El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, admitió que el Congreso podría volver a debatir una reapertura del canje de deuda si la Justicia estadounidense contempla un mecanismo de pago a los fondos buitres que no vulnere las condiciones impuestas en la reestructuración de 2010. Esto significa que no podrán tener más beneficios que los acreedores que ya aceptaron el cambio de títulos.
El lunes, el gobierno argentino presentó un escrito solicitando el tratamiento urgente para que se suspendan los efectos de la orden que Griesa otorgó el pasado miércoles a favor de fondos buitre. La presentación hecha ante la Cámara de Apelaciones cuestiona la competencia del juez para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento y, por ende, en este punto el fallo es nulo.
Lorenzino dijo que la presentación fue "contundente" y opinó que si el fallo de Griesa "hubiera estado en línea" con la norma sancionada por el Congreso en 2010, esa decisión judicial "de alguna manera tendría, en términos del derecho interno de Argentina, los visos de razonabilidad necesarios que hicieran que el Congreso pudiera debatir alguna propuesta en ese sentido".
Cerrojo. La legislación para reabrir el canje, votada y aprobada en 2010 por el Congreso, estableció condiciones menos ventajosas para quienes accedieran a entrar a un nuevo canje de títulos, que las acordadas con los bonistas que lo hicieron en 2005.
Lorenzino recordó que el lunes, los abogados que representan a la Argentina ante la Justicia del Estado de Nueva York solicitaron "el tratamiento urgente para que se suspendan los efectos" de la disposición dictada por Griesa el miércoles último.
Irracional. El ministro consideró que el fallo del magistrado "es tan irrazonable" en su pretensión de aplicar la cláusula del "pari passu" que "no hay nada más rayano con la arbitrariedad y la inequidad".
Lorenzino se mostró confiado en una resolución favorable de parte de la Corte de Apelaciones neoyorquina. Subrayó que, mientras se discute la cuestión de fondo, la medida dictada por Griesa debe suspenderse, para permitir que la Argentina pueda cumplir con el pago del 15 de diciembre próximo a los bonistas que entraron en el canje.
El funcionario indicó que la presentación argentina incluye una moción de celeridad, por lo que se espera que en los próximos dos o tres días haya una respuesta de la Cámara y podamos atender los pagos sin ningún problema".
La solicitud presentada ante la Cámara de Apelaciones tiene como eje el mantenimiento de la medida cautelar de no innovar, hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar. Este proceso, en los hechos, se encuentra en pleno trámite a partir de la solicitud de revisión al Plenario del tribunal de segunda instancia que hizo Argentina, y que tendrá continuidad a partir de las órdenes emitidas por Griesa y que deben ser revisadas por la Cámara.
Pedido a la Unasur. En el plano político, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner propuso ayer que en la próxima cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) se debatan temas referidos a "cierto colonialismo judicial", como el que enfrenta hoy la Argentina por presentaciones de los fondos "buitre".
La mandataria se expresó de este modo durante el almuerzo ofrecido en honor al presidente de Perú, Ollanta Humala, quien se encuentra de visita oficial en el país.
Al anticiparlos temas que abordaron ambos mandatarios durante el encuentro bilateral, la Jefa de Estado destacó la necesidad que la Unasur, durante la reunión que tendrá lugar el próximo viernes en Lima, pueda "debatir problemas comunes que hoy tiene la Argentina respecto a cierto colonialismo judicial en cuanto a deuda soberana".
Además, consideró que esta cuestión "les debe interesar a los países que tienen crisis".
De la Sota
El gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, dijo ayer desde Brasil, que en el exterior "tienen derecho a pensar" que "los argentinos no van a cumplir" sus compromisos, pero destacó que existe "otra dirigencia que sabe, siente y comprende". Así lo expresó al participar del Foro de Líderes Empresarios de Brasil en la ciudad de San Pablo. También criticó las trabas a las importaciones.
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