El 12º aniversario de la inundación por la creciente del río Salado, que el 29 de abril de 2003 anegó un tercio de la ciudad de Santa Fe y se cobró la vida de más de una veintena de personas, tuvo este año como objeto privilegiado de las críticas en los reclamos públicos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia provincial. La Asamblea de Inundados acusan a los supremos magistrados de complicidad, por acción u omisión, con los responsables políticos de que las obras de defensa que debieron estar hechas y hubieran evitado el ingreso del Salado a la ciudad.
Esa es la razón, dicen, de que a 12 años la causa que investiga los hechos no avance. Ahora pasó a un juez correccional porque se quedó sin juez de sentencia. El ministro de la Corte, Daniel Erbetta, respondió críticas que también a título personal lo alcanzan, pero el suyo no encuadre dentro de algunos parámetros de esos cuestionamientos. En diálogo con La Capital, Erbetta aclaró que tratándose de un tema “estrictamente jurisdiccional”, la Corte “no podría intervenir o generar ninguna instrucción” en la causa.
—Damnificados por la tragedia hídrica de 2003 dicen que, habiendo sido nombrados los ministros de la Corte por el entonces gobernador Carlos Reutemann consienten el “cajoneo” de la causa.
— No sé si es necesario aclararlo pero yo, que fui el último en ingresar a la Corte en 2007, fui nombrado por otro gobernador.
—Lo nombró Jorge Obeid casi al final de su mandato y HermesBinner le propuso que renuncie que él igualmente mandaría su pliego.
—Así fue. Yo entonces le dije a Binner que agradecía su gesto pero si yo pedía que retiraran mi pliego para que él lo reenviara, la señal que enviaríamos a la sociedad era que un ministro de la Corte quedaba condicionado al favor de ese gobernante porque habría sido un trámite difícil de entender para la mayoría de las personas.
—No obstante, el cuestionamiento a la Corte es porque la causa inundación lleva 12 años.
—En abstracto, me manifiesta preocupación porque hablar de 12 años luce bastante excesivo a los efectos de hacer una investigación y eventualmente enjuiciamiento.
—¿Por qué en abstracto, qué significa su expresión?
—Bien, esto debe ser aclarado. En primer término la Corte es un cuerpo colegiado con integrantes que piensan cada uno según su propia individualidad pero que en conjunto deben ceñirse estrictamente a las reglas de funcionamiento legal del sistema. Una de ella es que no podemos referir específicamente a una causa en la que no hemos intervenido y la otra es que debemos respetar la independencia de los jueces.
—La idea generalizada parece ser la contraria: que la Corte tiene competencia para intervenir en todas y cada una de las causas.
—Pero no es así. Los jueces hacia adentro del Poder Judicial deben ser independientes en su accionar, sin injerencia ni interferencia. Eso es parte de la garantía que tiene el ciudadano. Yo como ministro de Corte puedo exponerme a que un juez me diga, con razón, que interfiero si me inmiscuyo en una de sus investigaciones sin tener justificación para ello. Se piensa que el Poder Judicial es una estructura piramidal en la que los miembros de la Corte somos los jefes máximos y eso no es así, hay una condición de colegas en todos.
—¿Dijo que la Corte nunca intervino en la causa inundación?
—Como se trata de un tema estrictamente jurisdiccional la Corte no podría intervenir o generar ninguna instrucción en particular.
—¿La Corte nunca puede intervenir o hay supuestos en que sí?
—Sí. La Corte puede intervenir por vía de gobierno o superintendencia siempre que medie pedido de algún funcionario interviniente en la causa, por ejemplo el fiscal, o denuncia de alguna parte.
—¿No es eso lo que piden los damnificados?
—Para que la Corte pueda intervenir en ese supuesto debe recibir alguna denuncia concreta. Que sepa no hay denuncia formulada ante la Corte que le hubiera permitido realizar una investigación.
—Pero ustedes no desconocen que la causa lleva tantos años.
—Es imposible que la Corte sepa qué pasa en las miles y miles de causas iniciadas en el Poder Judicial. Aunque hay que reconocer que la relevancia de esta causa debería ser prioritaria para los jueces y funcionarios intervinientes.
—¿Entonces cómo saben que un juez no está cumpliendo correctamente su deber como para decidir intervenir?
—Como le dije, recibiendo alguna denuncia concreta. Pero, insisto, en este caso no la hay. Otra forma es una denuncia o comunicación de los presidentes de Cámara. A ellos les corresponde dos veces al año inspeccionar los juzgados y fijar si sus titulares, los jueces, han cumplido con los deberes legales a su cargo como sería una demora injustificada o un retardo de justicia. La presidencia de la Cámara debe dar cuenta de ello y en 30 días debe comunicarlo a la Corte si detecta irregularidades. En la causa inundación no se recibió siquiera una comunicación de ninguno de los sucesivos presidente de las Cámaras en estos años.
