Una jueza penal indagará entre hoy y mañana a un suboficial de la policía provincial detenido el viernes pasado, acusado de matar a un joven de 20 años por la espalda, a quien perseguía tras allanar su vivienda en Empalme Graneros en un hecho ocurrido hace 13 meses que no tuvo difusión pública. La causa de la muerte de Marcelo Lares fue reactivada por un fiscal que determinó que la acción del policía no se encuadra en el marco de una conducta justificada sino que fue un homicidio deliberado: los testigos declararon que la víctima huía corriendo sin estar armada, afirmaron haber escuchado tres tiros que los policías admitieron haber hecho, no se verificó situación de enfrentamiento y un arma que se le atribuyó a Lares no era, según la pericia, apta para disparar. El chico abatido de un balazo en la nuca no tenía requerimiento de detención.
Este episodio, similar a otros ocurridos este año, reedita la discusión sobre del uso de la violencia policial legal de modo ilegítimo y por fuera de toda justificación. Se trata de un asunto delicado: ocurre cuando se constata una resistencia más violenta de personas que se mueven al margen de la ley hacia la autoridad. Pero aquí se trata de hechos donde los policías no actúan en un enfrentamiento, más allá de que lo invoquen, sino en situaciones donde no están en riesgo pero disparan contra las víctimas a quemarropa según constata luego la Justicia.
Distintos actores del Poder Judicial destacan el peligro de que acciones como estas se consoliden abriendo capítulos de violencia estatal letal o ejecuciones extrajudiciales. Algo que no tiene nada que ver con controlar el delito. "No podemos permitir que la policía cometa este tipo de hechos ni que registren impunidad. Se debate sobre el valor social de la sanción penal. En este caso a mi criterio es muy útil, en tanto lleva al policía a adoptar formas de autocontrol de la fuerza letal. Si el policía actúa en un contexto en el que nota que el sistema es permisivo con su ilegalidad no hallará motivos para no repetirla", dijo al respecto el fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini.
Casos. Este año hubo al menos tres casos de este tipo que se sumaron a otros cinco ocurridos el año pasado.
• El pasado 6 de enero a las 23.30 Michel Ramón Cantero, de 23 años, murió luego de robar la moto de un policía que estaba de franco en Granadero Baigorria. La versión policial del incidente consignó que este muchacho, que manejaba el rodado sustraído, murió luego de enfrentar a balazos a policías del Comando Radioeléctrico que lo persiguieron durante varias cuadras. Esa carrera alocada terminó cuando Cantero se estrelló contra un colectivo 103. La investigación judicial determinó que Cantero quedó tirado junto a un arma de juguete. El informe de autopsia indicó que los disparos que recibió fueron tres. Todos ingresaron de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. En principio eso sugiere una ejecución por la espalda y no una situación típica de enfrentamiento: la versión del tiroteo no quedó acreditada. La jueza Alejandra Rodenas caratuló el caso como homicidio calificado. El policía dueño de la moto y su padre también policía quedaron imputados.
• El 3 de marzo pasado Gabriel Riquelme, un joven de 20 años con antecedentes penales, recibió dos disparos cuando volvía a su casa de Villa Gobernador Gálvez tras estar en un boliche de Rosario. Iba con cuatro amigos en un Chevrolet Celta y estaba cerca de su casa cuando comenzaron a ser perseguidos y baleados desde un Fiat Palio en el que iban cuatro policías de civil fuera de servicio. Según la acusación fiscal, actuaron sin identificarse y con las luces apagadas. La persecución se extendió unos 15 minutos a lo largo de cinco kilómetros hasta Pueblo Esther. No hubo enfrentamiento. Riquelme murió de dos balazos.
"En su momento hablé de seudopersecución. Ahora puedo decir que fue una cacería", dijo el fiscal del caso, Adrián Spelta. Tres de los policías están acusados por homicidio agravado. El restante policía que no disparó, de 29 años, ya recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, por encubrimiento.
• El 14 de julio pasado el policía Carlos Eduardo I. disparó por la espalda a dos jóvenes que se retiraban en moto después de asaltarlo en Alvear 150 de Granadero Baigorria. El fiscal Damián Cimino dijo en la audiencia imputativa que era un crimen doloso porque no se constató un intercambio de disparos y si bien existió una agresión inicial ésta, dijo el fiscal, ya había cesado cuando el policía le disparó a Carlos Miño, un chico de 16 años, desde 20 metros dándole en la parte de atrás de la cabeza. El juez José Luis Suárez evaluó que el policía sufrió un ataque ilegítimo que ya había cesado cuando comenzó a disparar, pero que lo hizo confundido al creer que los maleantes le estaban tirando. Lo acusó de homicidio en exceso de legítima defensa.
Calle difícil. "La policía está en la calle en una tarea difícil y debe tomar decisiones complejas tanto en la prevención o en la represión. Para ello el Estado democrático le delega el uso de la violencia legal, pero eso va aparejado con una exigencia de ejemplaridad y un conjunto de obligaciones. Estamos impulsando la revisión de estos casos porque la violencia extrema se usa en momentos extremos. Si se la utiliza en forma abusiva y se encubre ese uso con falsedades las bases del monopolio de la violencia se corrompen", dijo el procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre.
"Los fiscales —añadió— no podemos plantar pruebas. La policía tampoco. Si quienes debemos operar con criterios de legalidad no lo hacemos, qué podemos esperar de los que están fuera de la ley. Es elemental la investigación y enjuiciamento de estos casos para construir una sociedad decente. Los fiscales tienen aquí una obligación de control esencial. La violencia policial ilícita retorna en violencia social".
Dos por uno. El año pasado resultó llamativo el caso de Brian Saucedo. Murió el 11 de septiembre tras un enfrentamiento con efectivos del Comando que lo persiguieron cuando huía en moto con un cómplice tras asaltar a dos peatones en barrio Ludueña. Según el relato oficial, chocaron y siguieron el escape a pie. Uno entró en un Fonavi, el otro en una casa de pasillo donde abrió fuego y los policías respondieron. Recibió tres disparos.
Pero el testigo Emanuel Cichero, de 25 años, contó otra historia. Dijo que el chico "nunca se tiroteó con la policía, sino que lo remataron en el piso cuando se había entregado. Le pegaron un tiro en la nuca y varios en la espalda". Su testimonio no fue judicializado. El 6 de noviembre Cichero fue asesinado de un tiro en la espalda cuando iba en moto por Rosini al 1500. Por su muerte fue detenido un vigilador privado de 60 años que recibió hace tres semanas la falta de mérito.
El 14 de octubre pasado fue herido de muerte el ciudadano chino Yu Ken Sek tras una persecución. Los efectivos intentaron identificarlo cuando pegaba un cartel con ideogramas chinos en una fábrica de caños de acero y huyó en un Citroën C4. Según esa versión, chocó en Lavalle y Gaboto, bajó del auto y se tiroteó con los agentes. Su acompañante, Yong Hua Guan, fue herido y declaró que su compañero iba desarmado y nunca bajó del auto. El caso no quedó aclarado.
