La decisión judicial de suspender un millonario contrato municipal a favor de Orlando y Eduardo Terranova, procesados por falsificación de documento público, causó un duro enfrentamiento político en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se cruzaron Juan Pablo Piccardo, ministro de Espacio Público, y Nicolás Caputo, un amigo de Mauricio Macri con fuerte influencia en la Municipalidad porteña.
Piccardo afirmó que el fallo judicial debería acatarse y evitar un papelón político, mientras que Caputo recomendó que se apelara para permitir que los controvertidos empresarios Terranova no perdieran el millonario contrato. Macri se inclinó por Caputo, alegando que si la Cámara Penal ratifica la decisión de primera instancia, los Terranova quedarán afuera y habría que llamar a un nuevo concurso público de antecedentes.
El fallo del juez de instrucción Luis Rodríguez se sostiene en la lógica del derecho penal. Rodríguez afirma que los hermanos Terranova fueron procesados por falsificar documentación pública destinada a la licitación que Macri había lanzado para conceder las distintas zonas de vía pública que hay en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si los empresarios Terranova fueron procesados por esa causa, cómo se puede permitir que una vez obtenida la concesión –a través de un ardid penado por la ley–, los presuntos delincuentes puedan beneficiarse por un contrato obtenido de manera supuestamente ilegal.
Con esta lógica, el ministro Piccardo planteó que el gobierno de la Ciudad debería aceptar el criterio del juez Rodríguez y suspender el contrato ya otor- gado a los hermanos Terranova.
Así también lo evaluó el jefe de Departamento Penal de la Procuración, Augusto Coronel, quien ya había bosquejado un borrador de dictamen convalidando el dictamen del juez Rodríguez. Sin embargo, antes que vencieran todos los plazos procesales, Nicolás Caputo trajo la nueva posición del gobierno porteño y el procurador Coronel firmó un escrito judicial en contra de lo que había sostenido antes. Ahora, el procurador apela la decisión judicial y beneficia de hecho a los hermanos Terranova.
Un fallo clave. En los próximos días, la Cámara de Apelaciones en lo Penal debe fallar respecto al contrato público concedido a los hermanos Terranova. Si la Cámara no cambia abruptamente su posición jurídica, los dueños de Publicidad Sarmiento perderían su zona de vía pública en las calles de Buenos Aires. No hay forma de ejecutar un contrato municipal y multimillonario, si se está procesado por falsificación de documento público. Por lo menos, eso es lo que argumentan todos los libros de derecho penal publicados en la Argentina.
Por Rodolfo Parody
