La propiedad es inviolable, dice el artículo 17 de la Constitución. Pero se admite expropiación por razones de utilidad pública, siempre que así se lo determine por ley y que se la indemnice previamente. La ponderación de en qué casos se configura la "utilidad pública" es privativa del Poder Legislativo. Se la señala, tradicionalmente, como una cuestión política no justiciable, es decir que el criterio de los legisladores —no así el procedimiento expropiatorio— no puede ser revisado por los jueces. Ahora bien, más allá de tales requisitos formales, la expropiación no puede interpretarse como un modo normal del Estado de tomar la propiedad de un particular. Ha de haber un motivo muy claro y contundente de interés general que lo justifique. En el caso típico, el de la expropiación de terrenos o inmuebles para construir en esas áreas caminos, autopistas, parques, no hace falta mucha argumentación. Basta indicar que esas fincas se hallan en el lugar donde se levantarán esos espacios públicos. Pero en hipótesis como la de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica), el motivo de la expropiación no surge a primera vista. Se impone, por lo tanto, una detallada explicación y un debate serio sobre los pros y los contras de la iniciativa. ¿Era imprescindible? ¿No había otros caminos? ¿Por qué la Casa de la Moneda no puede cumplir por sí su cometido? ¿No podían comprarse las máquinas necesarias? En todo caso, ¿la expropiación no podía limitarse a esas máquinas? Nada de eso pudo ponderarse. La orden presidencial fue sancionar la ley en forma urgente, sin mayor debate. ¿Por qué? Porque era necesario sacar rápidamente los focos de las luces públicas de Amado Boudou y su banda. No era tanto, me parece, el propósito de obstruir la investigación judicial, porque a esta altura los amigos de Boudou ya pudieron borrar de Ciccone todas las huellas comprometedoras. Es difícil que el objetivo se cumpla. Cada vez aparecen nuevos elementos que complican la situación de ese grupo feliz de amigos marplatenses. Si el juez a cargo de la investigación realiza su tarea con un mínimo de diligencia, no habrá cortina de humo ni expropiación que detenga la verdad. Los ribetes escandalosos de este asunto saltan a la vista. Pero el oficialismo se abroqueló en la defensa del vicepresidente, sin ningún entusiasmo, sin ninguna convicción, pero con espíritu de obediencia ciega. No es el estilo que cabe esperar en una república. Una cosa es ser fieles a nuestras ideas; otra muy distinta, ser indiferentes frente a la presunta comisión de delitos. La solidaridad es una virtud; la complicidad respecto de la corrupción, es una falta gravísima, un verdadero atentado contra la democracia.
