Entregaron una ametralladora en el primer día de desarme voluntario

El Ministerio de Seguridad de la provincia recibió ayer la entrega de 25 armas de fuego, entre las que se destacó una ametralladora FMK-5, en el marco del programa de desarme que realiza junto al gobierno nacional para reducir el circuito ilegal en manos de civiles a cambio de incentivos que van de los 3 mil a los 9 mil pesos.

El número estuvo por arriba del promedio que se espera regularmente, ya que muchas personas se acercaron al puesto móvil instalado en la zona sur de la ciudad, que funcionará hasta el sábado en el Club Caova, avenida San Martín 4989, de 8 a 13. Además, allí se desarrollan talleres de prevención ciudadana.

En este tipo de instancias, la mayoría de las armas que se entregan son antiguas, pero también aparecen algunas nuevas. Según las autoridades, entre las 25 entregadas ayer hubo mucha presencia de pistolas y revólveres pero también algunas armas largas como escopetas de caza calibre 12.70 y un Winchester, pero también otras de alto poder, incluida una pistola ametralladora utilizada por la policía santafesina y prohibida para el uso civil. Además se recepcionaron 500 municiones, y unos 20 vecinos de la zona se acercaron a preguntar cómo era el proceso y se espera que vuelvan en los próximos días.

Pero la estrella fue sin dudas la FMK-5, propiedad de alguien que hace mucho tiempo trabajaba en las fuerzas de seguridad y la tenía con su documentación, pero hoy ya no puede poseerla porque la legislación cambió en 1995 y ya no permite tener este tipo de armamento a un civil. Estaba muy bien conservada, pero no la podía transferir ni vender legalmente, entonces la entregó.

La entrega es anónima, y a veces es la madre o algún pariente de un joven que tiene un arma el que lo hace sin que el propietario se percate. La gente se suele acercar a los lugares tímidamente, con el material envuelto en una bolsa de consorcio o una sábana. Mayormente son personas de entre 40 y 70 años, con una gran participación de hombres jubilados y en segundo lugar, mujeres. En algunos casos, hasta con bastones. Un dato no menor, ya que en el país el 98 por ciento de los usuarios legales son hombres.

“La mujer suele ser más sensible, porque entiende que el arma termina siendo un riesgo para su hijo o marido, y el jubilado la posee y no sabe cómo desprenderse, porque no tienen la tenencia legal. Entonces el Estado le da una posibilidad a través de una amnistía penal y administrativa, de modo que pueda acercarse y si lo paran en la calle puede argumentar que va al punto móvil, la entrega de forma anónima y además percibe el incentivo económico que se da a través de un cupón que luego canjea en el banco”, explicó el titular de la Agencia Provincial de Prevención de Violencia con Armas de Fuego, Lautaro Sappietro.

Entre otras historias que pudieron conocerse, que están modificadas para proteger el anonimato, se destaca la de una mujer dueña de un comercio que dijo atravesar una situación económica complicada por la pandemia, y tenía un arma en la casa por herencia. Como si fueran las joyas de la abuela, fue a entregarla para recibir el dinero para poder comer. En tanto, un profesional dijo haber recibido un arma con papeles de manos de la esposa de un conocido cuando esa persona falleció. La aceptó en su momento porque era el deseo del muerto, pero como no le gustan las armas y cree que es peligroso tenerla en su hogar, decidió entregarla.

Incentivos

Dentro del dinero que se da a cambio de la recepción del arma, hay un grupo de 3 mil pesos que integran las pistolas calibre 22, luego lo sigue otra franja de las 9 milímetros que significan 4.500 pesos, y el grupo de 9 mil pesos que constituyen las armas de las fuerzas de seguridad. En el lugar se hace un chequeo para saber si lo que se entrega tiene pedido de secuestro, en cuyo caso no se inutiliza la misma con la prensa y se da aviso a la Justicia para aportársela pero esto de ninguna forma incide en la situación de la persona que la llevó, de la cual no se revela su identidad. El funcionario aclaró que incluso es raro que la consulta arroje un resultado positivo.

“El objetivo es reducir la circulación de armas, dentro de un país con una cultura histórica de no registro que hizo que se acumule un sedimento de armamento viejo, que a veces está en desuso y pasa a circuitos ilegales a través de robos. En 1993 empezó a haber más controles y eso comenzó a cambiar, y de esta manera el armamento ilegal que era invisible ahora está empezando a entrar en la mirada del Estado”, detalló Sappietro.

Se calcula que en el país hay 4 millones de armas en la ilegalidad, mientras que solo un millón está registrada. Desde que se lanzó el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones, dependiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), ya se destruyeron 200 mil unidades. La policía secuestró el año pasado 3.700 armas en toda la provincia en el marco de una cifra récord, y de esta forma en tan solo una semana esperan recibir entre 150 y 200 unidades, para después seguir con los puntos de entrega en Rafaela, Santa Fe y Venado Tuerto.

La planificación incluye además la realización de talleres de difusión y capacitación destinados a la disminución del uso y proliferación de armas de fuego, la sensibilización acerca de los riesgos de poseer una y la promoción de una cultura de la no tenencia de armamento.