Que los vecinos de la zona donde acaban de matar a un repartidor de golosinas se movilicen
pidiendo seguridad tiene legitimidad bienvenida. Que el reclamo esté enfocado hacia políticas de
prevención más presentes le impone a la marcha un eje inusual y saludable. Que los manifestantes
elijan como destinatarias a las autoridades públicas en la materia es una sana apuesta por los
canales de la democracia para resolver conflictos.
Lo que no parece legítimo, ni saludable, ni democrático es que como
destino de la marcha se elija la casa del ministro. Ese es un ámbito privado que nada tiene que ver
con las demandas públicas ni con las respuestas que debe dar el sistema político. Los organizadores
eligen un lugar donde además del ministro Daniel Cuenca viven la esposa y los hijos del
funcionario. Ni ellos ni sus vecinos tienen que responder ni ser blanco de un planteo que no les
concierne.
No hay duda de que los manifestantes tienen intenciones pacíficas. Pero
la eventual aparición de un exaltado —y los reclamos por seguridad siempre atizan las
pasiones— puede convertir un reclamo con sustento en un tiro por la culata sólo por confundir
el sitio elegido para plantearlo.
Los vecinos dicen que se cansaron de presentar petitorios con reclamos
por mayor patrullaje y prevención. La cartera de Seguridad deberá dar una respuesta ante eso y
sobre lo que se hizo en un terreno donde nunca habrá conformidad. Pero el ministro no debe
ofrecerla en su casa. La demanda que los organizadores dicen insatisfecha no concede derecho a
meterse en el sitio errado. Nadie puede pretender enfrentar un peligro generando otro.
El año pasado, en Fisherton, para escrachar al diputado Agustín Rossi
por sus posiciones durante el conflicto de las retenciones, dirigentes rurales le hicieron pasar un
rato horrible a sus hijos. Vecinos opuestos al sancionado Código Urbano eligieron este año la casa
de Miguel Lifschitz para expresar su descontento. Y en 2002 gremialistas hicieron lo mismo en la
vivienda del ex ministro de Educación Alejandro Rébola. Es cuestionable que esta tendencia de
mezclar los ámbitos particulares y públicos se afiance. La expresión ciudadana merece abordaje
periodístico pero ésta exige ecuanimidad. Eso incluye decir lo que no es aceptable.
