Colombia autorizó la eutanasia de un hombre que padecía cáncer

Un hombre de 79 años que sufría cáncer terminal se convirtió ayer en el primer paciente en Colombia en someterse a la eutanasia, después de que el gobierno expidiera en abril un protocolo para ese procedimiento.

   El paciente había recibido el beneplácito de un hospital de la ciudad de Pereira para el procedimiento, pero el viernes pasado una junta médica dio marcha atrás por asuntos administrativos.

   Tras una semana de espera, Ovidio González, de 79 años, pudo cumplir su última voluntad en una clínica oncológica de la ciudad de Pereira, en el centro del país, al día siguiente de que la junta de médicos aprobara el procedimiento. Padecía un cáncer de boca que le había desfigurado el rostro y desde hacía cinco años le causaba un constante dolor insoportable.

   “MinSalud insta a practicar procedimiento de muerte anticipada con alto sentido humanitario” había indicado el Ministerio de Salud de Colombia en un comunicado en el que pedía oficialmente levantar los obstáculos a la eutanasia González.

   La Clínica de Oncólogos de Occidente, la misma entidad que ordenó la cancelación de la eutanasia, finalmente autorizó el procedimiento.

   González era el padre del caricaturista Julio César González, mejor conocido por la firma que plasma en sus trabajos como “Matador”.

   El procedimiento para la muerte de González había sido cancelado el pasado 26 de junio, momentos antes de que fuera implementado. El oncólogo Juan Paulo Cardona había suspendido el tratamiento alegando que el caso no cumplía con las guías del Ministerio de Salud, que especifican que el paciente debe ser totalmente dependiente de cuidados y estar acercándose a la muerte en un futuro cercano.

   Cardona consideró que, aunque la enfermedad de Ovidio González no era curable, él “es un paciente muy funcional” y que no estaba en riesgo de muerte inmediata.

   Sin embargo, Cardona aclaró a la BBC Mundo que la suspensión fue hecha por un comité del que él formó parte. El acta de la reunión donde se decidió la suspensión está firmada por otras tres personas.

   Había buscado en varias oportunidades el amparo del derecho a morir con dignidad y en una entrevista con una radio local reiteró su deseo de que se le practicara el procedimiento de “muerte anticipada”.

   Tras la discrepancia de opiniones profesionales, el Ministerio de Salud emitió su recomendación para “la aplicación de un proceso detallado que debe cumplirse para quienes tienen la obligación de participar en el mismo”. Con esto, la Clínica de Oncólogos de Occidente reconsideró su decisión y dio luz verde a la eutanasia.

   El hijo del paciente, Julio César González, dijo que la familia tomó la decisión del comité “con alivio”. “Este proceso no ha sido fácil para nadie, pero estamos seguros de que este desenlace va a impactar a muchos colombianos que están pasando por la misma situación”, señaló.

   González, que publica sus caricaturas en el diario El Tiempo de Bogotá, confirmó a ese medio que su padre falleció de la forma en que quería.

   “Es lamentable que este primer caso haya tenido que pasar por tanto trámite. Es un doble dolor para mi familia, que ahora ya terminó. Ojalá esto sirva para algo”, dijo González.

   “Yo estoy de acuerdo con la decisión de mi padre. El venía llorando un dolor al que quería ponerle fin, y eso hay que respetarlo. Creo que se está logrando una lucha y abriendo un camino para otras personas que pueden estar en la misma situación”, dijo el caricaturista.

   El protocolo expedido por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, creó comités interdisciplinarios encargados de analizar los casos de forma individual en un proceso en el que interviene el paciente y los médicos tratantes.

   La resolución establece que un médico puede aducir objeciones de conciencia para abstenerse de aplicar la eutanasia, pero que las instituciones de salud están obligadas a cumplir el deseo del paciente, caso en el cual deben derivar el caso a galenos que estén dispuestos.

   Según el ministerio, las instituciones del sector de la salud deben “coordinar las actuaciones para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad” sin interferir “en ningún sentido en la decisión que adopte el paciente o de quienes estén legitimados” para actuar en su representación.

   El Ministerio de Salud expidió el protocolo después de que la Corte Constitucional le pidiera al gobierno la elaboración de una norma que sirva “como referente para los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir dignamente”.

   La Conferencia Episcopal dijo en ese momento que prefería cerrar los hospitales que la Iglesia católica administra en Colombia para evitar que en esas instituciones se aplique la eutanasia.