Cuando uno viaja por un tiempo y reencuentra al regreso a la querida Rosario con un alto grado de deterioro en sus fachadas y mobiliario urbano (instalados algunos de ellos no duran ni una semana) da pena, realmente. Existe una impunidad absoluta para aquel que a su antojo y por cualquier capricho adolescente arruina frentes que los sufridos vecinos trataron de mejorar, como también el de los pequeños y medianos negocios que sobreviven aún en medio de una coyuntura de incertidumbre y alta presión fiscal. Claro, no se salvan tampoco edificios públicos, monumentos, contenedores, luminarias. Todo tipo de pintadas con aerosol, robos, destrucciones, pegatinas de carteles publicitarios, las consabidas pintadas futboleras, incendios intencionales, devastan entre otros los carteles del Paseo del Siglo, los del bulevar Oroño, las paradas del (escaso) transporte público que disponemos, espacios verdes y mobiliario urbano en general. No hay custodia preventiva, no hay sanción. Padecemos, o al menos una parte de la población padece, una extraña patología psiquiátrica que asocia toda noción de orden y preservación con el de la "represión". Custodiar y proteger el patrimonio público y el privado parece quedar a cargo de alguna divinidad ignota, ya que la costosa Guardia Urbana poco o nada hace, según los resultados que tenemos a la vista. Y aquí no se trata de una cuestión relativa a la pobreza. Las más de las veces no son los más pobres quienes invaden y destruyen. Se trata de una cuestión educativa y del funcionamiento del poder de policía que, como rol básico, deben asumir el municipio y la provincia Un acto de vandalismo se sucede a otro ya que "no pasa nada": se puede destruir o robar a libre antojo. Una cuestión similar sucede con la inseguridad. Un Estado confundido y ausente, la falta casi total de sanción. Y de tal manera, informa el municipio a través de La Capital que año tras año debe invertir enormes sumas de dinero, (este año 4 millones de pesos) para reparar lo destruido o robado. ¿Tiene esto sentido? ¿Cuántas otras obras y mejoras para los vecinos podrían llevarse adelante con esos millones con sólo custodiar preventivamente y evitar este vandalismo que pagamos entre todos? Otras ciudades del mundo pasaron por este flagelo hasta que en algún momento la autoridad se pone los pantalones largos y asume el rol para el que se los ha elegido y para el que se les paga. La colocación de algunas videocámaras resulta absolutamente insuficiente. ¿Para qué está la GUM? ¿Para qué la marea de agentes municipales y provinciales? Proteger el patrimonio público y privado, premiar al que mejora y sancionar al que roba o destruye no son políticas represivas sino educativas y formativas de una ciudadanía responsable.
