El proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina es un ejemplo a nivel mundial. Años de lucha permitieron juzgar y condenar a los responsables de la dictadura cívico militar iniciada en 1976. También abrió el camino para investigar la complicidad de grandes empresarios, no sólo como beneficiarios de las medidas económicas sino como colaboradores directos del terrorismo de Estado. Estas causas enfrentan, no obstante, muchos obstáculos. Hubo fallos relevantes, como en el caso Ford, pero también maniobras dilatorias como las que le permitieron a Carlos Pedro Blaquier morir sin rendir cuentas por la represión en Libertador General San Martín, sede del Ingenio Ledesma. Victoria Basualdo es historiadora, investigadora del Conicet y del área de Economía y Tecnología de Flacso Argentina, donde coordina el programa de estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial. Autora de numerosas obras, participó en 2014 y 2015 de la investigación multidisciplinaria que se plasmó en el libro “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, un insumo clave para estos juicios. En esta entrevista con La Capital, analiza por qué buena parte del Poder Judicial es “extremadamente renuente” a avanzar en este terreno y profundiza sobre distintos aspectos de la complicidad entre el poder económico y los jerarcas militares. Con un punto común: la represión a la organización sindical en las empresas.
-¿Por qué es tan difícil avanzar en la responsabilidad penal de los empresarios que avalaron la dictadura?
-Es un tema enormemente preocupante. La repercusión que tuvo en estos días el fallecimiento de Carlos Pedro Blaquier da una medida de la importancia de estas figuras. Las despedidas y los avisos que salieron en La Nación. Vemos una cantidad de personajes del ámbito política, económico e institucional, incluso educativo, que lo saludaron. Hablamos de una persona que fue procesada en 2012 por su participación en delitos de lesa humanidad, en procesos represivos ocurridos durante la dictadura en Libertador General San Martín, la localidad donde está emplazado el Ingenio Ledesma. Y falleció sin haber rendido cuentas a la Justicia porque, cuando estaba a las puertas el juicio oral, ese procesamiento fue revertido por una falta de mérito dictada por la Cámara de Casación Penal. Y la Corte Suprema tardó seis años en decir lo que ya se sabía, que esa falta de mérito había sido incorrecta. Seis años tardó en revertirla, con un imputado por delitos gravísimos y en edad muy avanzada. Por eso, el tema de la responsabilidad empresarial vuelve con suma urgencia. El caso de Blaquier muestra que no hay más tiempo que perder. Por eso también, una gran cantidad de organismos se pronunciaron contra esas despedidas y reivindicaron a las víctimas, a las decenas de trabajadores y pobladores secuestrados y desaparecidos en las noches del apagón.
- ¿En qué estado están la causas?
-Es paradójico. El proceso de memoria, verdad y justicia abrió muchos caminos y se convirtió en un ejemplo muy importante a seguir a nivel mundial. También se abrió paso, con precedentes en la Conadep y el juicio a las Juntas, la investigación de los casos de la responsabilidad empresaria. El ingenio Ledesma, el ingenio La Fronterita, Ford, Acindar, están mencionados en el Nunca Más. Y la propia Conadep se estableció en Villa Constitución, por ejemplo, para analizar todas las evidencias sobre la existencia de un centro clandestino de detención en el albergue de solteros en Acindar. Incluso en la etapa de impunidad, las voces de trabajadores y trabajadoras y sindicalistas se volvieron a escuchar en los juicios por la verdad. En 2002, después de dictarse la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se abren los casos de Ford y de Mercedes Benz. En 2014 y 2015, la Secretaría de Derechos Humanos, el programa Verdad y Justicia, Flacso y el Cels investigaron 25 casos de empresas, en todo el país. Yo estuve en la mesa de coordinación de esa investigación. Llevó dos años y están los resultados plasmados en el libro “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado” al que se puede acceder gratuitamente por Internet. Se convirtió en un insumo muy importante en las causas, que son muchas. De hecho, en breve va a iniciar en Rosario el juicio oral por la represión en Villa Constitución, la causa Villazo, que tiene responsabilidades militares pero también empresariales. Y es uno de los casos más emblemáticos porque justamente el presidente del directorio de Acindar hasta abril de 1976 era José Alfredo Martínez de Hoz, y fue reemplazado por Alcides López Aufranc. También está por llegar a juicio oral el caso del ingenio La Fronterita en Tucumán. En este caso hubo noticias en diciembre cuando se dictó un embargo, debido a que había sido utilizado para cometer delitos de lesa humanidad. Estos se suman a un caso muy relevante como es el de Ford, que llegó a sentencia en diciembre de 2018. En esa causa se condenó por primera vez a dos altos funcionarios de la multinacional. Pero este proceso convive con una cantidad enorme de obstáculos que vemos diariamente.
-Cuando se pone en debate el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Hay relación con lo que está pasando en estas causas?
-Absoluta. Este Poder Judicial es, en su mayoría, extremadamente renuente a llevar adelante estos juicios, que son muy problemáticos porque no se trata de personas comunes. Son figuras empresarias con enormes conexiones políticas y económicas. Lo vimos en el caso de Blaquier. No sólo Macri y Rodríguez Larreta saludaron a una persona que había sido procesada por delitos de lesa humanidad. También lo saludaron las cabezas de los más importantes grupos económicos del país. Entonces, claramente el Poder Judicial, que además tiene muy fuertes conexiones con el poder económico, actúa muy lento.
