Luego de permanecer estancado durante mucho tiempo, el debate sobre un proyecto de regulación de aplicaciones de transporte como Uber cobra fuerza en el Concejo y por primera vez hay acuerdo en avanzar. La comisión de Servicios Públicos sigue recibiendo a referentes del sector, y es probable que durante el 2023 haya finalmente un acuerdo para tener una ordenanza que legalice el funcionamiento de esas plataformas, que hoy trabajan de manera ilegal en Rosario. Esta semana habrá una reunión especial en ese sentido.
Ayer fue el turno de los representantes de la Federación Argentina de Remiseros, quienes plantearon que no se oponen al avance de la tecnología, pero sostuvieron que si Uber quiere ser legal debe tributar en el país, y utilizar coches que posean licencia. “Uber ni siquiera tiene un Cuit en la República Argentina, por lo tanto genera un daño a la seguridad social y al sistema tributario. Eso produce problemas a las empresas que sí están establecidas, hacen los aportes y pagan los impuestos correspondientes. Nuestra garantía es que la regule la Municipalidad y que esté bajo esa órbita”, dijo al respecto el referente local de la Federación de Remiseros, José Luis Oliva.
Los ediles están terminando de pasar en limpio la comparación de todos los proyectos que fueron presentados en los últimos años, y esta semana se van a dar un espacio de trabajo por fuera de la comisión para avanzar en posibles coincidencias y diferencias. En el Palacio Vasallo se han acumulado cinco propuestas: una del Ejecutivo, otra de la socialista Verónica Irizar, la de la presidenta del cuerpo María Eugenia Schmuck, la que volvió a ingresar Carlos Cardozo de Juntos por el Cambio y una nueva que presentó Miguel Tessandori recientemente.
Si bien todos han mostrado su impronta, todavía no se ha avanzado a fondo y recién ahora comenzará la discusión seria con una línea política común. Después, los asesores técnicos pulirán un borrador. Diferentes fuentes cercanas al debate coinciden en que lo más probable es que salga un proyecto combinado entre el del Ejecutivo y el de Irizar, que tienen perfiles parecidos de regular pero dentro del esquema que sean autos con chapa. Esta es justamente la posición de la mayoría de los referentes que se acercaron a llevar su opinión sobre la materia.
Audiencias
Para hablar del tema, ya pasaron por la comisión el Sindicato de Conductores de Remises (Sicore), y referentes de la aplicación de mujeres taxistas She Taxi. También se tocó la problemática cuando la Cámara de Titulares de Taxis (Catiltar) y la Cámara de Remises de Rosario acudieron a discutir tarifas. Ahora, aguardan que el resto de las cámaras y los sindicatos restantes del sector pidan audiencia también para fijar posición.
Los proyectos de Schmuck (apoyará el del Ejecutivo), Cardozo y Tessandori tienen criterios un poco más amplios, y sus detractores insisten con que bajo la apariencia de poner trabas, en realidad abren la puerta a una legalización más amplia de Uber. No parece haber consenso para una norma de estas características hoy por hoy, puesto que esa posibilidad es rechazada por casi todos los actores del rubro. Pero sí para una que contemple solo las unidades del actual servicio público de transporte, taxis y remises.
“De negarse el tema hasta hace poco más de un año, ahora estamos abriendo el debate. Quizás la ordenanza que salga sea más parecida a la que propone el intendente que a la nuestra, pero no haber dejado nunca de plantear el debate expone que ante el déficit de unidades que hay, se debe de algún modo facilitar esta herramienta”, explicó Cardozo. El concejal pidió, en ese sentido, que “de una vez por todas podamos enfrentar al verdadero elemento distorsionador de la actividad, que son las grandes agencias ilegales de remises truchos”.
El diagnóstico compartido es que ya hay una cantidad muy grande de vehículos con apps circulando por la ciudad, sobre todo de Cabify (que tienen más coches de los permitidos) y en menor medida de Uber. Por eso, el acuerdo es que hay que establecer una legislación al respecto. Quizás se vote en general por todos, y en particular con diferencias. Pero la decisión política de darle un marco regulatorio a un tema que fue siempre muy resistido está por primera vez flotando en el edificio que era la casa del cirujano Bartolomé Vasallo.
