La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York rechazó ayer la decisión del juez Thomas Griesa de ampliar una acción colectiva de tenedores de bonos que demandaron a Argentina por su incumplimiento de deuda en 2002.
El tribunal dijo que Griesa extendió “inapropiadamente” la demanda colectiva de tenedores de deuda impaga de bonos en euros a cualquier inversor que posea esos papeles, en lugar de circunscribirla a aquellos que aún los tienen en su poder. La Corte acordó devolver la demanda a Griesa para realizar audiencias probatorias sobre los daños asociados al caso. El fallo sostuvo que definir qué tenedores de deuda sufrieron daños y cuáles son esos daños es “exasperante”.
Griesa había dado lugar a que todos aquellos tenedores de bonos argentinos en euros en cesación de pagos desde 2002 se puedan presentar como partícipes de la demanda contra el país, por más que se hayan desprendido de esos títulos en el mercado financiero.
Los miembros de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York mostró malestar con esa orden del magistrado, que expande los derechos de una serie de bonos en euros a todos aquellos que los hayan tenido en algún momento, en lugar de sólo a quienes hayan mantenido continuamente esos títulos.
Esta Corte ya había revertido el 10 de agosto una orden similar del juez Griesa que amplió la categoría de bonistas que podían reclamar derechos en otras ocho acciones judiciales colectivas contra Argentina por deuda incumplida.
En este noveno caso la expansión también era demasiado amplia dado que no habría forma de establecer quién estaría cubierto en última instancia por la demanda, dado que los bonos pueden negociarse en los mercados secundarios.
Días atrás, la jueza de Apelaciones Reena Raggi había dado una señal sobre el caso al sostener: “¿Cómo va a ser posible determinar la categoría cuando va a haber transacciones de esos bonos en los mercados secundarios entre la fecha para renunciar a los derechos de acción colectiva y la fecha del juicio?”.
Esto forma parte de la interminable batalla judicial entre el gobierno y un grupo de fondos buitre, liderados por NML Capital, que demandan el pago completo más intereses de los bonos que el país defaulteó en 2002, tras una histórica cesación de pagos por 100.000 millones de dólares.
Argentina reestructuró en dos canjes al 93% de la daeuda pero en julio del 2014 incumplió una orden de Griesa de pagar 1.330 millones de dólares más intereses a los fondos buitre. Posteriormente, Griesa sentenció en junio que Argentina debe pagar 5.400 millones de dólares a más de 500 acreedores que se sumaron a esa demanda, antes de que pueda pagar a bonistas reestructurados. En el marco de ese litigio, acreedores han intentado resarcirse en grupo en trece acciones colectivas, pero los fallos de Griesa han sido revertidos en nueve ocasiones.
