Gracias a un gran esfuerzo y sacrificio pudimos vacacionar en Europa. Más precisamente en Inglaterra, Francia y España. Fue en último país que nos tocó vivir una experiencia conocida para los argentinos: un paro, piquete o como sea que se llame. La cuestión es que teníamos que volar el día 4 de diciembre por la mañana. La jornada previa se desató un paro general de controladores aéreos. Son esos personajes que se ven en las películas moviendo fichitas (aviones) para que no colisionen. Aparentemente, por lo que pude escuchar aquí, los controladores aéreos trabajan entre 4 y 5 horas diarias. Cobran entre 200 y 300 mil euros anuales. Unos 16 mil euros al mes. También aquí he aprendido que existen en España los "mil euristas". Personas que ganan entre mil y dos mil euros al mes. En resumen, un controlador aéreo cobra lo que cobrarían 16 personas de mil euros al mes. Una cifra nada despreciable. Más allá de la protesta, siempre justificada (aunque a veces no tanto), lo interesante de destacar es la celeridad con la que actuó el gobierno español. El mismo día que comenzó el conflicto dispuso la toma de las torres de control, un mecanismo de alerta. Al no obtener respuestas satisfactorias, al día siguiente y utilizando todas las herramientas jurídicas amparadas por la ley española se decretó el estado de alarma. Esto significa que ante la ilegalidad en la forma de actuar de los controladores aéreos el presidente decretó que los trabajadores que no se presentaran a los puestos de trabajo serían detenidos (con penas de hasta 12 años de prisión), o despedidos de sus empleos. Obviamente, la respuesta fue inmediata. Me asomé a la ventana y comencé a ver aviones en el cielo. Inevitablemente, se me hicieron presentes las imágenes de dos conflictos sufridos en carne propia: los cortes de ruta durante el conflicto por las retenciones y el negado cruce del puente Gualeguaychú-Fray Bentos por el problema con Botnia. Sé que es odioso caer en comparaciones, pero la verdad es que no puedo encontrar explicación alguna a la reacción que manifiesta nuestro gobierno cuando suceden hechos de esta naturaleza. Es decir, más allá de respetar el derecho a la protesta, es inadmisible que el gobierno nacional no actúe con las herramientas legales correspondientes para garantizar la libre circulación de los ciudadanos.
