Denuncian serias anomalías en los padrones de Puerto San Martín

Más de 300 personas que figuran en los padrones con domicilios apócrifos en Puerto General San Martín fueron impugnadas para votar. La medida, que podría ampliarse en estos días, se tomó a partir de la denuncia de ciudadanos y de partidos políticos de esta ciudad ante tribunales penales y electorales, a nivel provincial y nacional. El total de electores "señalados" por los denunciantes supera los 2 mil, aunque estiman que habría más del doble de esta cantidad en situación irregular.

Las presentaciones se efectuaron luego de un relevamiento realizado por un grupo de dirigentes políticos locales, el cual reveló que unos 2.580 electores que están inscriptos en la nómina comicial para sufragar en Puerto, en realidad viven en otros lugares. A raíz de ello, pidieron a la Justicia electoral que postergue las elecciones en la ciudad hasta tanto se depure el registro de votantes.

El conteo, que arrojó "graves irregularidades" fue realizado por miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental, que este año postula a la docente Irene Schmidt como concejal y a Adolfo Miñoz a intendente de la ciudad. Con los datos, y en calidad de ciudadanos, se dirigieron junto a otros miembros de la organización al Tribunal Electoral de la provincia, a la Junta Electoral nacional y también al Juzgado de Instrucción de San Lorenzo, a cargo de Eduardo Filocco. También el Frente Puertense y la Unión Cívica Radical local radicaron denuncias en el tribunal a nivel provincial, pero la presentación de ésta última no fue aceptada.

Censo y padrones. La anomalía se detecta a simple vista, teniendo en cuenta que de acuerdo al censo poblacional de 2010 la localidad ubicada a 30 kilómetros al norte de Rosario tiene 13.409 habitantes, mientras que en el último padrón figuran más de 13 mil personas habilitadas para acudir a las urnas. Considerando que la población estudiantil puertense supera los 4 mil alumnos de todos los niveles, es que los denunciantes estiman que en realidad hay una cifra similar o superior de supuestos registros irregulares, es decir, alrededor de un 30 por ciento del electorado.

En su denuncia, los dirigentes de la Asamblea Ciudadana y Ambiental Schmidt y Miñoz, además de Darío Galbán, Rubén Gramajo y Gabriel Gómez Fiori, clasificaron las presuntas faltas en distintas categorías como la de electores que aparecen con direcciones a simple vista inexistentes; aquellos sin domicilio específico y con indicaciones inconsistentes; los que comparten la misma dirección y, por último, votantes cuyos domicilios corresponden a lugares donde no hay vivienda alguna.

La mayoría de los señalados residirían en realidad en la zona norte de San Lorenzo y en localidades como Timbúes, Maciel, La Ribera, Goboto e incluso habría algunos de Chaco, Gualeguaychú y Córdoba. Los ejemplos más groseros de domicilios erróneos en Puerto San Martín se ubicarían a la altura de plazas, instituciones públicas, unidades básicas partidarias o empresas. Los denunciantes registraron direcciones como la del Centro Cultural Municipal, dentro del Centro Cívico, la iglesia, la cooperativa de agua potable, el parque Almirante Brown, la playa de estacionamiento de la firma Bunge y dentro de la Terminal 6, entre otros lugares.

Lo cierto es que de los más de 2 mil electores señalados por los denunciantes, hasta el momento un total de 322 fueron impugnados por el Juzgado Electoral y varias decenas quedaron "observados" tras la visita de veedores a Puerto, para verificar domicilios. Desde la Secretaría del tribunal provincial confirmaron a LaCapital que para hoy estará confeccionada una lista definitiva.

Silencios. "Queremos elecciones limpias, transparentes, porque precisamente esta situación es la raíz de la corrupción en Puerto San Martín. Se invierten millones por año para comprar toda una red de silencio", declaró Gómez Fiori a este diario.

Según la ley 11.627, "desde 60 días antes del comicio, el Tribunal Electoral hará fijar en lugares públicos de las localidades que correspondan la nómina de electores impugnados resultantes de las denuncias admitidas, para que dentro de los 50 días anteriores a la elección se presenten a fin de efectuar por escrito los descargos y aportar la prueba pertinente. La residencia podrá ser acreditada por el o los electores impugnados por cualquier medio de prueba que valorará el Tribunal, excepto la testimonial".

Los que resulten "observados" —en este caso, aquellos que no residan efectivamente en la localidad en la que figuran inscriptos— "votarán en un sistema de doble sobre" y sus sufragios "serán escrutados por la autoridad de mesa y luego de calificarlo anulará la categoría correspondiente a autoridades municipales o comunales".

Una queja con antecedentes

Según el periodista Gabriel Gómez Fiori, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental, las irregularidades en el padrón datan de la década del 80, aunque “se agravaron en la gestión actual. Lo que comenzó como una picardía para sacar fácilmente un carné de conducir se transformó en una posibilidad de manipulación electoral”. Las denuncias radicadas formalmente a fines de mayo último tienen su antecedente en 2011, cuando la misma agrupación hizo una presentación en la Justicia electoral, que no prosperó porque se radicó fuera de término. De todas maneras, ello sentó un precedente porque “el tema quedó expuesto social y éticamente”, afirmó Gómez Fiori.