El conflicto por los 33 despidos en la multinacional Cargill sigue trabado. La empresa informó que hoy volverá a poner en funcionamiento la planta de granos de Villa Gobernador Gálvez, que paralizó la semana pasada con el argumento de preservar la seguridad. Pero este arranque podría ser fugaz ya que fue condicionado a que los trabajadores no vuelvan a realizar medidas de fuerza. Algo difícil de evitar, toda vez que la firma se mantuvo firme en las cesantías y, más aún, deslizó su pretensión de hacer ingresar a los "reemplazos" de los trabajadores despedidos.
Con este contexto, la audiencia que se realizó ayer en el Ministerio de Trabajo fue tensa, con un pico en la calle, cuando una intensa demostración de malestar obrero acompañó la salida de los directivos de la multinacional.
El conflicto iniciado en febrero escaló cuando, agotada la conciliación obligatoria, la empresa no dejó entrar a los cesanteados y los trabajadores decidieron realizar medidas de fuerza. El jueves, las autoridades de la empresa redoblaron la apuesta y pararon las fábricas de Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca, argumentando que existía riesgo para la seguridad de las instalaciones. También suspendieron al personal sin goce de sueldo. El sindicato rechazó el argumento y denunció un lock out.
El Ministerio de Trabajo de la provincia convocó a una audiencia en la que la multinacional buscó encapsular el conflicto por los despidos en una controversia de seguridad. La comisión interna del sindicato aclaró que la modalidad de paros parciales se utiliza desde hace muchos años y bajo estrictas medidas para garantizar la seguridad. De hecho, señalaron que el último incidente de gravedad ocurrió en la planta de Puerto General San Martín, que no está conflicto.
"La empresa quiso poner el terreno en la inseguridad y terminó reconociendo que los inseguros son ellos", dijo Marco Pozzi, delegado de los trabajadores, quien subrayó que el gremio quiere discutir "la reincorporación de los 33 compañeros". También advirtió sobre la intención de la compañía de operar la planta con reemplazantes. "No podemos permitirlo porque eso sí es un serio riesgo", enfatizó.
Adrián Dávalos, secretario general del Sindicato de Aceiteros de Rosario, adelantó que el gremio ejercerá el derecho de huelga cuando vuelva a arrancar la planta. "La patronal nos quiere decir cómo hacer la huelga, cuando lo que tienen que hacer es dejar entrar a los trabajadores", subrayó.
El diputado provincial Carlos del Frade (FSP) adelantó que en la próxima reunión de la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara baja provincial se discutirá un documento con recomendaciones para "cargar con los máximos impuestos y las multas más altas" a la multinacional. De la audiencia de ayer también participaron los diputados provinciales Luis Rubeo, Mercedes Meier y Verónica Benas. También la diputada nacional Lucila Del Ponti y el concejal Eduardo Toniolli. En el encuentro, expuso el director provincial de Salud y Seguridad del Trabajo, Oscar Baronio, quien escuchó los argumentos de ambas partes y se limitó a pedirles un "compromiso" para garantizar la seguridad.
Asalariados: la inflación fue 2,4%
El costo de vida para los asalariados se incrementó 2,4% mensual en marzo y acumuló 25,5% en los últimos doce meses, según el Instituto Estadístico de las Trabajadores (IET). La inflación acumulada en el primer trimestre de 2018 alcanzó ya al 7,1%,o. A su vez, el salario real del primer trimestre fue un 1,7% menor al del mismo período de 2017. Por su parte, el Ceso indicó que la inflación de los supermercados en marzo para Santa Fe fue del 2,80%.
