Afirman que el alud se podía evitar y denuncian incumplimientos del Estado

El alud que destruyó Tartagal y dejó dos mil evacuados hace más de un mes, "se podía evitar", dice Dante Galeano, presidente de la Asociación de Empresarios de la ciudad. "Desde nuestra institución, estamos convencidos que así como hay una ley de bosque y de recursos naturales, el gobierno debe monitorear las cuencas. Los funcionarios aceptaron que no lo hicieron y ahora la provincia dice que fue un desastre natural, sin responsables. Pero existe un incumplimiento reconocido de los deberes de los funcionarios", afirma el propietario de una farmacia cercana al hospital local.

  "Hubo alertas tras la inundación de 2006 y discusiones sobre la adjudicación y uso de fondos. Ahora, al Estado le compete contener a los afectados, que no son responsables de lo ocurrido", remarcó.

  "Se habla de créditos blandos, pero la única solución es inyectar el dinero que el río se llevó. Estimamos que con seis millones de pesos se puede solucionar la situación de los que perdieron la casa. Esa cifra es insignificante ante el anuncio presidencial de entregar 159 millones de pesos", explicó".

Las huellas. "La economía tartagalense cayó desde la privatización de YPF. Ex trabajadores compraron remises con las indemnizaciones, pero al deteriorarse la situación, algunos quedaron implicados en el narcotráfico, transportando drogas desde Bolivia".

  "El ingreso bruto departamental se desplomó y el comercio se resintió porque se compraba todo en Bolivia, o en la feria que se instaló aquí con productos de esa plaza. En esa época nacieron los movimientos de desesperados y en 1997 surgieron los cortes de ruta. Después llegaron los planes Trabajar, como un medio de vida, y un apriete", dice Galeano.

  Sobre la desocupación, destaca que "en enero, en la Justicia se homologaron despidos de 250 petroleros, al suspender actividades que se llevan a Sudáfrica. Tres mil familias trabajaban en madereras, pero los terrenos fiscales son la fuente de la extracción ilegal".

  Galeano señala que "la Municipalidad tiene 1.400 empleados y se pide la dis tribución del empleo público provincial. El 30 por ciento de los estatales están en el interior, pero el 80 por ciento de la masa salarial está en la capital provincial".

"Hay que apoyar a quien cuida al bosque, aprender a explotarlo y buscar alternativas a la madera, como cuando las pieles sintéticas reemplazaron a las de animales", propone el empresario.