Hace rato que empezó para el gobierno la campaña política, desplegando un parafernalio movimiento de propaganda en todas las direcciones y lugares. Las millonarias sumas de dinero que está gastando el aparato oficial es totalmente sustraído de las arcas del Estado nacional, o sea, dinero quitado a los jubilados y a los trabajadores a través del delictivo impuesto a las ganancias. Esto mismo sucedió en las elecciones generales de 2011, cuando la presidenta vetó el 82% a los jubilados porque necesitaba dinero para la campaña que, según datos de gente experta en el tema, entre prebendas, planes sociales, vacacionar, descansar y vaguear se patinaron más de 25 mil millones de pesos. Si a esto le sumamos los dineros para protejer a Ricardo Jaime y otros funcionarios y amigos bajo sospecha de delitos económicos, para mantener a grupos de vividores de la “cultura”, para la compra de legisladores, intendentes y otros negociados (lavado de dinero), estamos al horno; y por eso hoy el país está casi en bancarrota, a pesar de haber usurpado al campo a través de las retenciones 80 mil millones de dólares (700 mil millones de pesos) en estos últimos diez años.
