Metalúrgicos, aceiteros, estatales y otras organizaciones lanzaron un plan de lucha contra el proyecto del oficialismo. Para reclamar el rechazo de los gobernadores, movilizarán el 5 de febrero en Córdoba y el 10 en Rosario
Un conjunto de sindicatos de distintos espacios y centrales lanzó un plan de lucha contra la reforma laboral.
Un frente de sindicatos integrado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla) y numerosos gremios nucleados en distintas centrales obreras definió un plan de lucha conjunto contra el proyecto de reforma laboral, que contemplará una movilización a la capital de Córdoba el jueves 5 de febrero y otra en Rosario el martes 10.
Así lo decidió un conjunto de organizaciones nucleadas en distintos espacios que se reunieron en la sede nacional de la UOM. El encuentro fue la continuidad del que habían realizado la semana pasada. En aquella ocasión expresaron informalmente su inquietud por cierta parsimonia de las centrales obreras y la oposición frente a la ofensiva oficialista y cruzaron públicamente a los gobernadores dialoguistas por “negociar recursos a costa de los trabajadores”.
En esta nueva cumbre, con presencia de más sindicatos, se avanzó en un plan de lucha. “A partir de hoy, el gobierno tiene que empezar a preocuparse, se abre un nuevo capítulo en la confrontación que mantiene con los trabajadores, crece y se consolida un frente de unidad con los sindicatos de los sectores público y privado”, indicó Rodolfo Aguiar.
El Frente de Sindicatos Unidos convocó a movilizaciones en Córdoba y Rosario, el 5 y 10 de febrero, respectivamente, para exigir a los gobernadores que rechacen el proyecto.
El dirigente estatal advirtió que los trabajadores no se van a “dejar humillar” con la reforma laboral y prometió una dura reacción “hasta que se caiga completa”. Milei, dijo, “cruzó una línea roja de la que será muy difícil volver”.
Advirtió que la reforma laboral puede ser para el presidente “lo que la previsional fue para Macri”. Y no descartó que “con el empecinamiento en destruir a los sindicatos y los trabajadores, empiece el tiempo de descuento para el oficialismo”.
En referencia a la decisión de movilizar a las provincias, apuntó: “Tenemos que exponer a los gobernadores, tienen que quedar en evidencia aquellos que pretendan avalar esta reforma”.
Las ciudades elegidas para realizar las protestas son las principales de la Región Centro, base territorial de los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro y de su construcción política Provincias Unidas. Los mandatarios no participaron de la ronda de negociaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli, aunque se expresaron en forma ambigua sobre el proyecto que ataca a la ley de contrato de trabajo. Se manifestaron a favor de una reforma, la focalizaron en la necesidad de apoyar a las pymes pero dijeron que no quieren afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.
Por otra parte, dentro de la iniciativa que ingresó al Senado nacional se contrabandea una reforma tributaria que afecta la coparticipación. Santa Fe perdería $ 97 mil millones en 2027 por cambios en el impuesto a las ganancias.
Con posiciones cerradas en el oficialismo y la oposición, los gremios buscan apurar definiciones del espacio vidrioso que se referencia en gobernadores y otros legisladores sin tierra.
Aguiar señaló que “la reforma laboral no va en contra de los trabajadores, va en contra de la Argentina”. Y enfatizó que no se puede permitir que algunos mandatarios “se enganchen en este debate a cambio de algunos ATN o fondos coparticipables”.
“No vamos a dejar que nos vendan por dos pesos, además la reforma fiscal encubierta en esta iniciativa termina de desfinanciar y fundir a las provincias”, dijo.
Todos los sindicatos trabajaron en la elaboración de un documento que será difundido públicamente e incluirá los ejes del debate y las principales resoluciones.
ATE, junto a otros gremios estatales, realizará un paro el día que se trate la reforma en el Senado, el 11 de febrero.
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Por Lucas Ameriso
