El oficialismo consiguió aprobar en el Senado una nueva ley que regula el impuesto a los Bienes Personales, incorporando progresividad en las alícuotas y actualización automática por inflación que se sumaron al pliego en su paso por Diputados. De tal modo, el FdT aceptó los cambios que le introdujo la Cámara baja a un proyecto que había iniciado su recorrido en el Senado, obteniendo a fines de octubre una media sanción por unanimidad, pero que luego de la revisión se transformó en ley tal cual la rediseñó la Cámara baja. El patrimonio mínimo alcanzado por el tributo será seis millones de pesos, y 30 para el caso de vivienda inmueble (valor fiscal); la progresividad se aplicará para patrimonios que superen los 100 millones (1,5 por ciento), y 1,75, para una pequeña cúpula que supera los 300 millones, unas 15 mil personas. Para bienes en el exterior la alícuota llega al 2,25 por ciento.
Con el nuevo esquema, Bienes Personales, el único tributo nacional de perfil netamente patrimonial y no por flujos económicos, impactará en menos de 400 mil personas, y su incidencia en la recaudación nacional (en relación al resto de los tributos) es inferior al 4 por ciento. Sin embargo, el debate político que generó en Diputados, y la decisión de la oposición mayoritaria de ausentarse en el Senado (impugnó la sesión por supuestas irregularidades al momento de constituir el quorum), colocan a la iniciativa del gobierno nacional en un punto de gran relevancia política: Juntos por el Cambio (JxC) luchó hasta el final por impedir su sanción, pero no lo consiguió.
La sesión del Senado casi en el último casillero posible que ofrecía el año 2021 funcionó como una prueba para la nueva composición de la Cámara alta; el oficialismo ya no cuenta con la mayoría que dispuso hasta antes del 10 de diciembre pasado, y debía expresar en el terreno concreto del recinto su capacidad de sumar aliados: lo obtuvo con dos aliados permanentes, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Frente de la Concordia, Misiones). Y lo sorpresa, sobre el inicio de la sesión, sumó a María Clara del Valle Vega (Hay futuro Argentina, La Rioja). La presencia de la riojana, que no integra el bloque de JxC pero que tampoco estuvo cercana al oficialismo, fue la llave para que el FdT concrete el quorum estricto con 37 senadores, y ponga en marcha la sesión.
El apremio de último momento para el bloque político que conducen José Mayans y Cristina Kirchner, se precipitó porque uno de los 35 integrantes de esa primera minoría, el catamarqueño Guillermo Andrada, dio positivo de Covid en los momentos previos de iniciarse la sesión. Allí el frente oficialista puso en marcha el operativo político de sentar a un opositor, y lo consiguió. Incluso luego la senadora Vega votó en general junto al oficialismo.
Inmediatamente luego de constituido el quorum con 37 miembros, se sumó la cordobesa (Córdoba Federal) Alejandra Vigo, completando 38 senadores, al cabo el número que continuó hasta el final de una sesión reducida de dos horas de duración. Vigo luego votó en soledad, contra la propuesta oficialista.
JxC, que no dio quorum y que luego tampoco se sumó a la sesión, impugnó la valides de la reunión porque el oficialismo se tomó 40 minutos para el inicio, y no 30 de prórroga a la hora de convocatoria (originaria a las 15h) como indica el reglamento. La práctica concede que las sesiones suelen postergar su inicio más allá de la media hora reglamentaria, sin embargo, como ocurrió hoy con Bienes Personales en el Senado, cuando los 37 senadores tomaron posición (mayoría absoluta) y votaron la ratificación de la valides de la sesión por unanimidad, el margen de reclamo del bloque ausente se diluye. El reglamento, su interpretación y aplicación es siempre un campo de disputa política, y la disputa la termina resolviendo a su favor el grupo que consigue la mayoría absoluta.
En una reunión atípica, con sólo cuatro oradores, el cierre correspondió al titular del FdT, el formoseño José Mayans. Que dedicó largos tramos de su intervención a fustigar la estrategia política opositora, en ese momento ausente del recinto. En especial por “el triunfo” opositor de haber rechazado la ley del presupuesto 2022. “Dejaron al país sin presupuesto, cometieron un gran daño a muchos argentinos” reiteró Mayans. Y les advirtió a los opositores que ahora ellos “están amenazados por el sicariato periodístico” que no tolera que la presunta “derrota” legislativa para el caso de Bienes Personales, que pasó por un voto (127 a 126, y con tres ausencias de JxC) en Diputados, y que hoy fue puesta en marcha la sesión con quorum estricto (con el apoyo de la senadora Vega)
“¿Cuál es la derrota?, estarán dejando de pagar Bienes Personales casi medio millón de argentinos, y sólo 15 mil pagaran un poco más, y hablan de derrota”, abundo Mayans. El peronista formoseño, como es habitual, dedicó un tramo de su discurso al problema de la deuda externa y a las negociaciones con el FMI. “Cometimos un error con la deuda nosotros, el presidente debió hacer una cadena nacional, al principio de su gobierno, exclusivo con ese tema, y explicar a los argentinos el desastre que nos dejó el gobierno anterior: el gobierno de Mauricio Macri, el más nefasto de la historia democrática argentina”, completó.
Finalmente, en el inicio de la sesión, y en uso de la palabra en un pedido sobre tablas, la bonaerense Juliana Di Tullio (FdT), hizo una extensa revisión y análisis de la denuncia presentada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, en relación al material audiovisual hallado en esa dependencia, producido en 2017 en instalaciones del Banco Provincia de Buenos Aires. En el video, funcionarios de inteligencia de entonces, empresarios, miembros del Poder Judicial y dirigentes políticos ligados a la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, diseñan una estrategia para armar causas judiciales contra sindicatos, y surge la frase del entonces ministro de trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, “si pudiera armar un Gestapo para destruir la actividad sindical, la armaría”.
Di Tullio se mostró consternada por el descubrimiento “escalofriante”, y pidió la inmediata renuncia de Julio Conte Grand, procurador interino de la provincia de Buenos Aires.
