El gobierno entrerriano intimó a la firma Bema Agri BV a cesar sus actividades en una isla de Victoria, frente a Villa Constitución, donde esta empresa de capitales extranjeros ha desarrollado, desde hace al menos siete años, actividades de siembra, fumigación, construcción de terraplenes, corte y desvío de cursos de agua, silos y otras dependencias para almacenar los granos de maíz, sorgo y soja que allí se cultiva. La medida se tomó a raíz de la fuerte repercusión mediática del reclamo ambientalista en cuanto al avance agrícola en el humedal, y la consecuente de este pulmón verde.
La iniciativa en la isla Irupé, de unas ocho mil hectáreas rodeadas por los arroyos Estévez, San Lorenzo y Los Laureles, arrancó con una millonaria inversión en diciembre de 2005, tras la conformación de una sucursal de Bema Agri en Argentina, a cargo de dos holandeses domiciliados en Capital Federal.
En 2008, personal policial y de la delegación de Islas de la Municipalidad de Victoria detectaron los movimientos de tierra que se estaban haciendo en el lugar. Se labraron actas elevadas al municipio y éste las remitió gobierno provincial. Pero ninguno estuvo a la altura de las circunstancias.
Desde entonces hubo intimaciones vanas, pedidos de informes, derivaciones de responsabilidades, y corrieron tiempos burocráticos que en definitiva terminaron abonando los prolíficos cultivos de sorgo, maíz y soja. El caso también llegó a la Justicia, en principio a través de amparos ambientales desestimados porque, para los magistrados intervinientes, es el municipio el que tiene la potestad de exigir el cumplimiento de las normas locales vigentes por la vía administrativa.
Potestad. Cabe aclarar que las islas frente a la costa santafesina pertenecen al gobierno entrerriano, aunque Victoria tiene potestad sobre ellas. Por lo tanto, cualquier emprendimiento privado que se pretenda hacer sobre estas tierras vírgenes debe pasar por el cedazo de la administración provincial, y fundamentalmente aprobar estudios de impacto ambiental, máxime teniendo en cuenta que se trata de un patrimonio natural invaluable, declarado como área natural protegida en 2003, a través de la ordenanza municipal 2.185.
En febrero de 2005 —10 meses antes de que se conformara la sucursal holandesa—, el Concejo victoriense sancionó la norma urbanística (Nº 2.472), que prohíbe sembrar en las islas, entre otras restricciones tendientes a conservar la biodiversidad del humedal.
También existen al menos dos ordenanzas posteriores a la radicación de la firma extranjera Bema Agri BV en las islas, y que afectan su actividad: la número 1.787 de 2008, que establece que “la construcción, modificación de la topografía y alteración del ecosistema queda supeditado a la aprobación del Concejo Deliberante”, procedimiento que la empresa no llevó a cabo, y la número 2.790, sancionada en 2009, que fija las pautas para la fabricación, depósito, almacenamiento y aplicación de agroquímicos.
Impacto ambiental. Bema Agri BV, que figura en la Afip como explotador de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, fue intimada en 2009 por el gobierno provincial entrerriano a “denunciar cualquier actividad que estuviera desarrollando la empresa sobre la zona del Delta, debiendo presentar toda documentación habilitante y estudio de impacto ambiental hechos”. Recién en febrero de 2013, la firma presentó el informe de su “obra de hidráulica de defensa de inundación para producción agrícola con rotación de cultivos. Engorde de bovinos bajo sistema tradicional”.
Y siguiendo con la cadena de dilaciones, la evaluación de ello “se encuentra evaluación por personal técnico”, explicó la Secretaría de Medio Ambiente de Entre Ríos.
El avance de la actividad de la firma se volvió inocultable cuando erigió silos y la estructura de un galpón de importantes dimensiones. Con este “ruido” en el paisaje isleño, recrudecieron las quejas y reclamos de los grupos ambientalistas defensores del humedal.
Inspecciones. Desde la Delegación de Islas de Victoria confirmaron a este diario que, desde que se labró la primera acta de infracción en julio de 2008, esta dependencia jamás dejó de inspeccionar la isla Irupé y que se elvaron a las autoridades las actas correspondientes que dan cuenta del avance agrícola, terraplenado y otras infracciones a las normas vigentes. Sin embargo, la provincia se hizo eco de lo sucedido y ordenó una investigación a partir de la repercusión mediática de las últimas semanas y de las fotos de los contenedores de granos.
Así es como el gobierno entrerriano constató la semana pasada “la presencia de maquinarias de uso agrícolas (fumigadoras, cosechadoras), retroexcavadora: un tinglado en proceso de construcción y una planta de cuatro silos”. Surge entonces “que la firma sigue avanzando con nuevos trabajos de construcción, no obstante la prohibición dispuesta por la reglamentación vigente” y que, “de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 4.977/09, y en consideración que se ha dado inicio a las tareas de construcción sin contar con el Certificado de Aptitud Ambiental, corresponde la aplicación de las sanciones establecidas”.
Finalmente, la resolución dispone “la suspensión total de obras en el marco del proyecto” presentado por la firma ante la secretaría, lo cual “implicará el cese de toda actividad, con la consiguiente prohibición de adelantar actividad alguna en la edificación del proyecto. La medida establecida se establece, hasta tanto el proyecto cuente con el Certificado de Aptitud Ambiental, y previo cumplimiento del procedimiento administrativo correspondiente”, concluye la norma.
