Los jueces aceptaron la medida cautelar para Buyatti, Gazze, Scarel y Macua, a quienes los fiscales consideran jefes de una asociación ilícita. Resolución clave en el marco de la causa penal por estafa y defraudación
Por Alvaro Torriglia
Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.
Vicentin. Prisión preventiva para cuatro exjefes de la agroexportadora.
Los cuatro exdirectivos de Vicentin denunciados por la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario como jefes de una asociación ilícita quedaron detenidos con prisión preventiva por 120 días, en el marco de la causa penal por estafa y defraudación en el fuero penal. Se trata de Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua, jerarcas de la cerealera que fueron apresados ocho días atrás tras un operativo que incluyó 20 allanamientos.
El tribunal conformado por Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy consideró este sábado que había indicios de riesgo procesal y elementos para considerar razonables las sospechas de los fiscales respecto de que la asociación ilícita que denunciaron siguió operando en la etapa posdefault de Vicentin, para consolidar su poder, detraer fondos del grupo económico y entorpecer la investigación.
También aceptó las medidas propuestas para el resto de los imputados. Quince de ellos no podrán salir del país y deberán presentarse mensualmente en sede judicial. Los doce que ya estaban acusados de pertenecer a la asociación ilícita deberán depositar, además,una fianza de u$s 200 mil cada uno. Se trata de Máximo y Cristian Padoan, Martín Colombo Boschi, Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Javier Gazze, Miguel Vallaza, Diego Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia. Los tres restantes, Daniel Foschiatti, Estanislao Bougain y Carlos Sartor, tendrán las mismas obligaciones pero la fianza será de u$s 500 mil para cada uno.
Lo que no aceptó el tribunal fue el pedido de la fiscalía de conformar una suerte “perimetral” para que los imputados de asociación ilícita y administración fraudulenta no intervengan, no ocupen cargos ni influyan en la gestión de Vicentin y sus empresas vinculadas, así como que no tomen contacto con el actual directorio.
Los magistrados lo consideraron una intromisión excesiva en los asuntos empresarios, que además podría implicar riesgo laboral. Al cabo de una audiencia que duró tres días, los jueces aceptaron las nuevas imputaciones formuladas por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja y consideraron que hay indicios que tornan creíbles, en forma preliminar, las sospechas que formularon.
Los fiscales denunciaron en diciembre de 2023 que antes de que se consumara la cesación de pagos se conformó una asociación ilícita destinada a ocultar a productores y bancos la verdadera situación financiera y seguir así sacándoles plata y mercadería. Y ahora denunciaron que esa organización siguió funcionando después del default y luego de que formalmente cambiara el directorio, con la intención de consolidar el delito, garantizar su impunidad y, como señaló Moreno en el último tramo de la presentación del viernes pasado, “masticarse hasta el último grano de Vicentin”.
De hecho, señalaron que, a través de distintas maniobras que imputaron como administración fraudulenta, entre fines de 2019 y fines de 2024, fueron responsables de una erosión en el patrimonio de la concursada de 890 millones de pesos actualizables. A valores actuales, unos $ 6 mil millones. Esas maniobras se realizaron, según la fiscalía, por la vinculación de los exdirectivos detenidos con la estructura del directorio surgida luego de la crisis de pagos de diciembre de 2019.
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Expusieron para sostener su teoría un conjunto de elementos de prueba, como cadenas de correos electrónicos, actas y comprobantes de facturación, para señalar que, a través de distintas maniobras, esa estructura fue tomando decisiones que afectaron el patrimonio tanto de Vicentin Saic como de vinculadas, como Sir Cotton, Oleaginosas San Lorenzo, Sottano y Algodonera Avellaneda.
Desde la enajenación de una aeronave, a la que seguían pagando gastos luego de una supuesta venta, hasta el pago con la caja de Vicentin y sus vinculadas de consultorías, servicios periodísticos para organizar campañas mediáticas, cauciones judiciales y honorarios de los abogados que defienden a los acusados en el juicio penal, distintos hechos fueron señalados por la fiscalía como parte de maniobras mediante las cuales los viejos y nuevos directivos se concertaron para seguir sacando plata de las empresas y deteriorando su patrimonio.
A la evidencia presentada al momento de la primera imputación, en 2021, sumaron elementos relacionados con distintas simulaciones. Una que resonó mucho en la nueva audiencia fue la del juicio arbitral ”armado” en Londres entre sociedades del mismo grupo empresario para justificar la demora en el ingreso de dólares de agroexportaciones. También dieron cuenta del pago de honorarios por distintos conceptos y hasta retiros voluntarios a los funcionarios del grupo con fondos detraídos de la concursada y su grupo empresario.
Esas maniobras, según los fiscales, fueron orquestadas por esta asociación que dirigen los cuatro detenidos y posibilitadas por la “confusión patrimonial” derivada del complejo entramado de sociedades que integran el grupo. A través de ese laberinto se disponen activos, se intercambian deudas, se pagan honorarios, se pierden plata y el producido de ventas de avionetas. Esos pasamanos traban, además, la investigación penal.
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Eso fue contemplado por los jueces para fundamentar la aceptación de las medidas cautelares pedidas por los fiscales. Entre sus argumentos recogieron incluso parte de las explicaciones que dieron algunos de los impuestos al declarar en la audiencia. Por ejemplo, señalaron que los dichos de Bougain sobre la existencia de una suerte de nueva Vicentin que nada tiene que ver con la conducción que la llevó al default en 2019 se contradice con el énfasis puesto en señalar que el trabajo de Macua, Gazze y Scarel, protagonistas de aquellos tiempos, “era indispensable”.
La tercera jornada de la audiencia por el caso Vicentin arrancó con el testimonio de Bougain, Macua y Scarel. Los tres coincidieron en rechazar las imputaciones y en negar la existencia de una confusión patrimonial entre las sociedades. En ese punto, quien fuera síndico histórico y presidente de la cerealera durante un breve período, aseguró que el hecho de que la gestión de todo el laberinto de firmas se manejara a través de una planilla no significaba que no tuvieran autonomía. “Así es el mundo de los negocios”, explicó.
Por Lucas Aranda