peritajes.
En este sentido, ayer trascendió que la jueza Bernardelli solicitó mediante un
oficio que se le remita la grabación de la llamada anónima que denunció la presencia de los hinchas
armados en la estación de servicios. Sin embargo, desde la policía se le respondió que aquel
llamado, realizado a las 20.27 del viernes 5 de febrero, no quedó registrado en la central porque
la grabación es selectiva y muchos de los llamados quedan afuera.
A Jefatura. Hernán Tasada, abogado del padre del chico asesinado en la emboscada a
los micros de Newell’s y de Diego Panadero Ochoa, actual líder de la barra rojinegra, aseguró
ayer que sus clientes se presentarán hoy en la División Judiciales de la policía para
“declarar en el marco de la pesquisa y ponerse a disposición de la investigación”.
