Mi hijo Lautaro fue vacunado el 25 de marzo de 2003 con la Sabin oral cumpliendo con la obligación del plan nacional de vacunación. Como consecuencia directa e inmediata contrajo poliomielitis de tipo tres asociada a dicha vacuna. A partir de enterarnos de la enfermedad de Lautaro, comenzamos a interiorizarnos del problema y lograr una mejor calidad de vida, ya que el daño causado es irreversible, así como tratamos de ayudar al resto de los padres para que se les informara cuáles podían ser las consecuencias de aplicar dicha vacuna. Así hemos expresado en distintos medios de comunicación de cómo el Estado nacional, municipal y provincial deberían informar al respecto y tener los padres la posibilidad de elegir vacunar a sus hijos con la vacuna Sabin oral o la Salk. Sin perjuicio de lidiar con este problema familiar y tratar de seguir adelante hemos reclamado al Estado nacional, provincial y municipal vía administrativa; por supuesto nos hemos encontrado expuestos con funcionarios públicos y profesionales de toda índole y las respuestas han sido negar el daño causado a nuestro hijo y a la familia, y determinar que lo que le pasó a mi hijo es un caso fortuito. Ahora bien, si la función del Estado nacional es garantizar la salud, el derecho a informarnos, el derecho a reparar el daño causado a sus habitantes y demás garantías, en nuestro caso, ¿quién garantiza nuestros derechos?