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Asamblea de trabajadores durante "El Villazo", en 1975, en Villa Constitución.
-¿Cuál era la matriz de la complicidad empresarial con la dictadura? ¿Socios, organizadores, acompañantes?
-La sistematización de la enorme evidencia documental y testimonial de estos casos fue un problema en términos de esta pregunta. ¿Cuál fue la relación? Porque tiene distintos niveles. Por un lado, tenés una confluencia ideológica o institucional. Un caso paradigmático es el de Martínez de Hoz, que pasa de la cúspide de un grupo empresarial a ser un funcionario de la dictadura en un área estratégica. Pero tenemos otro tipo de relaciones. Para seguir con el ejemplo de Acindar, también, y de todo el sector siderúrgico, son casos claves de transferencias del Estado al capital concentrado. Se benefició con la estatización de la deuda privada, con la consolidación de esa integración vertical durante la dictadura. Y hay un tercer nivel de relación, que tiene que ver con la participación directa en la represión. Hablamos de la provisión de recursos logísticos y materiales, de la existencia de centros clandestinos de detención en las plantas. Es lo que pasó en Acindar, en Ford, en La Veloz del Norte y en el ingenio La Fronterita. Ya no estamos hablando de una relación ideológica y económica sino de un involucramiento directo de las estructuras empresariales en un proceso represivo. Es de una gravedad inusitada y debe ser juzgado en la Justicia penal.
-¿El objetivo principal fue la represión del movimiento obrero?
-Hay distintos modos de confluencia y articulación entre los sectores militar y empresarial. ¿Cuál es el punto en común? La represión a la organización sindical. Por supuesto había una voluntad de un plan económico que beneficiara a determinados sectores y muchas de estas empresas obtuvieron beneficios. Pero lo que tienen en común es su preocupación por el accionar sindical. Que tiene que ver con una tradición en la Argentina, vigente hasta la actualidad, que es la organización en los lugares de trabajo. La existencia de delegados, comisiones internas, y un movimiento sindical que combina una centralización muy fuerte, con la capacidad de estar presente en los lugares de trabajo. Militares y empresarios tenían una preocupación enorme por esto. Documentos del Departamento de Estado norteamericano citan a militares argentinos diciendo que “tenían que filtrar” las denuncias de los empresarios porque muchas veces denunciaban a sus propios trabajadores como subversivos por algún reclamo. Lo decían las Fuerzas Armadas a cargo del golpe de Estado. Estos documentos son pruebas judiciales. En el juicio Ford se reconstruyó el lugar de trabajo y los testimonios de los trabajadores le dieron carnadura a esta fábrica como espacio represivo. Y ahí se vieron muchas cosas. Cómo el ejército pasaba por las guardias que tienen las fábricas y encontraban al trabajador, entre miles, para secuestrarlo a la vista de todos, en la mitad de la cadena de producción, a la luz del día y con la ayuda de toda la estructura de la empresa. Luego eran retenidos en el centro clandestino armado en un quincho recreativo que habían conquistado los trabajadores. Y tras horas de patearlos, encapuchados, se los llevaban a las comisarías por un mes para luego enviarlos a distintas cárceles del país. Este es el circuito probado de represión en esa fábrica. Es una cadena de montaje, una previsión de ese proceso de secuestro, incluso anticipando los reemplazos. Es una lección difícil de olvidar en términos de lo que significa ser delegado.
-La contracara es la resistencia sindical.
-Esa represión no es sólo sobre los trabajadores y trabajadoras y sindicalistas que están allí sino que tienen un impacto comunitario que se hizo muy visible en el juicio Ford. Por eso a los juicios orales los evitan. Allí se pudo escuchar las voces de las mujeres de los trabajadores que fueron a enfrentar a los militares. Porque si hablamos de resistencia también tenemos que hablar de eso. De redes comunitarias que se armaron a partir de mujeres que tenían que ir a visitar a sus maridos y a la vez entender qué había pasado. Las requisas a los niños, de manera brutal. La primera resistencia es denunciar y articular. En las fábricas, las tradiciones de organización se mantuvieron como se pudo. Muchas veces con sabotajes, otras con encuentros, petitorios. Y en cuanto fue posible, con movilización. Hubo marchas, huelgas, trabajo a desgano, durante toda la dictadura. El arco es amplio.
Noche del apagón. Carlos Blaquier, presidente del Ingenio Ledesma.
Carlos Blaquier, presidente del Ingenio Ledesma.
-¿Qué huellas hay hoy de aquel proceso?
-La dictadura fue muy productiva en una multiplicidad de normas legales. Por ejemplo, muchos artículos de la ley de contrato de trabajo fueron eliminados, junto con su autor, porque entre los abogados laboralistas secuestrados en Mar del Plata en la noche de las corbatas, estaba Norberto Centeno. La mutilación de la legislación va de la mano del proceso represivo. Y muchas mutilaciones nunca se retrotrajeron. Por ejemplo, durante la dictadura se habilitó el proceso de tercerización y eso sigue vigente. No sólo hay un legado en términos del impacto del proceso represivo sino de una estructura legal que quedó con gran cantidad de transformaciones regresivas. Y tenemos también las transformaciones económicas que dejaron a la clase obrera en una situación menos favorable para disputar la distribución del ingreso. Hay un miedo y una estigmatización de la tarea sindical, desde la dictadura en adelante, que permea a muchos sectores de la comunidad.
