El juez federal Claudio Bonadío dio por cerrada la investigación por la tragedia de Once, en la cual murieron 51 personas el 22 de febrero de 2012, y elevó en consulta a las querellas y a la fiscalía sobre el pase de la causa a la etapa de juicio oral y público.
En esa causa están imputados los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, además de los hermanos Sergio Claudio y Mario Cirigliano, quienes tenían a cargo la concesión del ferrocarril Sarmiento y Mitre por parte de Trenes de Buenos Aires (TBA).
Tras el fallo de la Cámara Federal que agravó la acusación contra los ex funcionarios, el magistrado firmó el cierre de la instrucción y pidió opinión a las partes sobre la posibilidad de llevar la causa a juicio oral y público, dando el primer paso para que esto se produzca.
"Es una excelente noticia para nosotros que la causa se eleve a juicio oral para que los procesados muy rápidamente sean condenados. Desde el primer momento, Bonadío se había comprometido a acelerar la causa en todo lo que estuviese a su alcance", enfatizó Paolo Menghini, padre de una de las víctimas, al conocer la decisión del magistrado.
Inicialmente, Bonadío corrió vista al fiscal federal Federico Delgado y las víctimas agrupadas en las querellas, y luego hará lo propio con los abogados defensores, quienes cuentan con seis días prorrogables por el mismo plazo, y luego el juez estará en condiciones de firmar el pase de la causa a un tribunal oral.
No obstante, antes de elevar el caso a juicio puede que alguna de las partes solicite alguna medida previa, a la que Bonadío puede hacerle lugar o no.
Asimismo, según informaron voceros a la agencia Noticias Argentinas, la semana próxima el fiscal Delgado ya presentará el requerimiento, y también lo harán algunas de las querellas.
La concesión de los plazos, y de haber alguna medida previa al pase a juicio oral, podría darse luego de cumplirse el primer aniversario del accidente trágico, el 22 de febrero próximo.
Agravamiento. El viernes pasado, la Sala II de la Cámara Federal agravó la acusación contra los ex funcionarios y revocó el sobreseimiento del maquinista Antonio Córdoba por el delito de "estrago culposo".
Los jueces agravaron la situación de los ex funcionarios por la expectativa de pena de las figuras penales y en atención a que estrago culposo prevé cinco años de cárcel y el de administración fraudulenta unos seis, con lo cual en caso de ser condenados por la máxima superarían los diez años.
En la misma situación quedaron Pedro Ochoa (titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte entre febrero de 2004 y diciembre de 2007), Antonio Luna (ex subsecretario de Transporte) y Antonio Sícaro (ex titular de la CNRT), quien en agosto pasado había sido ascendido a subsecretario de Regulación Normativa del Transporte y debió presentar su renuncia por la causa: al igual que al resto, se le impuso un embargo de 600 millones de pesos.
A los empresarios de TBA y la firma controlante de ésta, Cometrans, la Cámara los benefició al revocar la figura de asociación ilícita por la cual habían sido procesados en primera instancia y reformular la de estrago doloso por culposo (la cual prevé una menor pena), al considerar que no actuaron con la finalidad que el tren chocara.
Por ello fueron procesados y también van camino a juicio los Cirigliano y quienes estaban en el directorio de la firma TBA.
Por María Laura Cicerchia
