El Papa visita este fin de semana España en busca de afianzar la relación con el gobierno tras el enfrentamiento por la ley del aborto del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, impulsor también del matrimonio homosexual, en un país con cada vez menos católicos pero en el que la Iglesia conserva privilegios.
Benedicto XVI estará hoy en Santiago de Compostela, coincidiendo con el Año Jubilar Compostelano, y mañana en Barcelona, donde consagrará el templo de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí, en el marco de un viaje apostólico que en España adquirió carácter político.
A pesar de que no se trata de una visita de Estado, el sumo pontífice será recibido en Santiago por los príncipes de Asturias y mantendrá un encuentro con el líder del opositor Partido Popular (PP), Mariano Rajoy.
En Barcelona, mientras tanto, estará acompañado por los reyes y se reunirá en el aeropuerto con el presidente del gobierno, antes de partir hacia Roma.
Obstáculos infranqueables. El Papa llegará a España cuatro meses después de la aprobación de la nueva ley del aborto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, y que el Vaticano calificó de “absolutamente insensata”, y de un “atentado contra la sociedad”.
Se trata de la última medida social impulsada desde que Zapatero llegó al poder hace seis años que provocó una confrontación abierta con la Iglesia católica, contraria además al matrimonio homosexual, legalizado en 2005.
El rechazo del Vaticano, tanto a la ley del aborto como a las bodas gay, se trasladó a las calles, donde miles de personas pertenecientes a los sectores conservadores de la sociedad secundaron protestas promovidas por la Iglesia Católica y el PP.
Días antes de la llegada el pontífice, Rajoy, líder de los conservadores y a quien las encuestas dan hoy como vencedor en las elecciones de 2012, abogó por derogar el matrimonio gay y modificar la ley del aborto.
Estas medidas formaban parte de las promesas electorales socialistas, al igual que el proyecto de ley sobre libertad religiosa, que Zapatero tenía previsto aprobar pero decidió congelar tras la reunión que mantuvo en junio con Benedicto XVI en el Vaticano.
El proyecto propone prohibir los crucifijos o estatuas religiosas en lugares oficiales públicos, como escuelas, hospitales e instituciones, para adaptar la legislación a los cambios de la sociedad española, cada vez más plural tras la llegada de más de cuatro millones de inmigrantes.
Aunque la Constitución española establece un Estado aconfesional, la Iglesia sigue ejerciendo una enorme influencia, incluso cuando la fuerte tradición católica de antaño se ha ido diluyendo en los últimos años.
La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), reveló que el 73 por ciento de los españoles se declara católico en comparación con el 87 por ciento de hace 18 años, mientras sólo un 14 por ciento dice ir a misa los domingos. l (AP y DPA)
