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Cordón industrial: rechazaron planteo de la Fiscalía y el juicio oral no se suspendió

Juicios de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario continúa con el proceso por el secuestro y torturas a un ex dirigente gremial municipal de San Lorenzo.

Sábado 13 de Abril de 2013

El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario rechazó ayer el pedido de la Fiscalía de suspender el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el cordón industrial que se les sigue a los ex militares Rubén Cervera y Horacio Maderna, y al abogado Pedro Pili Rodríguez.

La fiscal Mabel Colalongo había argumentado que el juicio oral en curso incluía un solo caso y una sola víctima, por lo cual había solicitado que el expediente se acumulara con la causa que investiga "violaciones masivas de los derechos humanos" en el Cordón, que aún está en etapa de instrucción. Manuel Casado, la única víctima y querellante en el juicio, también había adherido a la petición del Ministerio Público.

"No existe razón suficiente para acceder a lo solicitado por la Fiscalía", sostuvieron los jueces del Tribunal en la audiencia de ayer al leer su resolución.

El Tribunal, integrado por Otmar Paulucci, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, entendió que "los elementos son inciertos para otorgar lo solicitado" por la Fiscalía, y añadió que en el pedido "no existe vinculación con el objeto procesal ni con las personas involucradas en esta causa"

"Nada impide que en esta causa se realice una reconstrucción completa de lo sucedido en este caso con Manuel Casado", señala la resolución en respuesta al planteo de Colalongo.

La fiscal había hecho mención a tratados y jurisprudencia internacionales, y a doctrina y resoluciones locales que señalan la necesidad de acumular causas por delitos de lesa humanidad con el fin de arribar a la verdad histórica de los procesos que permitieron dichos delitos, y también evitar someter a las víctimas y sus familiares a reiterar una y otra vez los testimonios de la pesadilla vivida.

Entre otros argumentos, el Tribunal indicó que "no se vislumbran próximas elevaciones a juicio vinculadas con la presente (causa)" por lo que "no se hace lugar" a la solicitud fiscal.

Atento a que Colalongo había hecho reserva de recurrir a la Cámara de Casación Penal en caso de una negativa del Tribunal, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la suspensión de las audiencias del juicio hasta tanta exista una resolución del tribunal de alzada.

Sin embargo, el presidente del Tribunal, Otmar Paulucci, respondió que como aún la fiscal no elevó el recurso a Casación ya que sólo hizo reserva de ese derecho, las audiencias continuarán hasta que tenga que resolverse esta cuestión.

Así, la audiencia de ayer prosiguió con las cuestiones preliminares previstas, que serán resueltas en una nueva audiencia dispuesta por el Tribunal para el jueves próximo. Entre ellas, la más importante es la planteada por las defensas de los tres imputados para que se declare la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio. En esa audiencia se estima que también podrían comenzar las indagatorias a los imputados.

En el juicio se analiza los padecimientos de una sola víctima, Manuel Casado, ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Lorenzo, que fue secuestrado y sometido a tormentos el 25 de marzo de 1976.

Los imputados por ese caso son el teniente coronel (R) Rubén Osvaldo Cervera y el capitán (R) Horacio Hugo Maderna, ex jefe y subjefe respectivamente del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán, quienes también revistieron como intendente interventor y secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Lorenzo a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. También está imputado el abogado Pedro Alberto Pili Rodríguez, ex asesor del municipio de San Lorenzo durante la intervención militar, quien luego en democracia fue concejal de la vecina localidad y diputado provincial por el peronismo. Al ser procesado, Rodríguez fue destituido del Concejo e incluso en 2009 se le impidió asumir una banca que había obtenido por el Partido Vecinal, por esa misma razón.

Los tres están acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados.

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