La jueza penal de Casilda Mariel Minetti definirá la semana próxima si desvincula de la causa a uno de los matrimonios imputados en el sonado caso de los mellizos presuntamente desaparecidos de Zavalla. Así se desprende de la decisión que adoptó ayer en el marco de una audiencia donde, tras dejar sin efecto las restricciones que pesaban sobre la libertad de la pareja, se dio cinco días para resolver si hace lugar o deniega el pedido de sobreseimiento formulado por los abogados defensores de Mariana N. y su esposo Luis J.
La resolución se conocería el miércoles venidero, un día después de que se realice una nueva audiencia donde también el tema central de debate sería el pedido de desvinculación del otro matrimonio incriminado en la causa, el de Andrea N., y Germán S.
El levantamiento de las restricciones a la libertad del matrimonio no tuvo oposición de las partes. La medida posibilita a ambos recuperar la caución depositada cuando quedaron en libertar tras 40 días de arresto domiciliario, les serán restituidos sus pasaportes para poder viajar fuera del país y ya no tendrán la obligación de presentarse cada 14 días para acreditar su residencia.
Claro que diferente mirada generó el pedido de sobreseimiento, rechazado tanto por las fiscales que llevan adelante la investigación, Marianela Luna y Lorena Aronne, como la única apoderada legal de la denunciante que participó de la audiencia, María Bonan.
La jueza justificó el plazo que se tomó para expedirse al respecto al sostener que se trata de "una resolución de trascendencia que equivale a una sentencia judicial".
Argumentos de la defensa. Los abogados Germán Mahieu y Brian Wheeler fundamentaron la petición del sobreseimiento de sus defendidos en la "convicción de que el hecho que se les achaca no existió, y de haber sucedido no pudieron materialmente haber participado" ya que el día que Liliana Montenegro dijo haber sido despojada de sus hijos tras haber dado a luz en una clínica casildense (el 13 de julio) ellos estaban en la localidad entrerriana de Federación, a 550 kilómetros de Casilda.
Los letrados se valieron de fotografías, recibos de pagos, informes de escuchas y mensajes telefónicos, entre otra documentación, para demostrar que el matrimonio estuvo en la semana del 11 al 16 de julio en aquella ciudad.
"No existen dudas de que nuestros defendidos se encontraban imposibilitados de cometer cualquier maniobra criminosa", planteo Mahieu, e hizo hincapié en "las contradicciones" del relato la denunciante sobre la versión de los hechos, así como en la "falta de certezas" para acreditar fehacientemente que la mujer haya estado embarazada.
Las fiscales, en tanto, defendieron sus actuaciones se tomaron el trabajo de refutar argumentos, alegando, entre otras cosas, que las primeras pericias hablaban de signos de embarazo, y que en las ampliaciones no hubo una aseveración contundente sobre la inexistencia del estado de gravidez.
Medida "apresurada". No obstante, el principal planteo para fundar su rechazo al pedido de sobreseimiento fue sostener que tal decisión "sería una medida apresurada ya que recién estamos en la mitad del plazo de seis meses para llegar a la instancia acusatoria de existir elementos suficientes y de no ser así la defensa podría solicitar que se archive la causa".
Para Luna, si la jueza hace lugar a tal requerimiento el caso "será cosa juzgada y se cerrará el proceso penal cuando en realidad la investigación no está agotada y aún restan (conocerse el resultado) de medidas muy importantes que están curso". Similar postura manifestó Bonan al sostener que "sería prematuro" dictar un sobreseimiento.
