Representantes de instituciones y organizaciones gremiales, sociales y políticas se movilizaron ayer en defensa de los aparceros que trabajan los campos que pertenecieron al fundador de la localidad de Bigand y corren riesgo de quedar en la calle. La manifestación tuvo lugar frente al Juzgado de Circuito y Faltas de distrito Nº 7 de Casilda, a cargo de Laura Babaya, donde se sustancian una serie de causas por desalojos impulsados por la fundación que administra esas tierras.
Si bien la Justicia tomó medidas al respecto como, por ejemplo, impedir sembrar en algunos establecimientos cuyas tranqueras permanecen cerradas con candados, aún no resolvió el asunto de fondo.
La movida de ayer, que se convirtió en una suerte de acompañamiento a una de las familias aparceras que atraviesa por esta situación y fue citada para una audiencia testimonial, se suma a las acciones que se vienen desarrollando para resistir los desalojos y lograr así la renovación de los contratos de aparcería sin modificar sus condiciones.
Se trata de una situación similar a la registrada hace una década, cuando la Fundación Honorio Bigand ensayó la misma embestida aunque sin éxito gracias a movilizaciones populares llevadas adelante.
“Estamos aquí para solidarizarnos y manifestar nuestra convicción de seguir movilizados para que ningún aparcero sea desalojado”, dijo ayer a La Capital el director del distrito 6 de Federación Agraria Argentina, Pablo Paillole.
El dirigente dijo ser optimista de que la Justicia resuelva en favor de los campesinos en base “a la legislación vigente sobre el tema”. Y en ese sentido puntualizó que “no sólo nos asiste la convicción de un reclamo justo, sino la cuestión legal en relación a la agricultura familiar, además de haberse prorrogado la ley provincial que prohíbe los desalojos, razón por lo que estamos confiados que la resolución judicial será positiva”.
No obstante, admitió la preocupación que significa “este proceso que puso en marcha la fundación con el objetivo de dejar en la calle a familias aparceras que lo único que pretenden es seguir trabajando las tierras como lo hicieron durante décadas sus antecesores”.
La cuestionada fundación fue creada tras el legado que dejó al fallecer a su albacea testamentario la última heredera del fundador del pueblo, María Mercedes Octavia Bigand. Si bien su mandato fue que el organismo destinase el producido de las tierras a ayudar a instituciones locales, especialmente la Iglesia, la escuela primaria, el Samco y el geriátrico, y otras obras de beneficencia sin afectar la situación de los “colonos” allí establecidos, en los hechos concretos no sucedió.
“Además de intentar desalojar a los colonos para quedarse con todo y vender las tierras a pooles de siembra, lo que afectaría la economía local, la fundación sólo destinó migajas en ayuda para las entidades del pueblo a contramano de lo que pretendía la señorita Bigand”, aseguran en esta comunidad del departamento Caseros, que recientemente apoyó a instancias de una asamblea con fuerte presencia de representantes de sus instituciones intermedias un proyecto comunal para expropiar los campos y así garantizar que sigan siendo trabajados por los colonos. La iniciativa ya fue presentada a través del senador departamental, Eduardo Rosconi, con el acompañamiento de miles de firmas de vecinos.
