Los representantes legales de la sociedad de bolsa Guardati Torti SA que está en concurso de acreedores solicitará este lunes a un juez que le imponga a un fiscal que no impute a los responsables de la primera por falta de delito. La situación generó una controversia porque el fiscal a cargo, que persigue penalmente a los socios por administración fraudulenta, sostiene que ningún juez puede frenar imputación de un delito, que es la atribución natural que tiene el Ministerio Público de la Acusación (MPA), órgano al que pertenecen los fiscales.
Los defensores de esa sociedad cuestionaron al juez Nicolás Vico Gimena por autorizar “inválidamente” el levantamiento del secreto bancario y el congelamiento de las cajas de seguridad existentes en las entidades bancarias y financieras de las personas que integran la compañía de bolsa.
El incidente investigado se conecta a la crisis financiera del grupo agroindustrial Vicentin que arrastró en febrero del año pasado a la corredora de cereales Guardati Torti, titular del acopio GYT Plus SA, que entonces anunció su dificultad para afrontar el “cumplimiento temporario de las obligaciones asumidas” con sus inversores.
Según el fiscal Sebastián Narvaja la empresa GT SA es una sociedad de bolsa (técnicamente denominadas ALyC) que tenía como clientes a cuentacomitentes que invertían allí sus ahorros en opciones como bonos, acciones u otras variantes. A la vez los mismos socios tienen una acopiadora de granos y corretaje llamada GYT Plus SA.
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Cuando se produjo la cesación de pagos de Vicentín GyT Plus fue arrastrada por el incumplimiento. Según Narvaja lo que hizo ante ese descalce fue mantener la posición en el mercado de granos pagando a los productores por el cereal entregado con el dinero de los inversores de la sociedad de bolsa. Eso implicó, de acuerdo a la acusación, que para cubrir las urgencias financieras de una empresa cerealera se utilizó el dinero de ahorristas de una sociedad de bolsa que es una empresa técnicamente distinta. Los inversores de GT SA hasta la fecha no cobraron sus acreencias. Cuarenta de ellos denunciaron a Guardati Torti por ello.
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En junio pasado las oficinas de la sociedad de bolsa de Guardati Torti fueron allanadas al igual que los domicilios particulares de sus socios por la denuncia de un inversor que reclamaba una presunta defraudación por 17 millones de pesos.
Una batería de evidencias "desincriminantes"
Los defensores de la empresa denunciada sostienen que en más de un año fueron presentando una batería de evidencias desincriminantes respecto al accionar de Guardati Torti. Que todos los libros quedaron a disposición por los allanamientos al igual que toda la documentación requerida. Que la sociedad bursátil GT SA se presentó a concurso y fue rehabilitada para funcionar en la Bolsa, a la vez que tiene dictamen favorable por la sindicatura del concurso para ser reincorporada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) como agente de negociación.
Pero el fiscal Narvaja aduce que frente a las dificultades de la investigación la misma CNV denunció a GT SA por administración infiel de los fondos de los inversores, razón por la cual citó para este martes a audiencia imputativa en libertad a los ocho integrantes del directorio de la sociedad bursátil, a fin de adjudicarles ese delito.
No obstante eso quedará condicionado a lo que pase en una audiencia de esta tarde a las 15.30 en la que los abogados Cristian Scoponi y Lisandro Martínez Gorostiaga solicitarán al juez Vico Gimena que invalide la investigación por falta de delito, que revoque el bloqueo a las cuentas de sus titulares y que postergue por 90 días la imputación. El juez de la audiencia será Alejandro Negroni.
Fuentes del MPA precisaron que es impertinente que un magistrado le diga a un fiscal cuándo debe realizar la imputación. Si se abre esa puerta, indican en la Fiscalía Regional Rosario, cualquier defensa podría cuestionar en cada caso que se llame a audiencia imputativa, algo que es potestad de los fiscales.
El fiscal Narvaja sostiene que haber tomado dinero de los inversores una sociedad bursátil para afrontar compromisos de la corredora de granos fue una acción dolosa y que eso debió ser realizado en última instancia con el patrimonio personal de los socios. Las defensas en este caso aducen que las dos empresas están concursadas frente a la crisis presentada y que no existió delito en el accionar de GT SA ni tampoco en sus socios ni directivos.
En uno de los allanamientos de junio pasado la policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros y varias municiones sin registrar, por lo que su ocupante, presidente y principal accionista de la sociedad, Ángel Torti, quedó momentáneamente demorado, informaron entonces los voceros de la Agencia de Investigación Criminal.
Torti renunció en febrero de 2020 a su cargo de vocal en la Bolsa de Comercio de Rosario luego de que la sociedad que preside y que opera en el mercado de valores se declarara en cesación de pagos.
