El matrimonio Kirchner viene produciendo terribles daños a nuestro país. Permanentemente siembran la discordia y propicia el enfrentamiento entre los ciudadanos. Hablan de solidaridad, pero ellos incrementan su patrimonio a partir de los cargos que detentan. Los derechos humanos existen para los miembros de los montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pero no para los de las fuerzas armadas y de seguridad. Ni para aquellos ni para los miembros de las Tres A se propician juicios de Verdad y Justicia. El financiamiento para las fuerzas armadas y de seguridad se ha reducido al mínimo. El enfrentamiento con el sector agrícola ganadero, así como las limitaciones a las exportaciones, los controles de precios, los índices mentirosos del Indec y los negociados con las obras públicas han producido graves daños económicos a todos y al aparato productivo nacional. Se deja de pagar el 4 por ciento al Fondo y se le paga el 15 por ciento a Chávez. Las leyes del Consejo de la Magistratura, de emergencia económica y de los superpoderes han convertido al sistema representativo, republicano y federal en una formalidad que atenta contra la inteligencia. Así el matrimonio presidencial gobierna despóticamente desde el atril, con el sumiso y temeroso silencio de sus partidarios. El veto de la ley de glaciares por parte de la presidente viene a profundizar el régimen minero menemista que regala nuestros recursos mineros a cambio de la contaminación con cianuro de nuestras tierras fecundas y de nuestras escasas aguas en nuestra precordillera y zonas mineras. La única política de Estado es "por la plata baila el mono". Así se apropian de las cajas públicas y privadas para tener fondos frescos para someter por el interés y seducir a legisladores, gobernadores, intendentes, artistas, intelectuales, organismos de derechos humanos y medios de difusión, con astucia y perversidad. Es imperativo que los legisladores nacionales y provinciales, y los miembros de la Justicia y demás funcionarios públicos electos recuperen para sí las funciones que les asigna nuestra Constitución y sean verdaderos servidores del soberano para dejar de ser servidores de la corporación que rodea al despótico matrimonio presidencial cuyo objetivo no es el bienestar público ni la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos sino perpetrarse en el poder.
