El Estado argentino deberá pagar u$s 337 millones si quiere continuar con en el juicio que se tramita.
El Tribunal de Apelaciones de Londres determinó este jueves que el Estado argentino deberá pagar u$s 337 millones si quiere continuar con en el juicio que se tramita por el método de cálculo de una serie de bonos de deuda, conocidos como “cupones PBI”.
La sentencia de segunda instancia se da luego de que Argentina apelara un fallo de abril del año pasado que estipuló una compensación de cerca de 1.330 millones de euros (u$s 1.500 millones) a una serie de fondos.
El Tribunal de Apelaciones definió que el país deberá depositar 310 millones de euros (u$s 337 millones) antes del 5 de abril en una cuenta fiduciaria si quiere seguir adelante con la apelación.
“Si bien entiendo y comprendo el impacto que cualquier carga financiera adicional tendrá en una economía en dificultades, no me convencen las pruebas ni los argumentos sobre un daño irremediable a la población”, argumentó el juez Stephen Phillips en su fallo, según citó la agencia Bloomberg.
Los abogados de los fondos consideraron que es poco probable que Argentina proceda con el pago y señalaron que buscará “retrasar la decisión”, dada la situación económica del país.
Los fondos HBK Master Fund, Hirsh Group, Virtual Emerald International y Palladian Partners presentaron una demanda en 2019 por presuntas pérdidas vinculadas con un cambio en el método de calcular el Producto Bruto Interno (PBI), con el cual sus bonos estaban atados.
Los “hedge fund” demandaron al Estado argentino por un cambio en el año que se toma como base para calcular el crecimiento que se produjo en 2014, y que abarcó de forma retroactiva al cálculo del PBI de 2013 en adelante.
El fallo de primera instancia argumentó que el cambio en la metodología aplicado en su momento en el cálculo del PBI por el Indec provocó pérdidas para los tenedores de bonos y determinó que estos, además del monto de 1.330 millones de euros, deberán recibir intereses calculados desde diciembre de 2014 en adelante.
Los bonos en cuestión se tratan de instrumentos que fueron utilizados en el canje de deuda de 2005 y que determinaba pagos extras a los tenedores cuando el crecimiento económico del año era superior al 3,3%.
Según la postura de los abogados de la Argentina, la modificación en el cálculo del PBI -que comenzó a tomar como base de cálculo al año 2004 en lugar de 1993- fue necesaria para crear un plan de pago de deuda que sea sustentable para el país.
Sin los cambios -indicaron- los retornos de los cupones se ajustarían según un parámetro desactualizado del crecimiento de la economía, sin vínculo con la expansión real del país.
En cambio, los cuatro fondos argumentaron que Argentina que se debía usar el cálculo antiguo para medir el PBI para los pagos que se realicen hasta el 2035, según afirmó Aidan Oourke, de la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que los representa.
Oourke indicó en un comunicado que estaba “satisfecho” por el fallo del tribunal y confía en que la audiencia final del tribunal confirmará la sentencia del año pasado que exige que Argentina pague todo el dinero adeudado.
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